Mientras más policías delinquen, autoridades retrasan certificación

GUADALAJARA, JALISCO (17/DIC/2011).- Tercera y última parte ¡Últimas noticias!

Nuevo León: detienen a 26 policías de Zuazua por el asesinato de dos escoltas del gobernador. En Cadereyta aprehenden a 40 agentes, 28 policías preventivos, dos jueces calificadores y al director de la Policía por nexos con el crimen organizado o porque se resistieron a ser sometidos a los exámenes de control de confianza.

Estado de México: encarcelan a cinco elementos de la Procuraduría local por pertenecer a una banda del crimen organizado; otros tres policías estatales son aprehendidos al momento de realizar un secuestro portando en la unidad de operación sus placas oficiales y uniformes; siete municipales y tres ex militares del cuerpo de guardias presidenciales fueron detenidos por diversos actos delictivos; otros 17 municipales de Pesquería son aprehendidos por el delito de privación ilegal de la libertad.

Michoacán: por presiones y amenazas del crimen organizado, todos los elementos de la Policía de Carácuaro renuncian a su cargo. No es la primera ocasión, hechos similares ocurrieron en los municipios de Tancítaro, Tiquicheo y Tuzantla.

Guanajuato: detienen a 26 personas, 23 de ellos policías de Tarandacuao (prácticamente toda la corporación), por actividades ilícitas como secuestro y homicidio.

Zacatecas: aprehenden a cuatro policías de Guadalupe acusados de robo calificado y secuestro.

Tabasco: presos, 22 preventivos y ministeriales de los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Centro por presuntos vínculos con “Los Zetas”.

Chihuahua: detienen a los directores de Seguridad Pública de los municipios de Gran Morelos y Belisario Domínguez cuando sostenían una reunión con miembros del Cártel de Juárez. Por otra parte, el secretario de la Policía de Ciudad Juárez afirma que una cuarta parte de sus agentes colabora con la delincuencia organizada.

Sinaloa: aprehenden a 32 policías de Ahome por diversas corruptelas.

Tamaulipas: centroamericanos secuestrados y luego rescatados por personal del Ejército identifican a los agentes de Migración como quienes los bajaron del autobús en que viajaban y los entregaron a una célula del Cártel del Golfo.

Tamaulipas: arrestan a 16 policías municipales por ofrecer protección a “Los Zetas” en las matanzas de por lo menos 122 migrantes hallados en fosas clandestinas en San Fernando…

En México, a quienes se les paga para proteger a la población ahora roban, extorsionan, secuestran y asesinan. Las leyes en materia de seguridad y justicia quedan en el tintero, y ahora se escriben con tinta sangre.

“Seguridad pública”

El crimen organizado penetra las altas esferas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR), pero con mayor facilidad se adueña de corporaciones estatales y municipales; sin embargo, hay un importante rezago en la aplicación de las pruebas de control de confianza, que ordena la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El caso paradigmático lo representan los 16 policías municipales que ofrecieron protección a “Los Zetas” en la masacre de migrantes hallados en fosas clandestinas en San Fernando, mientras el alcalde Tomás Gloria Requena y el encargado de Seguridad Pública, José Manuel Bautista, se niegan a declarar sobre el tema.

A pesar de las noticias que exhiben a policías en hechos relacionados con la delincuencia organizada, sólo una mínima parte ha sido sentenciada y cumple una condena en cárceles federales.

A la Secretaría de Seguridad Pública Federal se le requirió información sobre “el total de policías federales, estatales o municipales sentenciados por cometer cualquier tipo de delito en el presente sexenio federal”. La dependencia se deslindó de los registros en cárceles del fuero común (competencia de los estados, que son los que registran el mayor número de presos de manera general en el país) y respondió: “Los internos recluidos en los (nueve) centros que integran el Sistema Penitenciario Federal”, es decir, por cometer delitos del fuero federal, “son 41” en los últimos cinco años.

Las noticias en medios de comunicación documentan una cifra mayor, pero la Secretaría de Seguridad Pública Federal informa que en el mismo periodo fueron consignados 308 elementos ante el Ministerio Público por delitos del fuero común y federal; es decir, con base en sus datos, en el proceso penal sólo 13% terminaron con una sentencia emitida por jueces.

Mil 277.27 millones de pesos mensuales, recursos que paga el crimen organizado a los agentes municipales infiltrados

Fuero federal y común
Policías consignados ante el Ministerio Público*

                Fuero federal    Fuero común

Federales    8    35

Estatales    206    44

Municipales    15    0

Total    229    79

Gran total:    308

* Enero de 2007 al primer trimestre de 2011.

Delitos federales
Policías sentenciados en cárceles federales

Cefereso 1 “Altiplano”:     5

Cefereso 2 “Occidente”:     3

Cefereso 3 “Noreste”:     10

Cefereso 4 “Noroeste”:     16

Cefereso 5 “Oriente”:     0

Cefereso 6 “Sureste”:     3

Cefereso 7 “Nor-Noroeste”:     0

Cefereso 8 “Nor-Poniente”:     0

Complejo “Islas Marías”:    4


Rezago en pruebas de control de confianza
Sin evaluar, 84.51% de la fuerza pública

En 2008, autoridades de todos los poderes y órdenes de Gobierno, encabezados por el Presidente Felipe Calderón y gobernadores, firmaron con asociaciones civiles el Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Seguridad y la Justicia 2008, con el propósito fundamental de aplicar una depuración y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de Justicia ante la ola de violencia en el país. En esencia, se urgía a la aplicación de los centros estatales de control de confianza, pero el acuerdo no se ha cumplido.

El desdén de gobernadores y presidentes municipales al Acuerdo Nacional se demuestra en el reporte emitido en mayo pasado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP): de los 376 altos mandos en el país apenas se habían evaluado 198 en el control de confianza. La mitad.

Los estados de México, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Sonora y Yucatán ni siquiera habían certificado a la mayoría de sus mandos.

Tras ser exhibidos, la dependencia federal informó el 24 de junio que la cifra de evaluados había ascendido a 296 (78.93% del total). A finales de octubre, el último reporte actualizó que del universo total, 333 de ellos (88%) ya se habían aplicado los cinco exámenes: toxicológico, médico, psicológico, poligráfico y patrimonial o de entorno socioeconómico. El resultado: 177 aprobaron, 77 reprobaron y 79 tienen resultados pendientes.

El Sistema Nacional también informó que han sido evaluados sólo 71 mil 079 servidores públicos, entre altos mandos, mandos medios y personal operativo, pero apenas representan 15.49% de la fuerza pública actual, que asciende a 458 mil 816 elementos. De éstos, por fin se transparentó el resultado de los exámenes: de los 71 mil 079 evaluados, 35 mil 851 resultaron aprobados, 22 mil 001 reprobados  y 13 mil 227 tenían el resultado pendiente.

“Debe crearse un fiscal ciudadano para que sea efectiva la certificación de policías y jueces —exige el activista Javier Sicilia—. Los certificadores son juez y parte, entonces eso permite que no sepamos la problemática real (de corrupción). También hace falta un padrón de los policías que no pasaron las pruebas porque debemos saber en dónde están (tras quedar fuera de las corporaciones y evitar que terminen en las filas del crimen organizado)”.

A finales de noviembre fue detenido José Edgardo Lemus Bárcenas por el asesinato de, al menos, 50 personas entre 2006 y 2011. A sus víctimas las desaparecía en tambos con ácido. El señalado fue integrante de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

“Duermen”

El resumen es que los gobernadores y presidentes municipales son desidiosos para atacar los rezagos, pero en materia de seguridad y justicia se suma la omisión del Congreso de la Unión, pues los 500 diputados federales arrastran un retraso de más de 90% en las iniciativas presentadas: en dos años se registraron dos mil 392 y sólo se han aprobado 199. Otras 99 se desecharon y dos mil 094 propuestas están pendientes.

Las iniciativas más relevantes “duermen” desde 2009 en la Cámara, mientras la delincuencia azota: “Mando único policial”, “Jurisdicción militar”, “Lavado de dinero”, “Ley de Seguridad Nacional”, “Reformas contra la delincuencia organizada”, “Reforma a la Ley de Armas de Fuego sobre calibres vulnerantes”, “Reforma al Código de Justicia Militar sobre delito de traición a las Fuerzas Armadas”, “Ley para los Derechos de las Víctimas del Delito”, “Reformas al sistema penitenciario y al Poder Judicial de la Federación”, “Ley sobre responsabilidades colectivas del crimen organizado”, “Ley de trata de personas”, “Reglamentos a la Reforma a los Derechos Humanos”, “Reforma política”…

En donde no “duermen” los legisladores es en el gasto del erario. Hay un ejemplo de lo que le cuestan a la población: en más de cuatro años, la Procuraduría General de la República (PGR) decomisó a los cárteles del narcotráfico y miembros de la delincuencia organizada cinco mil 836 millones 417 mil 221 pesos en efectivo y en cuentas bancarias, monto que representa menos de la tercera parte del gasto anual del Congreso de la Unión, la Asamblea del Distrito Federal y las 31 legislaturas estatales en México, que se aproxima a los 20 mil millones de pesos.

68.3% de los policías municipales tiene una escolaridad que apenas llega a educación básica y 1.9% es analfabeta

De los dos mil 440 municipios en México, 400 no tienen policías

Mil 060 municipios son vigilados con menos de 20 elementos

60.9% de los agentes municipales gana menos de cuatro mil pesos mensuales

Ley Nacional
¿Cómo marcha la evaluación?

Universo total de policías    458,816

Evaluados    71,079

Por evaluar    387,737

Entre los evaluados

Aprobados     35,851

Reprobados     22,001

Resultados pendientes     13,227

Desglose por rangos
Policías operativos

Universo total    439,950

Evaluados     63,436

Aprobados     31,960

Reprobados     20,049

Resultados pendientes    11,427

Mandos medios y superiores

Universo total     18,490

Evaluados    7,310

Aprobados     3,714

Reprobados    1,875

Resultados pendientes    1,721

Altos mandos

Universo total    376

Evaluados     333

Aprobados    177

Reprobados    77

Resultados pendientes    79

Acuerdo Nacional de Seguridad 2008
Los objetivos incumplidos

1.- Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

2.- Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados.

3.- Sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de aduanas, de los centros de readaptación social federales, así como del Instituto Nacional de Migración, a través de organismos certificados.

4.- Formular y emitir una estrategia nacional contra el “lavado” de dinero.

5.- Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los teléfonos móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números relacionados con actividades delictivas.

6.- Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089).

7.- Fortalecer el Sistema Penitenciario, pues la Secretaría de Seguridad Pública se comprometió a construir dos Centros Federales de Readaptación Social de alta seguridad, incluyendo módulos especiales para secuestradores.

8.- Revisar el Socorro de Ley (la Secretaría de Seguridad Pública se comprometió a revisar con los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas, los montos asignados por concepto de Socorro de Ley por interno federal en centros de readaptación estatales).

9.- Fortalecer las aduanas: la Secretaría de Hacienda tiene pendiente la modernización de todas las aduanas con tecnología y mejorar sus procesos e infraestructura para reducir el contrabando, en particular el tráfico de armas y de precursores químicos.

10.- Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones: la Secretaría de Salud se comprometió a ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida para contar con más de 300 puntos y cobertura nacional.

11.- Fortalecer el Programa Escuela Segura: la Secretaría de Educación Pública se comprometió a incorporar al programa más de 13 mil 500 escuelas primarias y secundarias públicas y promover la ejecución del programa en escuelas privadas.

12.- Fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados.

13.- Continuar la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes.

14.- Incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.

Fuente: Evaluación de Asociación Civil Causa en Común.

Incapacidades médicas provocan ausentismo de 5.9 millones de días
Padecen boquetes

Déficit de elementos, limitada escolaridad y capacitación, bajos sueldos, enfermedades y corrupción vulneran a las corporaciones en plena “guerra” contra la delincuencia

El desinterés de las autoridades estatales y municipales para certificar a sus policías preventivos y ministeriales es sólo una de las deficiencias que azotan a las corporaciones. De los dos mil 440 municipios en México, 400 no tienen agentes propios y mil 060 son vigilados con menos de 20 elementos.

¿Cuál es el nivel académico de los representantes de la ley? ¿A quiénes eligieron o toleran los gobernantes para que protejan a la población? En los municipios, 68.3% de los policías tiene una escolaridad que apenas llega a educación básica (primaria o secundaria) y 1.9% es analfabeta. El tiempo promedio de entrenamiento en algún instituto de formación policial apenas alcanza la media nacional de 160 días. En estas condiciones enfrentan a la delincuencia organizada.

Por otra parte, el “compromiso” de la autoridad para con sus policías es débil, pues 60.9% de los elementos municipales gana menos de cuatro mil pesos mensuales, mientras la Secretaría de Seguridad Pública federal revela que el crimen organizado financia con mil 277.27 millones de pesos mensuales a los agentes infiltrados.

¿A quién le sorprende que las policías delincan, que se sumen a la delincuencia?

Las anteriores estadísticas exhiben la realidad de la policía preventiva en México, pero hay otro boquete en las corporaciones que también es desatendido por la autoridad federal, estatal y municipal: el ausentismo por incapacidades médicas de elementos.

En el periodo 2007-2010, policías preventivos y ministeriales en México presentaron 820 mil 424 licencias médicas (esta base de datos se construyó en 12 meses por la tardanza o resistencia de gobiernos estatales para la entrega de información; el registro 2011 es inexistente aún). La dimensión de este indicador es enorme: impactó en la fuerza pública nacional y provocó un ausentismo policial de cinco millones 994 mil 279 días. También hay daño al erario: esas licencias costaron más de mil 785 millones de pesos en el pago de salarios para policías “enfermos”.

El problema es que las administraciones públicas carecen de filtros para verificar la legitimidad de las licencias médicas interpuestas por los agentes y emitidas principalmente por médicos del servicio público. Esta investigación periodística comprobó una defraudación por la simulación de enfermedades (ilícito más recurrente), alteración de documentos, extorsión y soborno; sin embargo, la erradicación de estos delitos ni siquiera es considerada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las anteriores cifras son parciales porque solamente consideran a la Policía Federal y a la Procuraduría General de la República, así como a 22 policías y procuradurías estatales incluyendo a las direcciones de seguridad pública de las capitales de esas entidades federativas; es decir, otros 10 estados y sus capitales negaron información o incumplen las reformas en materia de Transparencia, que obligan a los gobiernos a rendir cuentas a la población: Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas.

“Debemos exigir una explicación de por qué los gobiernos no toman cartas en el asunto para controlar este ausentismo —pide Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, quien ante el desinterés de las autoridades por resolver el secuestro de su hijo Hugo Alberto, investigó hasta encontrar a los responsables—. El problema de la seguridad pública en México es que no existen policías de carrera; para ellos es algo transitorio y circunstancial”.

Hay un comparativo que exhibe el ausentismo por incapacidades médicas entre las policías preventivas y ministeriales en México: entre 2007-2010 se documentó un registro parcial de 820 mil 424 licencias entre las corporaciones analizadas en este reportaje, mientras la fuerza pública nacional se conforma de 458 mil 816 elementos. Sin embargo, del total de elementos, se identificó que una tercera parte es la que se incapacita constantemente.

“Es un problema complicado —refiere Ernesto Cárdenas Villarello, de la Oficina de Investigación y Reforma Policial del Instituto para la Seguridad y la Democracia—, este ausentismo se atribuye principalmente a las deficiencias estructurales de las corporaciones, por eso debe existir una revisión jurídica y administrativa en la que destaque la transparencia. Las jornadas de trabajo son inhumanas porque nadie soporta laborar un año completo 24 por 48 horas, sin dejar claro los días de descanso y vacaciones. Una cláusula dice que los policías deben estar en posición o en espera de cualquier orden de sus mandos, entonces hay jornadas extenuantes. Todo esto no les permite ser eficientes, provoca ausentismo por enfermedades, pretextos para ausentarse y corrupción. Es muy fácil señalar a los policías, pero debemos revisar las violaciones a sus derechos humanos”.

“Élite”

En la administración de Felipe Calderón, en plena “guerra” contra la delincuencia organizada, elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República han presentado 163 mil 139 licencias médicas en el periodo 2007-2010, que han derivado en un ausentismo de un millón 153 mil 976 días. Esto vulnera el estado de la fuerza federal, pero a cualquier corporación le deja cuatro impactos fulminantes:

a) En la organización, porque exige una reorganización operativa.

b) En las finanzas, porque provoca un costo adicional por el tiempo pagado que no se trabajó, además de las horas extra erogadas para otros oficiales que cubrieron a sus compañeros.

c) Interpersonal, porque reduce la moral de los activos.

d) Ético, al disminuir la confiabilidad de los policías que se enferman.

Esto lo detalla un estudio de la Asociación Internacional de Jefes Policiales, constituida en Estados Unidos.

Al hacer un comparativo entre las incapacidades de policías públicos y privados, Alejandro Desfassiaux, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, asegura: “Si en el sector privado tuviéramos esas bajas y esa erogación por incapacidades médicas estaríamos en la quiebra. De cada 10 faltas registradas entre los policías de la seguridad pública se documenta una en el ámbito de seguridad privada porque nosotros sí penalizamos la impuntualidad e inasistencia, con filtros que consisten en la aplicación de estudios de confidencialidad, polígrafos, test de personalidad, estudios socioeconómicos, de personalidad y otros”.

Sobre las enfermedades de policías de los tres niveles de Gobierno, por otra parte, 80% no son por “riesgo” de trabajo. Es más, la mayoría de las corporaciones desconoce de qué se enferman sus policías porque los certificados sólo se clasifican por “enfermedad general”, “enfermedad de trabajo” o “maternidad”.

Corrupción

A pesar de tener bases de datos, las corporaciones tampoco cuentan con filtros para verificar la legitimidad de los certificados. En la Policía de Guadalajara, por ejemplo, 15 elementos se incapacitaron entre 143 y 177 días en el primer semestre de 2010 cada uno; otros 40 oficiales se ausentaban constantemente gracias a las licencias expedidas por médicos del IMSS, pero en su tiempo de convalecencia trabajaban en los ayuntamientos de Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá, así como en la Secretaría de Seguridad Pública estatal —639 agentes y tres mil 723 justificantes médicos estuvieron en investigación el año pasado, pero las licencias están imparables—. En la Policía de Tlaquepaque despidieron a una veintena por presentar certificados apócrifos, por lo que ambos ayuntamientos reconocen una red de defraudación por simulación de enfermedades, alteración de documentos, soborno (pagos a médicos para la expedición de incapacidades) y extorsión (en caso que el galeno solicite una prebenda a cambio del justificante sin fundamentación médica) entre policías y médicos, principalmente de las clínicas 93, 110 y 14 del IMSS. En promedio, el costo de las incapacidades ilegales ronda los 300 y mil pesos cada una (depende del número de días).

En Oaxaca, por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado registró entre 2007 y 2010 un promedio anual de 15.7 incapacidades por trabajador (cada una autoriza 10 días de ausencia, pero se pueden extender por semanas).

Así opera la seguridad pública de México.

TELÓN DE FONDO
Remate

Mientras las corporaciones policiales registran un alto índice de ausentismo por incapacidad médica, las dependencias responsables de emitir los justificantes (IMSS e ISSSTE) son las que más incurren en esta práctica y afectan la operación de las instituciones de seguridad social más importantes en México.

Los trabajadores del IMSS presentaron un millón 402 mil 178 incapacidades médicas entre 2007-2010, que generaron 12 millones 081 mil 933 días de ausentismo. El pago de salarios para empleados enfermos le costó al Instituto en ese periodo, seis mil 432 millones de pesos, que representa 60% del  presupuesto que se asignó el año pasado al Fondo de Desastres Naturales en México, o también equivale a 8% del presupuesto total que el Gobierno federal destinó en 2009 a los programas sociales para combatir la pobreza (Oportunidades).

Periodo 2007-2010
Incapacidades médicas de policías

Base de datos de la Policía Federal y PGR, así como de las policías a cargo de los gobiernos estatales (incluyendo procuradurías locales) y sus capitales

     Incapacidades    Días     Erogación    

GRAN TOTAL    820,424    5’994,279    1,785’942,886.68

    Incapacidades    Días     Erogación

Gobierno Federal

Policía Federal (1)    104,351    764,516    339’514,707.07

PGR    58,788    389,460    181’747,999

Total    163,139    1’153,976    521’262,706.07    

Noreste

Coahuila     7,544    71,884    18’124,788.3

Nuevo León    17,279    131,518    28’151,427.8

Total    24,823    203,402    46’276,216.1

Noroeste

Chihuahua    17,509    160,723    35’700,497.28

Durango     2,148    23,190    5’087,890.37 (1)

Sinaloa     17,522    119,273    31’199,125.1

Sonora    29,466    183,576    36’966,605.9

Total    66,645    486,762    108’954,118.65    

Occidente

Jalisco    84,060    566,790    174’035,610.96

Oriente

Hidalgo     7,373    57,146    14’056,619.1

Puebla     28,951    272,147    61’518,400.57

Veracruz    4,378 (1)    113,188    27’094,474.1

Totales    40,702    442,481    102’669,493.77

Centro-Norte

Aguascalientes (1)    12,759    81,340    15’789,991.8 (1)

Guanajuato    18,682    320,668    92’952,734.9

Querétaro    10,984    80,280    24’230,419.4

San Luis Potosí    24,094    214,623    56’194,556.4

Zacatecas (2)    3,072    30,148    8’369,975.7

Totales    69,591    727,059    197’537,678.2

(1) La cifra sólo incluye a la Policía Municipal. El Gobierno estatal restringió la información.

(2) La cifra sólo incluye a la Policía del Estado y Procuraduría. La capital del Estado negó información.

Centro-Sur

Distrito Federal (1)    266,316    1’471,297    413’873,130.19

México    36,121    336,401    91’777,359.94

Morelos    24,718    147,471    36’449,586

Totales    327,155    1’955,169    542’100,076.13

(1) La Procuraduría niega información, sólo incluye a la Policía Preventiva.

Sureste

Tabasco    15,332    136,164    27’073,754.6

Suroeste

Chiapas    3,455    61,273    10’432,044.1

Guerrero     5,467    63,863    15’548,581.1

Oaxaca    20,055    197,340    40’052,607

Totales    28,977    322,476(1)    66’033,232.2

(1) Negaron los días otorgados por las incapacidades, pero se multiplicó el total de éstas por 10 días en promedio. La erogación surge del promedio mensual salarial de trabajadores.

Estados que niegan información

Tamaulipas, B. California, B.C.S., Colima, Nayarit, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

NOTA La base de datos sobre las incapacidades médicas es producto de 12 meses de investigación solicitando información a diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales. • La base de datos sobre personas desaparecidas difundida en la primera parte de este reportaje se conformó entre abril y septiembre del presente año en las 32 entidades del país. • Las demás estadísticas en esta investigación están sustentadas en solitudes de información turnadas a 10 dependencias del Gobierno de la República, así como en las áreas administrativas, de seguridad y procuración de justicia de las 32 entidades federativas. Incluye estudios en materia de seguridad y justicia.

Investigación: Mario Alejandro Muñoz de Loza