Niegan persecución contra sindicatos

CIUDAD DE MÉXICO.- Más allá de las razones financieras que llevaron al Gobierno de Felipe Calderón a desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LyFC), flotan en el debate público mexicano dudas sobre el método seguido para el famoso sabadazo y los días posteriores.
 
Los críticos del acto gubernamental advierten una actitud antiobrerista. Con el objeto de hacer explícita la posición de la administración calderonista, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, asegura que ningún otro sindicato se encuentra en riesgo de correr la misma suerte del SME.

Tiene fama de ser duro al enfrentar a los poderes fácticos. Ya en el pasado lo hizo en el sector telecomunicaciones y no salió triunfante. En esta ocasión confía: la confrontación con los electricistas se resolverá por vías institucionales.

También expresa su fe a propósito de la eventual reforma laboral prometida por el jefe del Ejecutivo el 2 de septiembre. Sin embargo, para ello no considera necesario modificar la Constitución.

—¿Por qué no comenzó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro con la instalación de una mesa de negociaciones con el SME?
—Se agotaron las condiciones de negociación. Hubo muchos intentos, y no sólo de estos tres años. En 1994 se firmó un convenio de productividad que no dio resultados. Signamos otro en marzo del año pasado para mejorar la calidad del servicio. Queríamos elevar la productividad de esta empresa para 2012. Queríamos evitar la pérdida y el robo de energía, queríamos un mayor compromiso de los trabajadores. Buscamos también detener el crecimiento de la plantilla del personal. En el sindicato sabían que la ley prevé que cuando un organismo como LyFC  no está cumpliendo con los propósitos para los que fue creado, el Gobierno debe proceder a su extinción.

—¿Los dirigentes del SME dejaron de ser interlocutores confiables para las autoridades?
—Fue una combinación de elementos. A partir de un problema estructural y de uno sindical. De un lado está la situación financiera: Urgía reducir el gasto fiscal que LyFC estaba absorbiendo y era necesario mejorar la calidad del servicio y, por tanto, la competitividad. Del otro lado está el tema sindical. La elección interna de la dirigencia dividió al SME en dos grandes grupos. Vino entonces Martín Esparza a la Secretaría del Trabajo a solicitar la toma de nota de su triunfo, en no muy buenos términos, por cierto. Cuando en la secretaría hicimos el cotejo de los documentos encontramos irregularidades. Es en ese momento que estalla la crisis.   

—¿Por qué usar la fuerza pública para la toma de las instalaciones?
—No se trató de una acción represiva sino preventiva. Se nos ha criticado por lo que algunos llaman equivocadamente el sabadazo. Era mejor actuar a la media noche de un sábado que hacerlo a las dos de la tarde de un martes. Así se redujo la posibilidad de un enfrentamiento y se logró dar continuidad de a la operación del servicio. La entrada de la Policía fue para resguardar las instalaciones estratégicas, los centros de control, las subestaciones. Todo se hizo en apego a la ley.   

—Después de la gran marcha liderada por el SME, ¿se modificaron las condiciones de negociación?
—No tienen por qué cambiar las condiciones de negociación. No hay cambio, no hay marcha atrás. Esa movilización formaba parte de los escenarios previsibles y previstos. No solamente estábamos esperando, como ocurrió, que fueran electricistas con sus familias, sino que otras organizaciones, algunas legítimas y otras que las conocemos porque siempre se suman al borlote. Sabíamos también que acudirían algunos personajes legítimos y otros que son unos vividores.

Tenemos, por instrucciones del Presidente, voluntad de diálogo, y éste se conducirá desde la Secretaría de Gobernación. Pero no se va a negociar la medida, la decisión, su alcance. El diálogo será en todo caso para asegurar el cumplimiento correcto de los derechos, individuales y colectivos, de los trabajadores; sus liquidaciones, al pago de las jubilaciones y, a partir de los instrumentos del Estado mexicano, la eventual reinserción laboral de los afectados.

—¿El diálogo puede llevar a modificar las posiciones del Gobierno?
—Lo que puede hacer es facilitarle la vida a quienes integran el sindicato y quienes buscan ahora una nueva oportunidad de desarrollo personal y la reinserción en la actividad económica y política.

—¿Qué ocurrirá con el SME?
—El Estado no puede cancelar un sindicato. Éste sigue existiendo, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene un registro en la Secretaría del Trabajo, tiene personalidad moral. Lo que ya no tienen es un contrato colectivo. Éste prácticamente se extingue al desaparecer LyFC.

—¿Prevé escalamiento en la polarización social por este conflicto?
—Este es un asunto que aglutina ciertas simpatías de algunas organizaciones, pero también lo hace del otro lado; al Ejecutivo federal igual le merece gran cantidad de apoyo, de respaldo, sobre todo por la congruencia de la medida. Dicen que marcharon decenas de miles de personas y no es despreciable; respetamos la libertad de expresión y celebramos que la movilización se diera sin incidentes. Pero no debemos olvidar que otros millones de mexicanos ven la determinación favorablemente.

—¿Cómo colocaría este conflicto en el contexto del mensaje del Presidente de la República del 2 de septiembre?
—Todo viene de la necesidad del cambio estructural, y éste pasa por finanzas públicas sanas, por una reforma laboral que aliente el acceso al mercado laboral, sin trastocar derechos fundamentales de los trabajadores, y por la revisión, transparencia y la modernización integral de los organismos del Estado del sector energético. Al hablar de estas grandes transformaciones podemos comprender lo que está sucediendo con Luz y Fuerza del Centro.

—Luego del SME, ¿otro sindicato debe  poner sus barbas a remojar?   
—A mí me ha preocupado mucho ver la reacción de buena parte de la sociedad y los medios de comunicación, los analistas que se preguntan: ahora, ¿qué sindicatos siguen? Las circunstancias del SME eran excepcionales. Eran ya insostenibles en el tiempo. No queremos que se perciba una persecución contra sindicatos, porque los respetamos, respetamos la autonomía sindical.

‘‘Creemos en la necesidad de la existencia de sindicatos y no puede ser que cada vez que nos enfrentamos a uno se piense que somos un gobierno antiobrerista”

‘‘Hoy si a una persona la corren del sindicato pierde al mismo tiempo su puesto de trabajo, sin que haya ninguna responsabilidad para el patrón. Me parece algo monstruoso”.

Javier Lozano,
secretario del Trabajo.