Entregan a deudos restos de inmigrante asesinado en San Diego

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS (06/JUN/2010).- La oficina del médico forense del condado de San Diego entrega este domingo a familiares los restos del mexicano Anastacio Hernández Rojas, quien pereció el lunes pasado tras recibir una golpiza y descargas eléctricas de varios agentes fronterizos.  

Familiares del inmigrante, originario de San Luis Potosí, informaron que en los próximos días decidirán si los restos son sepultados en San Diego, donde viven su pareja sentimental, cinco hijos y dos hermanos, o en su estado natal, donde radican sus padres y el resto de los hermanos.  

Hasta este domingo los familiares de Hernández Rojas no habían decidido si presentarían una demanda, luego de que el médico forense determinó que el mexicano fue víctima de homicidio.  

El consulado de México en San Diego formó un equipo de asesoría legal para apoyar a los familiares en la decisión que tomen.  

Andrea Guerrero, abogada de la Unión de Libertades Civiles Estadunidenses (ACLU), la mayor organización legal en el país, dijo que su organización demanda una 'investigación a fondo y transparente' sobre la muerte del mexicano.  

Explicó que la ACLU expresó su preocupación de que se esté incrementando el uso excesivo de la fuerza contra los indocumentados.  

Según testigos, en la golpiza y descargas eléctricas a Hernández habrían participado hasta una veintena de agentes federales y empleados de la empresa de seguridad Wackenhut, que está a cargo de transportar y deportar a los inmigrantes.  

Por lo menos dos oficiales del Instituto Nacional de Migración (Inami) de México asignados a la Puerta México en la garita de San Ysidro confirmaron que en la agresión participaron unos 20 oficiales estadunidenses, confirmó el delegado Francisco Javier Reynoso Nuño.  

Adriana Jasso, de la Coalición Proderechos de La raza, dijo que el caso merecería calificarse no como abuso de autoridad sino 'abuso brutal de la fuerza'.  

El delegado de la Procuraduría de los derechos y Proteción Ciudadana en el colindante estado de Baja California, Everardo García, dijo que hubo un 'uso excesivo de la fuerza por parte de elementos migratorios estadunidenses que debe ser sancionada contundentemente'.  

García dijo temer que el castigo exagerado a Hernández Rojas pudo estar influenciado por un 'clima antiinmigrantes que exacerba la ley Arizona' contra los inmigrantes.  

El caso es investigado localmente por la oficina de homicidios del Departamento de Policía de San Diego (SDPD), donde el capitán Jim Collins explicó que tendrá listo un reporte en unas tres semanas.  

Por parte de la administración del presidente Barack Obama el caso es investigado en la Oficina del Inspector General (OIG), la división de asuntos internos del Departamento de Justicia.  

Permanecen sin emitir comunicados al respecto la Patrulla Fronteriza y la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las dos corporaciones que según testigos participaron en la golpiza y aplicación de unas cuatro descargas paralizantes consecutivas.  

'Ninguna de esas dos agencias ha informado si los oficiales involucrados fueron descansados temporalmente mientras avanzan las investigaciones', comentó con extrañamiento Christian Ramírez, director nacional del Comité de Servicios Amigos de las Américas (AFSC).  

Ramírez comentó que 'este caso del homicidio del señor Hernández es uno más que pudo evitarse, si el presidente Obama hubiera cumplido su promesa de campaña de impulsar una reforma migratoria integral".