Cada vez menos transparencia, denuncia el PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el primer minuto en que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Gobierno federal encontró un resquicio jurídico para evitar la entrega de datos a los ciudadanos, invocando la figura de “información inexistente”.

Este argumento para frenar la divulgación de información pública oficial se ha esgrimido en mayor medida durante la actual administración, de acuerdo con los senadores del PRI Alejandro Moreno, Raúl Mejía y Adolfo Toledo.

Los priístas consideraron este hecho como una “coartada de las autoridades”, a partir de la interpretación “sesgada” del artículo 42 de la Ley, en el cual se explica que las dependencias federales sólo están obligadas a entregar los documentos registrados en sus archivos.

“Las autoridades federales están encontrando lagunas legales con el fin de obstaculizar el acceso a la información pública”, señala la exposición de motivos.

Iniciativas “congeladas”

Según un conteo de el diario “El Universal”, en el primer periodo ordinario de sesiones del primer ejercicio de la LXI Legislatura —entre septiembre y diciembre— se presentaron cinco iniciativas para fortalecer la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas congeladas en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

Entre la lista destaca la propuesta de los senadores del PRD Jesús Garibay y Rosalinda López, para reglamentar las consultas públicas como método de elección de los comisionados de este organismo.

El senador del PAN, Santiago Creel, presentó dos iniciativas. Propuso que los partidos y sindicatos también estén obligados a entregar información a los ciudadanos.

Ubican fallas en los estados

Senadores de las principales fuerzas políticas aceptaron que la transparencia es un proceso no terminado todavía y que debe concretarse, lo que se constata en los estados de la República.

El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, admitió que aún existen resistencias en materia de transparencia en los ámbitos locales.

El vocero del PRI, Carlos Jiménez, lamentó la situación que es “grave”, sobre todo en una democracia que quiere “madurar más”.

El panista Marko Cortés dijo que a nivel estatal los congresos deben dejar de ser entes políticos y vigilar el gasto de cada uno de sus gobernadores.

La presidenta de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de San Lázaro, la perredista Esthela Damián, afirmó que se viven dos realidades en materia de transparencia: una en el Gobierno federal y el Distrito Federal, y otra en los estados.

El panista Daniel Ávila aseguró que los gobiernos estatales llegan a argumentar falta de recursos para responder a solicitudes de transparencia.