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Jueves, 21 de Noviembre 2019
México | Aprobada por el Senado de la República

Miscelánea penal dota de herramientas para combatir la delincuencia

De acuerdo con el dictamen aprobado por los legisladores se contemplan innovaciones en ocho leyes reglamentarias

Por: NTX

CIUDAD DE MÉXICO.-  La miscelánea penal aprobada por el Senado de la República para poner en marcha la reglamentación de la Reforma Constitucional en materia de justicia penal, dota al Estado y a sus instituciones de herramientas para combatir la delincuencia.  

De acuerdo con el dictamen aprobado por los legisladores se contemplan innovaciones en ocho leyes reglamentarias, que son el principio para la instauración del nuevo sistema penal acusatorio, los juicios orales y la justicia alternativa.  

En el articulado de estas reformas penales se define a la delincuencia organizada cuando tres o más personas se reúnen y acuerdan la comisión de un delito.  

Se contempla también el uso de dispositivos electrónicos, como brazaletes, chips o cualquier otro que permita la ubicación de la persona que está sujeta a investigación o proceso penal.  

Para los casos de delincuencia organizada se establece que podrán dictarse medidas cautelares como es el arraigo, ahora contemplado en la Constitución, y que puede ser por un plazo de 40 días, pero en caso de que el juez lo considere prudente puede ampliarse hasta por 80 días.  

Las leyes aprobadas con modificaciones en el Senado prevén la intervención y grabación de conversaciones telefónicas como parte de una técnica de investigación que podría ser autorizada solamente por un juez de control.  

De esta manera, las comunicaciones entre particulares podrán ser consideradas como pruebas de cargo o descargo cuando éstas hayan sido obtenidas por una de las partes.  

En las leyes secundarias de la reforma penal también se consideran las figuras de "policía encubierto" o "infiltrado" al que se le deberá otorgar una clave o número para su identificación.  

Dicha clave solamente podrá ser conocida por los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a fin de garantizar condiciones de protección al servidor público.  

En materia de readaptación social, se señala que "cuando un sentenciado enloquezca después de dictarse en su contra sentencia irrevocable que lo condene a pena privativa de la libertad, se suspenderán los efectos de ésta mientras no recobre la razón, internándosele en un hospital para su tratamiento".

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