Debate político paraliza reformas en seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (06/DIC/2010).- Ya son cuatro años de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y, por lo tanto, se cumplen también cuatro años en los que el centro del discurso oficial ha sido la seguridad pública, es decir, la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

El Mandatario, surgido de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), hizo de su suerte en Los Pinos un referéndum casi permanente de dicha guerra. Tal énfasis volvió monotemática la agenda pública: muertes, asesinatos, decomisos y capos detenidos pintan el paisaje de los medios de comunicaciones nacionales e internacionales.

El clima político de polarización nacional que siguió al controvertido ascenso del michoacano a la Presidencia de la República, la pérdida absoluta de mayoría en la Cámara de Diputados a manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las alianzas con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que han enfurecido al tricolor, y la falta de cohesión del gabinete presidencial, producto de los movimientos recurrentes, son obstáculos de carácter político que han impedido la concreción de reformas en materia de seguridad pública y explican, en parte, los pobres avances legislativos en esta área.

El enfoque que guía la estrategia de combate a los cárteles de la droga en México planteada desde Los Pinos dista mucho de ser un consenso entre los distintos actores políticos y sociales.

Por un lado, las instituciones de Educación Superior con mayor relevancia en el debate nacional han puesto el énfasis en la integralidad a la hora de atender los problemas de la falta de seguridad pública, con propuestas relativas a romper la “transmisión generacional” de la violencia a través de medidas que fortalezcan a la educación y que generen empleos durables, como lo defiende particularmente el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro.

Por otro lado, el Tecnológico de Monterrey, tras el asesinato de dos estudiantes de posgrado, ha exigido reformas muy similares a las que propone el Ejecutivo federal, haciendo hincapié en el fortalecimiento de los policías estatales y municipales y en la reforma del fuero militar.

Los partidos políticos han hecho de la indefinición una forma de ataque a la estrategia de Calderón que muestra una caída severa de popularidad desde 2008. El PRI muestra innumerables facetas que han debilitado la posibilidad de un acuerdo. El PRD, por su lado, envuelto en su conflictiva dinámica interna, ha quedado marginado del debate, a excepción de ciertas figuras como Carlos Navarrete, o Alejandro Encinas.

A nivel internacional, las voces que denuncia la parálisis de reformas que coadyuven en la lucha contra el crimen organizado comienzan a crecer. Amnistía Internacional (AI) ha elaborado informes puntuales que catalogan como preocupante que “el Ejército siga ocupando las calles sin marcos jurídicos que den certidumbre a su actuación”.     

La organización defensora de los derechos humanos a nivel mundial, Human Right Watch (HRW), también ha reiterado la necesidad de avanzar con más rapidez en la generación de políticas de Estado que conjuguen los imperativos apremiantes en temas de seguridad con una visión democrática. Y, aunque existen diferendos con las propuestas enviadas por el Ejecutivo, ambas denuncian la lentitud con que han sido procesadas.

Mando único contra municipios

En octubre pasado, el Presidente envió al Senado la iniciativa de ley que contempla la creación de 32 mandos únicos de policía estatales y la desaparición de las policías municipales (excepto las metropolitanas que cumplan con estándares altos de desempeño).

En Los Pinos sostienen que dicha reforma ataca la debilidad de las policías municipales, plagadas de falta de profesionalismo; salarios que promedian los cuatro mil pesos mensuales e insuficiencia de recursos. Para el Ejecutivo, el municipio es el eslabón más susceptible de infiltración por parte de las filas del crimen organizado.

A partir de la propuesta enviada por el Ejecutivo, las voces en contra de la reforma subieron de tono gradualmente.

Por ejemplo, la Asociación de Municipios de México A.C aseguró que 90% de los municipios del país están categóricamente en contra de la propuesta del mando único policial. Asimismo, reiteró que “las policías municipales no son las responsables del crecimiento delincuencial en México”.

Siguiendo la misma línea de defensa de la célula municipal, senadores del PAN y el PRD han manifestado su abierta oposición a la propuesta ya que “debilitar al municipio va a hacer más pobre e inseguro al país”, según palabras del legislador panista Ramón Galindo. Por su parte, el senador perredista Silvano Aureoles comentó que la propuesta está cargada de “intencionalidad de desmantelar al municipio”.

El PRI también critica la propuesta calderonista tanto a nivel local como en la legislatura federal.
El senador y ex candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa, aseveró que “las propuestas (del Ejecutivo) no están bien elaboradas y se tienen que modificar a fondo”. En Jalisco, el coordinador de los diputados tricolores, Roberto Marrufo, califica al mando único policial como “un elemento de concentración de poder que va en contra del Federalismo”.

Los gobernadores se han caracterizado por la fluctuación de sus posturas en torno a este controvertido tema.
En reiteradas ocasiones los mandatarios reunidos en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) han dado su voto de confianza a la propuesta. Sin embargo, ante el descontento de los municipios, gobernadores como Emilio González y Enrique Peña Nieto han declarado que la reforma no servirá si se trata como una “imposición”.

Golpear a las narcofinanzas

Múltiples voces de especialistas en delincuencia organizada señalan que la efectividad en el combate a las filas del crimen dependerá en gran medida de la habilidad del Gobierno federal para golpear las abultadas finanzas de los narcotraficantes.

Ante esta realidad, la clase política mexicana ha llegado al consenso de que es fundamental una reforma que ataque las cuantiosas cifras que circulan por el proceso de “lavado” de dinero.

Fernando Badillo Martínez, legislador del PRI y presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Baja, explica: “Para combatir al narcotráfico hay muchos opciones, una de ellas es atacar las finanzas del crimen organizado en bancos, instituciones de crédito e inversiones, como son: balnearios, centros vacacionales, entre otros”.

Calderón presentó, en agosto de este año, una reforma contra el “lavado” de dinero que se finca en el endurecimiento de marcos normativos de actividades altamente remunerativas y en el fortalecimiento de las instituciones de inteligencia que combaten en la actualidad este fenómeno.

Los cárteles de las drogas en México lavan entre 19 y 29 mil millones de dólares anuales, estos datos se desprenden del Estudio Binacional de Bienes Ilícitos Estados Unidos-México. El informe revela que 15% de ese dinero entra al sistema bancario nacional y 50% ingresa en efectivo a través de la frontera con la Unión Americana.

A pesar del aparente consenso en torno a la importancia de esta reforma tanto de los partidos como de las bancadas legislativas, la iniciativa continúa detenida en espera de su debate a profundidad.

Fuero militar, una exigencia

Aunque considerada como insuficiente por organismos internacionales, la propuesta de reducción de los espacios considerados por la ley como exclusivos de la justicia militar para dar paso a la posibilidad de que las fuerzas castrenses sean juzgadas en tribunales civiles, es una larga petición de los organismos internacionales desde mediados de los años 90.

La iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo estipula que los actos de desaparición forzada, tortura y violación sean consignados a jueces civiles.

La inexistencia del mandato de juicio civil a la milicia por ejecuciones extrajudiciales empantanó el debate bajo la premisa de que el Presidente mantenía ciertos privilegios a los militares para que hechos de tal naturaleza siguieran siendo “juzgados en casa”.

La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), en voz de su alto comisionado para los Derechos Humanos, Magdi Martínez, pidió al Congreso de la Unión que modifique la propuesta del Ejecutivo para incluir todos los potenciales actos que se encuentran fuera de la órbita de la iniciativa.

El PRD también calificó de insuficiente la propuesta presidencial. Alejandro Encinas, coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, señaló que “Si bien es importante que se extraigan de la justicia militar delitos como la desaparición forzada, la violación y la tortura, hay otros ilícitos que atender que están fuera, como la ejecución extrajudicial”.

Polémica por discurso presidencial
Beltrones pide no caer en la ‘‘trampa de la polarización’’

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Senado y coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, pidió a los suyos no caer “en la trampa de la polarización” y dejar atrás la confrontación, con miras a aprobar las reformas que necesita México.

A unos días de que el Presidente Felipe Calderón protagonizó un enfrentamiento verbal con el PRI, luego de que éste consideró una “tragedia” regresar al pasado, el ex gobernador de Sonora dijo que imponer las visiones partidistas en el ámbito de las relaciones entre los poderes públicos es un “camino equivocado”.
“Por ello tenemos que mirar hacia adelante y hacer prevalecer el interés general”.

En reunión de evaluación con legisladores de su partido, Beltrones dijo que es necesario elevar la mira, sacar los acuerdos y reformas que necesita el país y dejar atrás la confrontación.

“La gente no admite pretextos y exige el cumplimiento de las responsabilidades públicas que tenemos; por ello en el Senado seguiremos trabajando para concretar las reformas indispensables que nos permitan volver a crecer, recuperar la seguridad pública y generar empleos”.

En un comunicado, señaló que el respeto y la colaboración institucional entre los poderes públicos son indispensables para lograr los acuerdos que necesita el país.

Refirió que antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre, entre otros asuntos esperan concretar la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, la reglamentación de las acciones colectivas, y la reforma en materia de impartición y procuración de justicia para adolescentes.

“Con ello habremos de garantizar la seguridad jurídica de quienes desean invertir y generar empleo, ampliar los derechos de los consumidores y procesar de manera expedita a quienes incurren en actividades ilícitas”.

El senador priista Manlio Fabio Beltrones conminó a los senadores de su partido a no entrar en debates estériles.

Senador pide cautela
Notarios critican reforma que persigue lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la comisión de Gobernación del Senado, Jesús Murillo Karam, , reveló que organismos como el notariado mexicano le pidieron modificar la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de lavado de dinero.

La solicitud para cambiar la reforma enviada por el Mandatario se basa en lo sustentado en el derecho comparado y consistente con las recomendaciones señaladas por el Grupo de Acción Financiero Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).

En ese sentido, Murillo Karam coincidió con lo señalado por los dirigentes, entrante y saliente, de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., Heriberto Castillo Villanueva y Juan Pastrana.

El senador reconoció que se trata “de una iniciativa muy compleja y, si lo que estamos buscando es evitar el lavado de dinero, hay que hacerlo de la forma más cuidadosa para evitar que se genere un conflicto que diluya la eficiencia de la ley”.

La iniciativa presidencial ha sido criticada por tener enfoque de recaudación fiscal, más que de persecución de las prácticas delictivas, y por facultar a notarios públicos como sujetos obligados para investigar dicho ilícito.

“Si mezclamos un asunto de control fiscal con un tema meramente de persecución de lavado de dinero podemos generar un problema muy grave al sistema económico y financiero del país, y más cuando lo que se busca es que los ciudadanos y los profesionistas sustituyan a las autoridades en la labor de perseguir a los sospechosos”.