La PGR amplía colaboración con oficina antimafia italiana

CIUDAD DE MÉXICO (14/FEB/2012).- Para combatir el tráfico de estupefacientes, de armas, el desvío de sustancia químicas, “lavado” de dinero, secuestro y trata de personas, la procuradora general de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, y el procurador nacional Antimafia de la República Italiana, Pietro Grasso, suscribieron la ampliación de un acuerdo para el intercambio de información y asistencia técnica en materia de crimen organizado y tráfico ilícito de estupefacientes.

La PGR informó que dentro de la cooperación bilateral entre ambos países, en materia de procuración de justicia, ambos funcionarios signaron la ampliación del Memorándum de Entendimiento para la Mutua Cooperación establecido en 2004, lo que estrecha aún más la colaboración entre ambos gobiernos.

Además el gobierno de Italia ofreció la conformación de un programa de capacitación dirigido a Agentes Ministeriales y Policiales de la PGR, en materia de lavado de activos, decomiso de bienes, productos de delito, tráfico y trata de personas.

La dependencia explicó que el objetivo de la ampliación es contrarrestar las expresiones delincuenciales tales como, el tráfico de estupefacientes, de armas, el desvío de sustancia químicas, lavado de dinero, secuestro, tráfico y trata de personas, entre otras actividades ilícitas.

La titular de la PGR recibió a la delegación del gobierno italiano encabezada por su homólogo Pietro Grasso, acompañado del embajador de Italia en México, Roberto Spinelli.

Marisela Morales refrendó el compromiso del Estado mexicano para luchar coordinadamente contra los flagelos que aquejan a las sociedades de las dos naciones y reiteró su voluntad de profundizar la coordinación entre las instituciones encargadas de procurar justicia.

El juez Grasso ofreció su apoyo para continuar colaborando con la PGR a través del intercambio de experiencias y mejores prácticas, así como la conformación de un programa de capacitación dirigido a Agentes Ministeriales y Policiales de la PGR, en materia de lavado de activos, decomiso de bienes, productos de delito, tráfico y trata de personas.