Entre fosas clandestinas y fosas comunes

“Que le sigan escarbando en esa zona (San Fernando) y encontrarán muchos más cuerpos; esa región era cementerio privado de Los Zetas”, dice un político tamaulipeco

De los 35 mil muertos que ha dejado hasta ahora la guerra contra el narcotráfico del Presidente Felipe Calderón, es un hecho que varios miles de cuerpos han acabado o en la fosa común o en las fosas clandestinas regadas por varios estados de la República. El cementerio criminal descubierto en San Fernando, Tamaulipas, es apenas la punta de un macabro iceberg en el que, si se busca, se encontrarán muchos más de estos entierros de cadáveres de víctimas, civiles, presuntos criminales o incluso policías y militares, que han desaparecido en esta guerra y que están bajo tierra.

Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Colima, Michoacán, casi no hay Estado del país en el que no se hayan descubierto fosas clandestinas, campos minados de muertos cuyo origen e identidad se desconoce, y cuyas vidas ni siquiera han sido contabilizadas en la vergonzosa cifra de 35 mil muertos que pueblan el actual sexenio.

Entre esos cuerpos en descomposición que no tuvieron siquiera un entierro digno puede haber de todo: civiles secuestrados y asesinados, migrantes de otros países —sobre todo de Centroamérica— que no tuvieron para pagar un rescate, presuntos criminales ejecutados a mansalva por las venganzas entre grupos del narco, mujeres levantadas por el crimen. Tan sólo en San Fernando la cifra descubierta ahora alcanza ya casi los 200 cuerpos, si se toman en cuenta los 72 cadáveres de migrantes encontrados en agosto de 2010, sumados a los 110 que hasta ayer acumulaba la macabra cuenta oficial.

“Que le sigan escarbando en esa zona y encontrarán muchos más cuerpos; esa región era el cementerio privado de Los Zetas”, dice un político tamaulipeco oriundo de esa parte del Estado. “Más delante de San Fernando, a unos 50 kilómetros, rumbo al Golfo de México, que mande la Marina unos buzos a la Laguna Madre y verán cómo ahí también, bajo las aguas, hay cuerpos de víctimas del crimen que fueron arrojados al vaso lacustre”.

Otros muchos son los muertos de esta guerra que terminan en la fosa común. De las decenas de cuerpos, en su mayoría de jóvenes que aparecen a diario en el territorio nacional, son llevados a la morgue para los análisis forenses y ahí permanecen varios días en espera de que algún familiar acuda a identificarlos y a reclamar el cuerpo. Según funcionarios de las áreas forenses locales, hasta 60% de los cadáveres que llegan al Semefo son enviados a la fosa común en ausencia de familiares que reclamen los restos.

Ayer, a siete meses de la masacre de 72 migrantes en San Fernando y a cuatro años y medio de iniciada esta guerra, el Gobierno federal anunció un operativo militar de emergencia en Tamaulipas. “No es tiempo para titubeos”, dijo el secretario de Gobernación, Francisco Blake, junto al gobernador Egidio Torre y la procuradora Marisela Morales. ¿Y en los siete meses que transcurrieron desde aquellos 72 cuerpos sí hubo titubeos? ¿Cuántas de las 110 muertes descubiertas hasta ahora se pudieron evitar si este mismo operativo y este discurso se hubieran iniciado en agosto de 2010? ¿Cuántos mexicanos o migrantes extranjeros pudieron vivir y no terminar en una fosa clandestina si a Tamaulipas le hubieran prestado atención antes?

NOTAS INDISCRETAS… Hace unos días el semanario independiente Libertad de palabra, de Querétaro, publicó denuncias en las que un empresario pone al descubierto una red de corrupción en la que participan funcionarios cercanos al gobernador José Calzada Rovirosa y el presidente municipal de San Juan del Río, Gustavo Nieto Chávez, quien, según la denuncia, cobra 10% por cada obra pública que se realiza en su demarcación. La denuncia se hizo ante la PGR bajo la causa (AP/PGR/QRO/V-129-2011); ahí el quejoso, de nombre Jorge Zurita Carreño, explica la manera en que comete corruptelas el alcalde de San Juan del Río. Todo esto bastó para que el Gobierno estatal comenzara a acosar y reprimir al periodista Erick Pacheco Beltrán, director del semanario (Premio Estatal de Periodismo), quien se atrevió a poner al descubierto toda una madeja de corrupción en el Estado de Querétaro… Sobre el comentario de un lector publicado ayer en este espacio, Genaro García Luna y Wilfrido Robledo niegan tener parentesco alguno. Los dos funcionarios se comunicaron a este espacio para aclarar que no hay relación familiar entre ellos y que tampoco tienen rencillas políticas ni profesionales. Wilfrido ya fue ratificado como titular de la Policía Ministerial por Marisela Morales, mientras que García Luna reconoce tener “una añeja relación de trabajo” con la nueva titular de la PGR y niega también haber ejercido presión sobre el anterior procurador Arturo Chávez Chávez… Los dados mandan serpiente. Mal tiro.