Aprueban en Chihuahua la extinción de dominio

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- Chihuahua se convirtió en el primer Estado del país, después del Distrito Federal, en aprobar la Ley de Extinción de Dominio, que contempla el combate y confiscación de los bienes muebles e inmuebles vinculados con los delitos de secuestro; robo de vehículos y trafico de personas.

El presidente del Congreso del Estado, Héctor Arcelus Pérez, dijo que esta aprobación demuestra la “voluntad política” de los diputados. Por su parte, el diputado del PRD, Víctor Quintana Silveyra, dijo que habrá que atacarse también el “narcomayoreo” —considerado el cáncer de todos los males en el narcotráfico—, y advirtió que si no hay voluntad política, seguirán apareciendo en “Forbes” los responsables del surgimiento de los narcomenudistas, dijo en alusión al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El “ejército” de distribuidores de drogas en México seguirá manteniendo una capacidad “infinita”, hasta en tanto no se toque y no se llegue a la captura de los narcomayoristas, expresó el también investigador social.

El legislador del PAN, Roberto Lara Rocha, aseguró que el consumo de drogas no se acabará sólo con la Ley y con la intervención del Ejército, sino con empleo, salud y progreso social, pues sin estas condiciones, el único camino —dijo—, seguirá siendo la venta de drogas en la ciudad.

Paralelamente, los integrantes de la XLII legislatura del Congreso local aprobaron una serie de reformas al combate al narcomenudeo, que sin embargo tendrán que esperar un año, para ser puestas en marcha, en función de la coordinación con autoridades federales y acuerdos presupuestales, dijo también el legislador del Partido Revolucionario Institucional.

“Esto demuestra la disponibilidad del Congreso para abatir los índices de inseguridad y faculta al Estado para realizar investigaciones en torno a estos delitos”, expresó.

La propuesta que fue presentada por el diputado Roberto Lara Rocha (PAN), fue aprobada por unanimidad por 30 de los 33 legisladores que participaron en el desarrollo del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso.

“Hubo diputados que, no se si en son de broma o en serio, expresaron antes de venir aquí (Juárez), que era muy riesgoso aprobar estas leyes”, comentó en la tribuna el legislador del blanquiazul.

Los diputados de las diferentes fuerzas políticas en Chihuahua coincidieron en señalar que ahora corresponderá a los gobiernos poner todo su empeño, a fin de que la nueva iniciativa tenga vigencia, y se puedan atacar “picaderos” y “puchadores” que están acabando con “nuestra juventud”.

El diputado Miguel Jurado, de Acción Nacional, dijo que es tiempo en que los ciudadanos, a través de los observatorios y los monitores de seguridad, denuncien y alcen la voz a las irregularidades, a fin de poder acabar con el disimulo e irresponsabilidad de los funcionarios de los tres diferentes niveles de Gobierno, que generan la “corrupción” y la “impunidad”.

Las diferencias

Actualmente en el país, existían dos ordenamientos sobre la Ley de Extinción de Dominio. Uno que es aplicable al ámbito territorial del Distrito Federal, mismo que fue aprobado por la Asamblea Legislativa capitalina y otro que fue aprobado por la Cámara de Diputados para el ámbito federal. Ambos ordenamientos presentan semejanzas tanto en su procedimiento como en la ejecución.

Chihuahua se convierte ahora en la segunda Entidad del país que aprueba la Ley que básicamente trata sobre la privación del derecho de propiedad como consecuencia de una práctica delictual, bien sea porque en dicho inmueble se cometían delitos como venta de estupefacientes o porque se adquirió con dineros provenientes de cualquier actividad ilícita. Ésta se realiza en desarrollo de un proceso penal para quedar en manos del Gobierno.

No es lo mismo que la expropiación, que es el procedimiento de caracter administrativo destinado a adquirir bienes de los particulares por considerarlos de interés publico en aras a favorecer el interés general mediante la oferta de compra

También hay una diferencia con el decomiso o incautación, los cuales tratan sobre el depósito coactivo de bienes para ser analizados o rematados con posterioridad en un proceso judicial.