El PRI urge a eliminar trato criminal a ilegales

CIUDAD DE MÉXICO.- La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, urgió al Ejecutivo federal a promulgar las reformas a la Ley General de Población que eliminan el enfoque criminal que se da a los inmigrantes centroamericanos que ingresan a México ilegalmente.

“Esperamos que no se vaya a aplicar un veto presidencial de bolsillo a la reforma que fue avalada por todos los grupos en el Congreso de la Unión, incluido el Partido Acción Nacional (PAN), ya que esa sería una señal negativa para Centroamérica”, dijo el diputado Edmundo Ramírez Martínez.

El también coordinador del Grupo de Trabajo en Materia Migratoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso el riesgo de que la citada reforma sea vetada por el Ejecutivo federal.

En entrevista, destacó que al menos 20 mil centroamericanos se encuentran en México, principalmente en la zona fronteriza con Estados Unidos, con un estatus legal indefinido y tratados por autoridades mexicanas como delincuentes y no como migrantes que buscan oportunidades de empleo.

En ese sentido, dijo que solicitarán a la Secretaría de Gobernación revisar los casos de los inmigrantes centroamericanos que se encuentran detenidos en cárceles mexicanas y estaciones migratorias.

“Vamos a proponer al titular de Gobernación que junto con senadores y diputados se realice un recorrido por los centros de detención y analizar los casos para agilizar su liberación, ya que no pueden ser tratados como delincuentes”.

De los 350 mil centroamericanos que cruzan por el país cada año, al menos 10% son agredidos, detenidos o se violan sus derechos humanos.

El legislador federal por Hidalgo indicó que ante el aumento de redadas y deportaciones de migrantes en Estados Unidos hay un aumento en la población flotante en las ciudades fronterizas de México.

“De los 300 mil indocumentados que expulsa Estados Unidos cada año, al menos 60 mil se quedan en la zona fronteriza de México y de ellos se calcula que unos 20 mil son centroamericanos, que no cuentan con ningún tipo de apoyo legal”.