Cinco años después de la desaparición de los 43 estudiantes, el Gobierno de México calificó el caso como una “desaparición forzada” cometida por agentes del Estado. Y activó una millonaria recompensa para dar con los responsables.Mientras familiares y activistas se alistaban para manifestarse ayer por la tarde, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no habrá impunidad” en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. También reiteró que es una prioridad esclarecer los hechos, encontrar a los jóvenes y hacer justicia. “Tenemos una gran ventaja: no hay impunidad. Eso es importante porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad”, acentuó López Obrador.El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, también se refirió al rol del Estado en los hechos bajo el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). El caso está siendo “reinvestigado” como una “desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano”.La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron a Iguala, en el Estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que utilizarían para sus manifestaciones. Pero fueron capturados por los policías coludidos con el cártel de drogas Guerreros Unidos y, desde entonces, se desconoce el paradero de 43 de ellos, en un caso que desató la indignación mundial.López Obrador, quien llegó al poder en diciembre, creó una Comisión de la Verdad para el caso, mientras la Fiscalía General se comprometió a reiniciar la investigación “casi desde cero”.A la espera de conocerse el destino de los jóvenes, la justicia mexicana ha liberado a 77 detenidos de la investigación original, entre ellos uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, cuyos testimonios fueron obtenidos bajo tortura.Alejandro Encinas explicó que el Gobierno ofrecerá una recompensa de 1.5 millones de pesos a quien proporcione información “fidedigna y verificable” del paradero de los estudiantes. Una segunda recompensa de 10 millones de pesos será otorgada a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco, supervisor de la Policía de Iguala y uno de los principales señalados en el caso.El fiscal especial, Omar Gómez, adelantó que la próxima semana citarán a exfuncionarios federales relacionados con la cuestionada investigación original, como el exprocurador Jesús Murillo Karam. Aseguró que, de ser necesario, Peña Nieto también sería llamado a declarar. “La única verdad es que no hay, hasta ahora, verdad alguna”, enfatizó Encinas.Durante la conferencia de ayer, López Obrador y demás funcionarios portaron una camiseta con la leyenda “Ayotzinapa, 5 años; yo por la verdad”.Sun fechaAlejandro Encinas resaltó que en este Gobierno se han realizado ocho operativos a lo largo de 48 días en cinco municipios: Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco, en la búsqueda de los estudiantes.Por ejemplo, peritos de la Fiscalía General de la República y elementos del Ejército cerraron el basurero de Tepecuacuilco para realizar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos en Iguala.El basurero está sobre la carretera que conduce al municipio de Huitzuco. Diversos informes indican que policías de ese municipio los pudieron haber llevado a esa localidad, pero este tiradero no había sido mencionado antes.Los trabajos se realizan con un fuerte dispositivo de seguridad. En el basurero, de dos mil 200 metros, trabaja maquinaria pesada y camiones de volteo militares removiendo los desechos y tierra del lugar; además, cuentan con una pipa de combustible, una ambulancia, ambas del Ejército, y camionetas blancas de la Fiscalía.El Gobierno federal presentó un informe del avance de la investigación que fue replanteada, en la cual no ha tenido resultados positivos.En los próximos días, un tribunal federal podría ordenar la liberación de 12 expolicías de Cocula e Iguala, involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes.El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó invalidar las pruebas que la extinta Procuraduría General reunió contra los expolicías Miguel Ángel Ríos, Osvaldo Ríos Sánchez, David Cruz Hernández, Abraham Julián Acevedo, Jesús Vargas Rodríguez, Manuel Vázquez Chávez, Javier Crespo, Carlos Canto Salgado, Dayán Arroyo Mendoza, Carlos Beltrán Cruz, Ubaldo Toral Vences y Miguel Arias Topete.La sentencia, emitida el pasado 28 de agosto, ordenó al Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito con residencia en Matamoros, que valore si las confesiones de los exmandos sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, fueron obtenidas mediante tortura cometida por elementos de la Policía Federal y las Secretarías de Defensa Nacional y Marina.Los hermanos Miguel y Osvaldo Ríos Sánchez declararon que los estudiantes fueron asesinados y posteriormente llevados a una fosa en la colonia Pueblo Viejo, entre Cocula e Iguala; sin embargo, alegaron haber sido víctimas de tortura. Por ello, el Colegiado ordenó la realización del Protocolo de Estambul por peritos independientes a la Fiscalía para determinar si realmente fueron torturados.Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tomaron ayer por la mañana la tribuna de la Cámara de Diputados para exigir la localización de sus hijos al grito de: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.La consigna fue enarbolada en la tribuna por las madres Hilda Hernández e Hilda Legideño, quienes en representación de los familiares demandaron al Gobierno esclarecer lo ocurrido y dar con sus hijos.“Desde aquí les decimos: queridos hijos, los llevamos en el corazón y no descansaremos hasta dar con ustedes”, remarcó Hilda Legideño. “La transformación que pretende este Gobierno pasa por esclarecer las graves violaciones ocurridas en el caso Iguala”, demandó Hernández Rivera.Los familiares de los estudiantes, con pancartas con las fotografías y nombres de sus hijos, las escoltaron rodeando la tribuna, en una “toma” pacífica.Mientras, como escenografía, las pantallas para la votación de los diputados proyectaron la leyenda “Ayotzinapa 5 años, vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Diputados de todas las bancadas, silenciosos, escucharon la parte del reclamo.“En muchas ocasiones nos reprimieron… nos dieron trato de disidentes políticos… sufrimos el trato despótico de las instituciones de justicia”, lamentaron.En el quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, el Gobierno mexicano “por fin” sigue todas las líneas de investigación para encontrarlos, declaró Ángela Buitrago, experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Indicó que hay avances con la Comisión para la Verdad. “Las líneas se desprenden de una serie de cosas que se habían dejado, que no se habían trabajado, y otras que van surgiendo. La evaluación es que, por fin, se están agotando todas las líneas para tomar una decisión con peso y de verdad evaluando todas las pruebas que hay”.El pasado martes, las autoridades mexicanas iniciaron la búsqueda de indicios en el basurero de Tepecoacuilco, en el que no se había buscado, aunque los padres de los jóvenes han expresado escepticismo sobre los posibles hallazgos en ese lugar.Los resultados de esta pesquisa podrían conocerse dentro de una semana, expuso Buitrago, quien también afirmó que la Comisión de la Verdad “va por buen camino” porque las distintas dependencias del Gobierno por fin convergen, analizan pruebas que se habían omitido y buscan nuevos informantes para dar con los perpetradores.GUÍASigue: #DebateInformador¿Qué opina de las nuevas investigaciones sobre el caso de los normalistas?Participa en Twitter en el debate del día @informador
