Derecho a reclamar

“Ayer apareció muerto un periodista de La Opinión. Se llamaba Jorge Money. Tenía los dedos quemados y las uñas arrancadas. En la redacción de la revista, Villar Araujo me pregunta, masticando la pipa: —¿Y? ¿Cuándo nos toca a nosotros? Nos reímos. Villar estaba investigando la corrupción de las transnacionales que manejaban el petróleo en su país. Unos días después de esta conversación, secuestraron a Villar para torturarlo”. Esta es una anécdota contada por el periodista Eduardo Galeano en 1975, cuando la derecha comenzaba a reprimir los movimientos sociales y al periodismo en Latinoamérica. Las cúpulas decidieron que ya estaba bueno con el sentimiento democratizador. Que el pueblo era útil para votar y luego debía callar porque no sabía nada de política. Pero allí estuvieron las y los periodistas para consignar la historia.

En el Distrito Federal la reportera Silvia Otero sale a trabajar como todos los días y el abogado de un narcotraficante la amenaza de muerte. En Oaxaca asesinan a dos jóvenes que hacen radio comunitaria en lengua indígena. Un reportero de TV Azteca trabaja, por su cuenta, en una pieza sobre trata de mujeres en Nuevo León; desaparece y la televisora apenas lo recuerda. El fiscal para delitos contra periodistas asegura que harán lo que esté en sus manos. Pero se sabe que en manos de ese fiscal, y de los anteriores, no hay más que ineptitud estratégica ante la desaparición y asesinato de periodistas.

Cuando los monopolios televisivos escriben el guión de la historia intencionalmente sesgada, cuando algunos periódicos toman posturas ideológicas sin contraste, la radio se convierte en el espacio vital para que la sociedad se entere de lo que sucede en su comunidad. En ese contexto, ni a las radios comunitarias, ni a personajes como Carmen Aristegui y Ricardo Rocha les va bien con los poderes fácticos.

El crimen organizado amenaza abiertamente a periodistas, porque sabe que sus cómplices son las mafias políticas que representan “lo institucional”. Los funcionarios se escudan en una élite empresarial que hace de la política un instrumento de sus ambiciones personales. Esa élite es capaz de encarcelar periodistas que les muestran tal cual son. Es capaz de amedrentar a la sociedad con la imagen del fascismo para distraer la atención de lo fundamental: hay millones de personas que se movilizan en México. Personas con derechos civiles y políticos para exigir un diálogo de 365 días al año; diálogo sobre violencia, petróleo, pobreza, salud, aborto o corrupción. El buen periodismo pone en peligro a las mafias; una sociedad informada y movilizada pone en peligro al monopolio del poder.

Lo grave para México es que quienes compran y venden la justicia, hagan de inmaculados patriotas. Peligrosa es la información sesgada. Peligrosos quienes legislan en lo oscurito. Peligro que quienes cuestionan, sea cual sea su método, sean poco a poco eliminados por el sistema. La sociedad debe hacerse presente, rebelarse, opinar y transformarse. Y mientras esto suceda, habrá siempre periodistas responsables para dar cuenta de todas las realidades que conforman un país que sueña con la democracia.

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