Viernes, 12 de Agosto 2022
México | Resuelve que el gobierno estatal deberá resolver sus leyes secundarias en este plazo

Corte da a Oaxaca seis meses para armonizar ley educativa

La SCJN resuelve que el gobierno estatal deberá resolver sus leyes secundarias en este plazo de tiempo

Por: SUN

Los ministros ordena a Gabino Cué ya los diputados del estado a que aprueben y promulguen las nuevas leyes en educación. NTX / ARCHIVO

Los ministros ordena a Gabino Cué ya los diputados del estado a que aprueben y promulguen las nuevas leyes en educación. NTX / ARCHIVO

CIUDAD DE MÉXICO (24/SEP/2015).- El Congreso de Oaxaca y el Gobernador de esa entidad, Gabino Cué Monteagudo, tienen un plazo de seis meses para armonizar la Constitución local y sus leyes secundarias con lo que establece la reforma educativa en materia de evaluación docente, ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN).

Al analizar la tercera controversia constitucional presentada por la Federación en contra de leyes locales que son contrarias a la reforma educativa, el Pleno del Máximo Tribunal determinó que los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca han sido omisos en cambiar sus leyes locales por un año y medio.

Durante el debate, el Pleno de la Corte explicó que aun cuando el Gobernador de Oaxaca intentó deslindarse de la omisión legislativa en la que han incurrido el Estado de Oaxaca argumentando que él entregó una iniciativa de reforma en la materia, su responsabilidad en el proceso concluye hasta que la nueva ley se promulgue, lo que no ha sucedido en el caso de la reforma educativa.

Por lo anterior, los ministros concluyeron que la omisión es responsabilidad del Congreso de Oaxaca y del Poder Ejecutivo local, por lo que ordenaron a ambos poderes que en el próximo periodo ordinario de sesiones aprueben, publiquen y promulguen nuevas leyes estatales en materia de educación.

Las nuevas leyes educativas de Oaxaca deberán cumplir con lo que marca la reforma al artículo 3 constitucional, así como sus ordenamientos secundarios plasmados en la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

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