Desde mayo, cientos de audiencias en materia penal se han suspendido en los 24 juzgados ubicados en Puente Grande. Esto ha provocado un cuello de botella en el desahogo de los juicios.Tras una visita al penal, los litigantes que compartieron sus testimonios, y quienes pidieron mantener el anonimato, coincidieron en que, si hay unas 20 audiencias al día, entre 10 y 15 son suspendidas y reprogramadas para llevarse a cabo hasta un mes después.”Traigo algunos asuntos de ofendidos. En uno, por ejemplo, van cuatro o cinco veces que me han suspendido la audiencia y se lo puedo acreditar con papel. Si no te salen en los juicios orales con un pretexto tonto, te salen con otro y eso retarda la impartición de justicia. No la hay, no es expedita, no es pronta, no hay celeridad, no hay salida”. De acuerdo con el informe Hallazgos 2018, de México Evalúa, en ese año sólo se finalizó 30.5% de las causas penales que estuvieron en trámite en el Poder Judicial y sólo en 13.6% hubo sentencia.“Te dicen que la sala no sirve porque no tienen audio, o están descompuestas las cámaras o que el servidor está descompuesto. Cuando no te salen (con eso), es que el juez llegó tarde o se retrasó con otra audiencia”, compartió otro abogado.Ante esta situación, el director de Planeación, Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura, Juan Diego Omar Martínez, argumentó que esto se debe a la falta de recursos.“Sí nos toca, pero dependemos de que el Ejecutivo nos dé presupuesto”.Cuando hay lluvias, los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito I, en Tonalá, tienen fallas en servicios como luz y agua. De esta forma se agrava la suspensión de los procesos de los juicios orales.En la última ocasión, los problemas duraron tres semanas. Entre el 4 y 5 de agosto se restauraron. “Se suspendieron varias audiencias. Le dábamos prioridad a los sentenciados, pero los jueces grababan con su celular o con iPad. Si vuelve a llover, vuelve a haber un corto”, indicó “Gerardo”, quien pidió mantener el anonimato.Un abogado que compartió su testimonio, pero también prefirió omitir su nombre, coincidió en que los únicos procesos que sí desahogan con prontitud son los correspondientes a detenidos. “Les resuelven la situación jurídica y los dejan vinculados a proceso”, subrayó.“Rosaura” indicó que durante las tres semanas que se mantuvieron sin servicios, “las del aseo acarreaban agua del tinaco en sillas. Incluso uno de intendencia se quedó atorado en el elevador”.“Eduardo” contó: “Desde que estoy en el edificio, hace unos dos años, se ha ido la luz cerca de tres veces: en enero fue como una semana, más o menos. (Pero) en general es un desorden”.De acuerdo con el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, luego de lo realizado para que la luz volviera, se tienen programados trabajos de mantenimiento periódicos para el buen funcionamiento de la instalación eléctrica.También se iniciará el trámite para entregar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el transformador en comodato, para que sea esta dependencia la que se haga cargo del cuidado y mantenimiento del mismo. Para el Presupuesto de Egresos 2019, el Poder Judicial pidió alrededor de mil 600 millones de pesos, aunque le aprobaron 900 millones.Sin embargo, la nueva administración estatal, que tomó las riendas en diciembre de 2018, les aumentó 250 millones. El monto era también para arreglar los desperfectos en los juzgados y para aumentar la cantidad de jueces.Juan Diego Omar Martínez, director de Planeación, Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura, dijo que Jalisco está en el lugar 27 en presupuesto por habitante, pero es el cuarto más poblado. Dijo que, del presupuesto total, la Entidad se encuentra en el lugar 22 a nivel nacional con 1.4 por ciento. “El retiro es otro problema que tenemos. Está en la ley, pero nunca nos dan presupuesto para eso. Lo sacamos de lo que no tenemos y nos impacta todavía más”, destacó el funcionario.Goteras, pisos abiertos, paredes sin enjarrar y techos sin impermeabilizar son algunas de las fallas que tienen los juzgados del Estado. Según Juan Diego Omar Martínez, director de Planeación, Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura, el origen es su construcción.Aseguró que desde que se construyeron los inmuebles, no les han hecho entrega formal de ellos. En cuanto lo hagan, buscarán a las constructoras para demandar, de modo que se cumpla la garantía.Dijo que para evitar que por falta de electricidad se suspendan los servicios, se compraron plantas de luz. Sin embargo, la última vez que tuvieron que usarlas en los juzgados del Distrito I, junto al penal de Puente Grande, no servían. Cuando las repararon, el encargado avisó que no tenían la calidad óptima para todo el edificio.Otro ejemplo son los espacios de juicios que se construyeron a un lado del penal con la intención de no hacer que los reclusos caminaran a las salas principales.El 17 de diciembre del año pasado, este medio publicó que la saturación y acumulación de trabajo en los juzgados familiares en Jalisco provocaron que la atención y seguimiento de los casos se alargaran.En ese entonces, Ricardo Suro Esteves, presidente del Poder Judicial en el Estado, dijo que para abatir ese rezago se buscaban recursos para la puesta en marcha de 10 nuevos espacios que podrían operar en el tercer piso de Ciudad Judicial.“Un juzgado familiar recibe, en promedio, el doble de asuntos que un juzgado civil. Teníamos más de 10 años que no se abría un juzgado familiar completo y abrimos el del Instituto de la Mujer, pero no tiene un sistema de turnos completo. El último juzgado familiar se abrió en 2008”.Vía Transparencia, el Consejo de la Judicatura indicó que, hasta noviembre de 2018, fueron admitidos 12 mil 064 asuntos en juzgados familiares.Suro Esteves acentuó que cada juzgado requiere, en promedio, 12 millones de pesos para operar. Recordó que, para bajar la carga de trabajo, se optó por capacitar a personal de juzgados para adolescentes y trasladarlos a la materia familiar; eso permitió la apertura de tres espacios auxiliares.
