Modifica IFE reglamentos y normas

CIUDAD DE MÉXICO (17/AGO/2011).- El Consejo General del IFE modificó los reglamentos de Sesiones y el de Quejas y Denuncias, así como las normas reglamentarias sobre imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, en acatamiento a sentencias del TEPJF.

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, dijo que las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional corresponden únicamente a aspectos particulares de los instrumentos reglamentarios.

Valdés Zurita comentó que los mismos fueron elaborados y discutidos en el IFE, con la participación de los consejeros electorales y los del Poder Legislativo, así como de las representaciones de los partidos políticos.

Explicó que esto significa que la mayor parte de las disposiciones reglamentarias, desde el momento de su aprobación, tenían un amplio consenso y sustento jurídico.

El consejero presidente del IFE señaló que en concordancia con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) se ajustó el contenido de los nuevos reglamentos de Quejas y Denuncias, así como de Sesiones del Consejo General.

Ello, añadió, en lo que se refiere al procedimiento de desempate que se debe seguir en la votación del procedimiento especial sancionador.

Al respecto, indicó que cuando haya un empate en la votación de segunda ronda al resolver un procedimiento especial sancionador el presidente del consejo deberá suspender la sesión y en un plazo no mayor a 24 horas reanudarla, para la discusión y resolución del proyecto correspondiente.

Por otro lado, en la sesión de este miércoles el pleno modificó las normas reglamentarias sobre imparcialidad en la aplicación de recursos públicos establecidos en el Cofipe y en la Constitución, que estarán vigentes durante el proceso electoral federal 2011-2012.

En atención a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el IFE estableció en el precepto normativo la prohibición de que los servidores públicos de los tres niveles de gobierno asistan, dentro de sus jornadas laborales, a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos.

Ello cuando los mismos tengan como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o la abstención.