Máquinas tragamonedas de establecimientos deben ser retiradas

CIUDAD DE MÉXICO (23/JUL/20119).- El PRD en la Cámara de Diputados propuso prohibir los juegos de azar y de apuestas para niños y jóvenes ante el incremento del número de máquinas tragamonedas, casinos ilegales y salas de juego "piratas" de fácil acceso para ellos.  

En entrevista, la diputada del PRD, Lizbeth García, dijo que las reformas a la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíben la fabricación, importación, ensamblaje, comercialización y tenencia de máquinas tragamonedas de apuestas cuyo uso se destine a niños y jóvenes.  

Aseguró que la violencia social que vive actualmente nuestro país es generado principalmente por el narcotráfico, que se ha incrementado alarmantemente y ha ingresado al sector del juego.  

"Ha crecido el número de máquinas tragamonedas, casinos y salas de juego piratas y rebasan la capacidad de control del gobierno, muchos probablemente ligados al crimen organizado y son de fácil acceso para los jóvenes", subrayó.  

García Coronado advirtió que "los enormes volúmenes de dinero que opera la industria ilegal de juegos y los efectos que tienen sobre personas sin empleo ni oportunidades los vincula a lo ilícito y al lavado de dinero".  

Por ello, solicitó a las Procuradurías General de la República (PGR) y Federal del Consumidor (Profeco), y a las secretarías de Hacienda y Gobernación retirar las máquinas tragamonedas de farmacias, misceláneas, tiendas de autoservicio o en cualquier lugar donde se ubiquen.  

Además, agregó que se imponen sanciones a los propietarios de los locales que vuelvan a instalarlas, y quienes reincidan serán castigados con la clausura definitiva del establecimiento.  

García explicó que las reformas obligan a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación a destinar un porcentaje de las multas que se apliquen a los dueños de máquinas tragamonedas, al Instituto Mexicano de la Juventud.  

Las reformas a los artículos 1, 18, 19 y 20 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, presentadas ante la Comisión Permanente, fueron turnadas a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictaminación.