La reforma al fuero militar contiene ‘‘graves lagunas’’

CIUDAD DE MÉXICO (01/NOV/2010).- La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados consideró que la iniciativa presidencial para regular el fuero militar que discute el Senado de la República, no cumple con los puntos sugeridos por los organismos internacionales.

La propuesta del 18 de octubre del Ejecutivo federal generó polémica. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reaccionó en el sentido de que es insuficiente en el catálogo de delitos excluidos, mientras Amnistía Internacional señaló que la iniciativa sólo contempla la exclusión de algunas violaciones de garantías de la justicia militar y no cambia la forma en que las alegaciones de abusos se investigan.

Al respecto, el vicecoordinador del PT en San Lázaro, el jalisciense Enrique Ibarra Pedroza, dijo que la iniciativa presidencial contiene “graves lagunas” que sentarían un incentivo para la comisión y disuasión de ciertos delitos.

“La propuesta no atiende la impunidad que ocurre en la larga cadena que empieza con las decisiones de los mandos castrenses, que continúa en las acciones por parte de sus efectivos y que termina en el terreno de la administración de la Justicia Militar”.

Recordó Ibarra Pedroza que la bancada del PT propuso desde abril que todos los delitos contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas sean eliminados del catálogo de delitos contra la disciplina militar. “Creemos que en tiempos de paz el fuero militar debe preservarse solamente como una jurisdicción específica y no como una garantía de impunidad”.

El petista señaló que el Código de Justicia Militar es apenas el primer paso para transparentar y democratizar las instituciones castrenses, y para garantizar el acceso a la justicia de los civiles agraviados.

Buscan evitar impunidad
Diputados analizan eliminar inmunidad

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analiza eliminar el fuero a legisladores, gobernadores y funcionarios federales cuando sean acusados de delitos graves o sean detenidos en flagrancia.

El diputado panista, Óscar Arce Paniagua, precisó que la iniciativa no pretende eliminar las garantías de los funcionarios para ejercer sus funciones con libertad, sino evitar la impunidad de quienes cometan delitos graves.

La iniciativa se presenta en un contexto en el que el diputado perredista Julio César Godoy Toscano enfrenta un proceso de desafuero por el presunto delito de delincuencia organizada.

La acusación fue presentada por la Procuraduría General de la República, quien tiene grabaciones en las que el diputado presuntamente habla con el líder de la “Familia Michoacana”, Servando Gómez, alias “La Tuta”.

Arce Paniagua expuso que los legisladores o funcionarios “no podrán ser privados de su libertad, hasta en tanto exista sentencia firme de la autoridad judicial que así lo determine”.