El Senado recibe iniciativas presidenciales anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO (03/MAR/2011).- La Cámara de Senadores recibió las iniciativas presidenciales de Ley Federal Anticorrupción y las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos. De acuerdo a las iniciativas que envió el Presidente Felipe Calderón, se pretende sancionar tanto al funcionario público que reciba sobornos como a los particulares que los ofrezcan y se recompensará a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción.  

La Ley Federal Anticorrupción impone medidas para abatir las prácticas de corrupción por parte de personas físicas o morales que participan en las compras y contrataciones del sector público. Con ello, además de las sanciones penales que ya contempla la legislación vigente, los particulares que incurren en actos de corrupción en contrataciones públicas podrán ser sujetos a procedimientos administrativos.  

Así, serán sancionados los ''particulares, nacionales o extranjeros, que prometan, ofrezcan, den dinero o dádivas a un servidor público para realizar o abstenerse de un acto relacionado con sus funciones para obtener o mantener un beneficio o ventaja''. Los particulares que hagan esto, sin importar si sus ofrecimientos sean aceptados o no, serán inhabilitados de tres meses a cinco años para participar en contrataciones públicas federales.  

También se les aplicará una multa de mil a 50 mil veces el salario mínimo y en el caso de contrataciones diversas a permisos, concesiones o trámites de contrataciones públicas federales, una penalización de entre el 30 y 35 por ciento del monto del contrato. Cuando se trate de personas morales, se les impondrá una multa de 10 mil a dos millones de veces el salario mínimo.  En el caso de contrataciones diversas a permisos, concesiones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales, se les instaurará una multa de entre el 30 y 35 por ciento del monto del contrato, y una inhabilitación de tres meses a ocho años.  

A su vez, las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos incluyen la entrega de estímulos y beneficios económicos a los particulares que presenten denuncias sobre actos de corrupción de servidores públicos. También se establece la obligación del Gobierno federal de proteger a los ciudadanos y servidores públicos que presenten este tipo de denuncias, para evitar que estos últimos sean hostigados en sus centros de trabajo, y que los particulares reciban la atención adecuada.  

Los estímulos económicos serán entregados por la Secretaría de Función Pública, que fijará los montos, solo a particulares que denuncien actos de corrupción, mientras que los servidores públicos que lo hagan recibirán un reconocimiento no económico. Además, se impone de uno a 10 años de inhabilitación al servidor público cuando el monto del acto u omisión no exceda el equivalente a 200 veces el salario mínimo, y de 10 a 20 años cuando rebase ese límite, además de la destitución.

La iniciativa prevé que las nuevas normativas no tendrán ningún impacto presupuestario, por lo que no se requerirán recursos adicionales para su instrumentación. Las iniciativas presidenciales fueron turnadas a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, para su análisis y dictaminación.