Ejecutivo federal, sin sanción del IFE por vacío legal

CIUDAD DE MÉXICO (21/JUL/2010).- La falta de un catálogo de sanciones para servidores públicos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), llevará a que el Instituto Federal Electoral (IFE) exima de pena alguna al Ejecutivo federal por difundir propaganda gubernamental en las pasadas campañas electorales.

En su sesión extraordinaria de hoy, el IFE reconocerá que se violó la prohibición establecida en el Artículo 41 del Cofipe de no transmitir propaganda gubernamental durante el proceso comicial.

De esa forma resolverán la queja presentada el 21 de junio por el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, contra el Ejecutivo federal por difundir un mensaje sobre su Estrategia Nacional de Seguridad.

El pasado 15 de junio el Presidente Felipe Calderón transmitió en cadena nacional y en horario estelar un mensaje dirigido a la nación en el que hizo un balance de su estrategia de seguridad, el cual se vio en las 31 entidades y el Distrito Federal.

De acuerdo al proyecto elaborado por la Secretaría Ejecutiva del IFE, el instituto no sancionará de manera alguna al Mandatario federal bajo el argumento de que los legisladores dejaron un “vacío legal” al no prever en el Cofipe pena alguna para los funcionarios.

“El mensaje debe ser considerado como propaganda gubernamental no autorizada para su difusión en los periodos prohibidos por la ley”; sin embargo, señala el proyecto, “no resulta procedente imponer sanción alguna o dar vista debido al servidor público de que se trata”.

Ello porque “el Legislativo omitió incluir un apartado respecto de las conductas realizadas por las autoridades o los servidores públicos”, es decir, “fue voluntad del legislador” dejarlos sin sanción alguna por tales conductas.

En su propuesta, también promueve dejar sin sanción al Ejecutivo federal por la difusión —los días 30 de junio y primero de julio— de mensajes en los que informó sobre la generación de empleo y la simplificación de contribuciones, al no considerarlos propaganda política.