Sospechan de policías en el asesinato de edil

SAN LUIS POTOSÍ (10/SEP/2010).- La principal línea de investigación en la ejecución de Alexander López García, edil de El Naranjo, apunta a la desaparición de la policía preventiva del municipio y a los agentes estatales designados a vigilar, explicó la Procuraduría local.

El gobernador Fernando Toranzo Fernández dijo que no había agentes estatales en la presidencia municipal, la tarde del miércoles, cuando arribaron los sicarios al inmueble para matar al edil y que la “depuración” es la principal línea de investigación de la Procuraduría del Estado.

Justificó que los 20 guardias de Seguridad Pública del Estado enviados a El Naranjo, en sustitución de 19 policías municipales despedidos o arraigados por delitos federales hace un mes, se encontraban en el cumplimiento de sus tareas en diversos puntos de la ciudad; “además, Alexander López García no aceptó la escolta que le fue ofrecida”.

Ante lo que llamó “una situación de emergencia en la Huasteca Potosina” por la inseguridad, anunció la creación de una fiscalía especial “con todos los recursos, respaldo y medios del Estado, para que haga comparecer ante la ley a los responsables de los crímenes”.

Además anunció la implementación de un operativo para blindar las áreas limítrofes de la Huasteca con otras entidades (Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo) a fin de inhibir el paso de delincuentes a territorio potosino.

Toranzo Fernández explicó que se reunirá con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para pedir apoyo de las Fuerzas federales y del Ejército en la Huasteca.

Dijo que su Gobierno destinará una partida especial, cuyo monto será definido por la Secretaría de Finanzas, para sostener la operación.

Investigación interna

El Naranjo tenía una corporación de 19 elementos. A inicios de agosto, el Ejército hizo una revisión de las armas que portaban los agentes y dos de ellos fueron indiciados por poseer pistolas no registradas.

Seis elementos fueron detenidos el 28 de agosto luego de cumplir una orden de arraigo emitida por un juez de Ciudad del Maíz, denunciados del delito de privación ilegal de la libertad, robo calificado, asociación delictuosa y abuso de autoridad.