Nueva Policía Federal mantiene viejas irregularidades laborales

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Policía Federal altamente capacitada y equipada, con perfil profesional y salarios dignos, cuya imagen promueve el Gobierno federal con orgullo, es sólo eso: una imagen que existe únicamente en actos oficiales, principalmente con el Presidente Felipe Calderón.

Al terminar la ceremonia, los agentes retornan a su realidad: se les retiran los uniformes, equipo y armamento nuevos, y vuelven a vestir sus viejos uniformes, pagados por ellos mismos y desteñidos por el uso, las armas desechadas por el Ejército y a esperar un pago que se retrasa meses y que les obliga a buscar otras ocupaciones en sus días libres.

El adiestramiento es prácticamente nulo, ya que los cursos de formación duran un mes  — mes y medio para los más afortunados— y casi nunca incluyen manejo de armas, pues la corporación no cuenta ni siquiera con un stand de tiro, revela un grupo de agentes de diferentes agrupamientos de la Policía Federal.

Los entrevistados, quienes solicitan el anonimato por temor a represalias, denuncian que en los diferentes agrupamientos de la corporación existe un creciente descontento por presuntas anomalías que van desde la venta de uniformes, credenciales y ascensos hasta extorsiones por parte de los mandos.

Éstos últimos gozan de diversos privilegios y los obligan a entregar una quincena para no reportarles faltas o retrasos que se traducen en descuentos o retenciones de pago.

Durante varios días, El Universal buscó la postura de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal sobre las denuncias, sin recibir respuesta.

Retrasos e irregularidades

“El salario es de ocho mil 300 pesos mensuales, más la operatividad, que es la compensación por comisiones: cuando es fuera de plaza, deben pagarnos nueve mil 800 pesos y dentro de la ciudad cuatro mil 800, pero nunca la pagan, yo tengo un año y medio y varias salidas a operativos y sólo he recibido una operatividad”, relata un agente de Fuerzas Federales.

La explicación de los mandos o de las autoridades administrativas son que “no hay presupuesto”, o que “el mando anterior hizo un fraude” y que van a investigar, pero el pago retrasado no se recupera. Los que reclaman son amenazados con la baja o con actas administrativas.

“Cuando ingresamos nos obligan a firmar nuestra renuncia sin fecha, así la hacen efectiva cuando quieren y no hay manera de reclamar. El dinero se pierde”.

El policía quejoso y muchos de sus compañeros se ven obligados a combinar su trabajo en la Policía Federal con otras ocupaciones en su tiempo libre: “hay taxistas, albañiles, jardineros, herreros, porque el sueldo es muy bajo. Nos obligan a pedir prestado, a endeudarnos”, asegura un agente federal que tiene más de seis meses sin cobrar.

Cuando son acuartelados, detallan, la situación empeora, pues se les distribuye comida descompuesta, que los ha hecho enfermarse; y se les concentra en instalaciones sin equipamiento sanitario, en las que incluso han sido atacados por plagas, que provocaron casos de sarna en la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP), en 2008.

Varios de ellos, como muchos de los agentes de la Policía Federal, aseguran, tuvieron que “ganarse” su alta en la corporación policiaca trabajando como albañiles en las instalaciones de la Base Conafrut, ubicada en la carretera México-Toluca, donde debían acudir todos los días bajo la promesa de ser contratados y de que recibirían un pago retroactivo que nunca llegó.

“Tuvimos tres meses de actividad peor que de jornaleros, sacando toneladas de tierra con las manos, limpiando cisternas, aplanando pisos, durmiendo sobre tierra. No había agua potable ni sanitarios y fuimos atacados por fauna nociva: había ratas, pulgas, chinches y tuvimos varios casos de sarna”.  

La jornada ‘imaginaria’

La jornada de trabajo tampoco es la ofrecida en las campañas de reclutamiento. Los agentes son contratados para laborar 24 horas y descansar 48, pero las franquicias se suspenden sin previo aviso y permanecen acuartelados por semanas, o se les permite salir por cinco o seis horas, nada más para ir por ropa.

El permiso es insuficiente para que quienes viven en otros estados puedan regresar sin ser arrestados o acusados de abandono de trabajo, por lo que muchos prefieren quedarse acuartelados, lo que ha generado problemas como estrés, conflictos, e incluso riñas, “pues ya no nos aguantamos ni entre nosotros” dice uno de los consultados.