Perredista propone legalizar la mariguana

CIUDAD DE MÉXICO.- El legislador perredista y presidente de la ALDF, Víctor Hugo Círigo, presentó una iniciativa de ley para legalizar el consumo de la mariguana en la ciudad de México e instalar establecimientos para que se vendan hasta de cinco gramos por persona de esta droga.
La polémica iniciativa se impulsó, según Círigo, para utilizar la planta con fines terapéuticos como el combate a la epilepsia y la esclerosis, entre otras.
“En Italia y Canadá (la mariguana) se utiliza para uso terapéutico y en otros países como Suiza, Alemania, Bélgica y Portugal está despenalizada”.
La iniciativa fue presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y en caso de ser aprobada, será enviada al Congreso de la Unión para impulsar reformas a la Ley General de Salud.
En conferencia de prensa, consideró relevante discutir este tema porque a su parecer esto frena uno de los principales negocios que tiene el crimen organizado.
“Este tipo de delincuencia obtiene al año 13 mil millones de dólares de ganancias, de los cuales ocho mil millones de dólares son por la venta de mariguana”.
Círigo reconoció que no ha hecho ninguna consulta sobre este tema con autoridades. Incluso el mismo partido del sol azteca se deslindó de la iniciativa. La presidenta del PRD en la capital, Alejandra Barrales, dijo que dicha propuesta es a título personal y “no es un tema que hayamos discutido en el partido”.
(El Universal)

LA FRASE
“Vamos a pegarle al narcotráfico por donde más le duela, que es despenalizando la mariguana”
Víctor Hugo Círigo, presidente de la ALDF.

FICHA TÉCNICA
Algunos puntos de la iniciativa
Un consumidor podrá cargar hasta cinco gramos de mariguana y 30 gramos de cannabis.
La exportación e importación de semillas y productos derivados de la mariguana quedan prohibidos.
El consumo y venta en la vía pública están prohibidos.
Las personas pueden tener hasta cinco plantas de mariguana en su casa.
Los establecimientos en donde se comercializaría la droga tienen que estar a más de un kilómetro de centros educativos.
Las sanciones para quienes infrinjan la ley  serían de 21 a 30 días de salario mínimo o 25 a 36 horas de cárcel.