Viernes, 24 de Enero 2020
México | Amparo a clientes del Jefe Diego

Ordenan restituir predios expropiados

La SCT solicitó devolver a ejidatarios los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas

Por: SUN

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó devolver a ejidatarios los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, e iniciar los trámites para un nuevo decreto de expropiación, el avalúo para el pago de indemnizaciones y ver qué dependencia del Gobierno federal debe asumir el pago de todo.

Todo lo anterior, luego de hacer su libre interpretación sobre el amparo que un tribunal federal otorgó a la defensa jurídica de ejidatarios encabezada por los ex dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), el ex senador Diego Fernández de Cevallos, y el ex procurador general de la República (PGR) Antonio Lozano Gracia, contra el decreto presidencial que expropió los terrenos donde se ubica la terminal marítima.

Con prontitud inusitada, menos de un mes después de concedido el amparo a la defensa integrada también por el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y ex delegado de la PGR en Chihuahua, Arturo Chávez Chávez, el director general adjunto normativo de la SCT, Francisco Loera Aguilar, interpretó el sentido del amparo de la siguiente manera: “Los efectos de la resolución antes mencionada serían la inexistencia del decreto expropiatorio y, en su caso, la restitución al ejido de los terrenos expropiados”, según documentos oficiales de la SCT a los que tuvo acceso “El Universal”.

Lo cierto es que en la sentencia de amparo dictada el 5 de noviembre de 2008, no se establece cuál es el alcance de la misma. La resolución señala que las autoridades no fundaron su proceder de tal forma que se expresara la evidencia que tuvo a su alcance para determinar que dicha expropiación era superior a la utilidad social del ejido o de las comunidades y por ello “en ese contexto, se impone conceder el amparo solicitado por el núcleo agrario en contra del decreto expropiatorio”. Luego de esas frases no hay nada más sobre cómo debe cumplirse o a qué obliga este amparo.

La respuesta de la SCT fue inmediata y en el oficio marcado con el número 17342 enviado el 3 de diciembre pasado por Francisco Loera Aguilar, entre cuyas responsabilidades en la institución se encuentran la emisión de opiniones y criterios jurídicos, así como la elaboración de estudios jurídicos, se instruye a los funcionarios que tienen que ver con la administración y operación del Puerto de Altamira lo que en su opinión sería la inexistencia del decreto expropiatorio y la restitución al ejido de los terrenos, para que “se recabe información necesaria para iniciar ante la Secretaria de la Reforma Agraria el procedimiento que permita expropiar a favor de esta dependencia los terrenos que nos ocupan”.

Por eso, de acuerdo con el texto del oficio enviado por el funcionario, éste pide que “con la urgencia que el caso amerita y en coordinación con la Administración Portuaria Integral de Tampico se recabe la información que se detalla y se remita a esta Unidad de Asuntos Jurídicos”. Entre los documentos que se enviarán y que están enlistados en ocho puntos, se menciona desde el nombre del núcleo agrario, municipio y entidad federativa hasta la superficie que se solicita expropiar de nuevo y, por supuesto, el compromiso de pagar el avalúo y la indemnización correspondiente.

Lo anterior sucedió antes de que el anterior titular de la SCT, Luis Téllez, fuera removido de ese cargo el pasado 3 de marzo. Desde el 5 de mayo pasado, Luis Téllez es presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Durante su administración al frente de la SCT ocurrió el fallo adverso para el puerto industrial de Altamira y fue también durante ese periodo que ocurrieron las comunicaciones en las que se ordenó a los responsables de la operación y funcionamiento de la citada terminal marítima cumplir con el amparo bajo la interpretación hecha por el director general adjunto normativo de la SCT.

En ese contexto, seis días después de enviarse el primer oficio con respecto a la sentencia de amparo concedida a los ejidatarios defendidos por Fernández de Cevallos, Lozano Gracia y Chávez Chávez, el director general de Fomento y Administración Portuaria, Leonardo Lazo Margáin, insistió en la petición y ordenó a los administradores de Altamira: “Se le instruye a efecto de que esa entidad lleve a cabo el debido cumplimiento de la ejecutoria de mérito, realizándose los trámites y gestiones necesarios ante las dependencias del Ejecutivo federal que correspondan a efecto de que en los términos señalados en el fallo protector se realice lo necesario para el debido cumplimiento de la ejecutoria en cuestión”.

“Hecho lo anterior —continuaba el oficio enviado por Lazo Margáin—remita las constancias documentales tendientes al cumplimiento de referencia, a efecto de acreditar oportunamente ante la autoridad jurisdiccional emitente de la ejecutoria el cumplimiento ordenado”.
(El Universal)

Critican litigios de panistas contra el Estado

Carlos Navarrete
El coordinador del PRD en el Senado criticó la práctica de políticos como el ex senador Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, ambos panistas, de litigar contra el Estado.
Aseguró que aunque Fernández de Cevallos dice que es buen abogado, la realidad es que le “tienen miedo” en el Gobierno federal, tiene contactos en la Corte y tribunales, de ahí que lo traten con “algodones” y gane litigios contra el Estado, en un Gobierno emanado de su partido.
“Otra raya más al tigre”, parafraseó sobre los negocios del “Jefe” Diego Fernández a través de su despacho.

Júbilo en ejidatarios
“Esto ya no lo detiene nadie”, fue la expresión del comisariado del ejido Ricardo Flores Magón, Joel Infante Zamarripa.
Se refería a la resolución de un amparo que obtuvieron en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que impugna un decreto presidencial de expropiación de sus terrenos en 1981.

No era el único campesino feliz. Junto a él decenas de habitantes de los ejidos Ricardo Flores Magón y Francisco Medrano, reunidos en un restaurante cercano al puerto industrial de Altamira.

Ahí, abogados del bufete jurídico que encabezan Diego Fernández y Antonio Lozano Gracia los citaron para darles a conocer los avances en el proceso. (Agencias)

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