Presentarán borrador de ley antisecuestro

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la comisión de justicia del Senado (PAN), Alejandro González Alcocer, presentará el borrador del dictamen de la ley antisecuestro este jueves, que en caso de aprobarse podría llevarse a tribuna la próxima semana y convertirse así en la primera reforma consensuada en materia de seguridad de este periodo de sesiones.

En la discusión se incluyó la propuesta impulsada por Isabel Miranda de Wallace para proteger a las víctimas del secuestro y lograr que éstas participen en el proceso de investigación, la cual arroparon en tribuna, entre otros, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Zapata Perogordo; del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tomás Torres.

González Alcocer explicó que los dictámenes tienen que aprobarse por el Pleno de la Cámara de Senadores antes de que concluya este mes para que la Cámara de Diputados pueda completar el ciclo legislativo y se convierta en ley.

El senador panista propondrá un dictamen articulado a partir de las coincidencias de 15 iniciativas existentes sobre el tema, incluidas en este paquete la enviada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la propuesta de Isabel Wallace sobre el tema.

De acuerdo con un análisis comparativo interno de la Comisión de Justicia, las iniciativas coinciden en frenar la participación de mediadores privados, crear un cuerpo policíaco especializado en operaciones de rescate y elevar las penas en contra de los secuestradores.

A diferencia de la propuesta del Ejecutivo, el PRI impulsa una categoría para ampliar o disminuir la condena del secuestrador con base en la edad de la víctima y crear un Fondo Nacional para el Combate del Delito del Secuestro, que controlaría los bienes obtenidos por el procedimiento de extinción de dominio.

Los proyectos legislativos también coinciden en que el secuestro debe tener penas de hasta 70 años, pero la sanción aumenta en función de la gravedad con la cual actúen los delincuentes.

Con excepción de la posición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los documentos analizados descartan la pena de muerte. Sólo la iniciativa enviada por el Ejecutivo abre la posibilidad de la cadena perpetua a secuestradores.

Entre los senadores que impulsan reformas para castigar con sanciones más duras a los secuestradores están del PRI, Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam; del PRD, Tomás Torres, Silvano Aureoles y Rubén Fernando Velázquez.

Por lo pronto, el coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete Ruiz, fijó su lectura y posición respecto a la ley antisecuestro del Presidente Felipe Calderón.

Y adelantó que su bancada rechazará cualquier reforma que signifique darle autorización al Ejecutivo para violar garantías constitucionales: “a la delincuencia y a los secuestradores hay que combatirlos con la ley en la mano, pero sin violar garantías individuales del resto de la población”.

Navarrete pone en duda la aprobación

El líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, dudó que se apruebe ley antisecuestro en este periodo ordinario, debido a su complejidad.

Sin embargo, señaló que existe disposición en el Senado para analizarla y construir los consensos necesarios entre los legisladores y el Gobierno federal.

El presidente del Senado, dijo que si bien se le deben dar “instrumentos extras al Ejecutivo en el combate al secuestro, no comparto darle autorización para la violación de las garantías constitucionales”.
A la delincuencia y a los secuestradores hay que combatirlos con la ley en la mano, pero sin violar las garantías individuales del resto de la población, expresó el legislador por Guanajuato.

Navarrete Ruiz indicó que la propuesta de castigar con cárcel vitalicia a los delincuentes “no es viable ya que el problema no radica en el aumento de penas, sino en abatir la impunidad que permite que sigan libres aunque hayan cometido un abuso”.

Para el también presidente del Senado, de nada sirve incrementar las penas o tener a los delincuentes en prisión vitalicia, si 92 de cada 100 delincuentes nunca son investigados y nunca van a la cárcel.