El Senado aprueba Ley de Seguridad Nacional

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CIUDAD DE MÉXICO (28/ABR/2010).- El Senado aprobó la Ley de Seguridad Nacional, que establece que los militares que participen en auxilio de alguna región y se vean involucrados en un delito relacionado con un civil, serán juzgados por la autoridad competente.  

Con esta ley las Fuerzas Armadas sólo participarán en algún Estado, delegación o municipio previa petición de los Congresos locales, gobernadores o el jefe de Gobierno capitalino para que se declare la existencia de una afectación a la seguridad interior.  

Al hablar a favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam dijo que la labor no fue fácil pero al final acordaron un “proyecto ecuánime y congruente”, que protege los derechos humanos plasmados en la Constitución.  

Es un paso jurídico adelante para todo el país pues garantiza que los derechos humanos no pueden ser restringidos por la implementación de un Estado de excepción por la afectación de la seguridad interior, añadió el secretario general del PRI.  

Por su parte, los senadores del PRD, Tomás Torres y Pablo Gómez, manifestaron el apoyo de la izquierda “que participó, discutió, propuso y modificó la iniciativa presidencial”.  

Gómez, quien participó en el movimiento estudiantil de 1968, sostuvo que con esta ley se prohibe el uso del Ejército Mexicano “para reprimir movimientos sociales” y limita la intervención de las Fuerzas Armadas en asunto civiles.  

El senador del PRD propuso aprovechar la oportunidad para reformar de una vez el fuero militar y no esperar a que el Ejecutivo envíe la propuesta sobre el tema, a partir del mes de septiembre, pues “es sólo una promesa que yo no creo”.

El legislador priista Murillo Karam respondió que dicha reforma tendría que hacerse al Código de Justicia Militar, tema que no está a discusión, por lo cual, dijo, no procede.  

En su turno, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe González, señaló que se logró dar un marco jurídico a la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen que garantice su seguridad y limita la acción de la misma.  

Así, con esta ley, los militares que participen en la lucha contra el crimen en las calles estarán sujetos, además de la Constitución, a las leyes del Congreso y a todos los tratados internacionales.