Plantean en Corte separar procesos a militares

CIUDAD DE MÉXICO (07/AGO/2012).- El caso del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, asesinado por dos militares en Cuernavaca, dividió al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante una sesión en la que incluso se cuestionó si es constitucional el uso del Ejército en tareas de seguridad pública.

Al continuar el estudio del primero de 30 asuntos relacionados con los límites del fuero de guerra, un grupo de ministros consideró que el coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir la tortura y el homicidio de Sánchez Santana, debe ser procesado por un tribunal militar, pues estaba en servicio activo al cometer el ilícito.

El ministro Guillermo Ortiz propuso que, en este caso, se debe propiciar la separación de los procesos, dando pauta al juez militar a aplicar la ley del orden común, declarando que hubo homicidio y encubrimiento, pero subsumiendo en ellos el ilícito del fuero militar, que fue objeto de la consignación, a fin de que no quede sin castigo.

"Aunque la diversidad de delitos surja de una sola conducta, en vez de acumular, debiéramos propiciar la separación de los procesos, porque para la justicia militar es muy importante tener el control de sus miembros, para efectos de jerarquías, disciplinas y responsabilidades militares, si les quitamos eso y lo pasamos al fuero común, ahora va a resultar que los delitos militares quedarían sin sanción", sostuvo.

La ministra Olga Sánchez Cordero sostuvo su dictamen, el cual propone que el caso sea turnado a un juzgado del fuero común del estado de Morelos, ya que el inculpado no estaba desempeñando funciones militares cuando ordenó a dos subalternos ocultar el cadáver del joven, quien falleció en el cuartel.

El ministro José Ramón Cossío apoyó la propuesta, pero no las consideraciones del dictamen, pues en su opinión los tribunales castrenses pueden conocer solamente de los delitos cometidos en instalaciones militares, cuando tanto el responsable como la víctima forman parte del Ejército.

Todos los demás casos deben ser juzgados por tribunales civiles, ya sean federales o del fuero común, afirmó, tras reflexionar sobre la utilización del ejército en tareas de seguridad pública, que es contrario a la Constitución, sostuvo.

Cossío expuso que, hasta ahora, no se ha presentado ninguno de los supuestos previstos en la Carta Magna que facultan al Ejecutivo para asignar al Ejército tareas diferentes a la función militar, pues el país no está en tiempos de guerra, ni el Presidente ha expedido un decreto para disponer de las fuerzas armadas en su totalidad y tampoco se ha declarado la suspensión de garantías.

"No creo que se pueda entender el fuero militar con excepción de lo que dispone el artículo 129. Como todos recordamos, dice este precepto constitucional: 'En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar'", manifestó.

Consideró que la Constitución fija un marco muy acotado de actuación de los integrantes de las fuerzas armadas, y, por tanto, "el fuero no se puede entender nada más como una condición proveniente del artículo 13 sino -insisto- como una condición que se tiene que vincular necesariamente con el artículo 129 de nuestra Constitución".

Los ministros Fernando Franco, Margarita Luna y Salvador Aguirre afirmaron que el asunto es competencia de los tribunales castrenses, pues el coronel "sí estaba actuando en su carácter de militar", aunque estuviese franco el día de los hechos, y también actuó como militar al dar la instrucción a sus subordinados".

El debate continuará el próximo jueves.