ONU pide el retiro del Ejército de las calles

- México justifica ante ONU
presencia del Ejército en calles

CIUDAD DE MÉXICO (31/MAR/2011).- El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugirió al Presidente Felipe Calderón el retiro, en el corto plazo, del Ejército en las labores de seguridad pública, pues esta institución ha sido señalada como responsable de cometer ese ilícito.

Tras una visita de dos semanas hecha a México, los expertos señalaron que a pesar de que la desaparición forzada de personas es un delito que ha crecido desde el 2006, el Estado mexicano no cuenta con la política ni los mecanismos necesarios para prevenir ni castigar este ilícito, así como tampoco para reparar el daño a las víctimas.

Los integrantes del organismo que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron su preocupación por los altos niveles de impunidad para investigar y sancionar este delito, pues señalaron que sólo hay dos servidores públicos consignados por la desaparición forzada de personas.

En conferencia de prensa, Ariel Dulitzky, uno de los integrantes de dicho grupo de trabajo, dijo que el Ejército se debe retirar porque en el marco de las labores que le fueron asignadas recientemente en materia de seguridad pública, la institución es acusada de cometer graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas, la desaparición forzada de personas.

Señaló que esos casos pueden atribuirse a que el Ejército es entrenado para atacar al enemigo y no, para realizar tareas policíacas.

En relación con la guerra sucia, el grupo de trabajo de la ONU solicitó al Estado que dé a conocer el nombre de los responsables de las desapariciones forzadas ocurrida en la década de los setentas, pues hasta ahora, criticó, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha dado acceso a los expedientes ni las líneas de investigación ni tampoco el grado de avance de sus indagatorias.

Dulitzky dio lectura a un total de 34 recomendaciones que los integrantes del grupo hicieron al Gobierno mexicano, aunque aclaró que el informe final se dará a conocer en marzo de 2012. 

Entre otras recomendaciones destacan la necesidad de establecer estadísticas claras, asegurar la independencia de los organismos de derechos humanos, garantizar la protección a grupos vulnerables y la reparación del daño siempre que sea posible.

También proponen fortalecer la coadyuvancia, apoyar a las familias y eliminar la obligación de éstas de aportar pruebas sobre las desapariciones, además de incluir el delito en todos los códigos penales.

Con información de El Universal y NTX