Los juzgados familiares en Jalisco se encuentran saturados y la acumulación de trabajo provoca que la atención y seguimiento de los casos se alargue, reconoció Ricardo Suro Esteves, presidente del Poder Judicial en el Estado.Para abatir este rezago, Suro Esteves busca recursos para la puesta en marcha de 10 nuevos espacios que podrían operar en el tercer piso de Ciudad Judicial.El magistrado detalló que ven en promedio dos mil 600 asuntos por año, entre casos nuevos y los incidentes promovidos por asuntos que se arrastran de años anteriores.“Un juzgado familiar recibe, en promedio, el doble de asuntos que un juzgado civil. Teníamos más de 10 años que no se abría un juzgado familiar completo y abrimos el del Instituto de la Mujer, pero no tiene un sistema de turnos completo. El último juzgado familiar se abrió en 2008”.Vía Transparencia, el Consejo de la Judicatura indicó que, hasta noviembre, fueron admitidos 12 mil 064 asuntos en juzgados familiares. El Juzgado Noveno es el que mayor carga presenta, con mil 215. El Estado cuenta con 11 juzgados familiares, más los auxiliares habilitados para tratar de aminorar el trabajo acumulado.El sábado, los diputados locales decidieron otorgar un aumento al Consejo de la Judicatura, que en 2019 recibirá mil 158 millones de pesos, 12% más.El presidente del Poder Judicial acentuó que cada juzgado requiere, en promedio, 12 millones de pesos para operar. Recordó que, para bajar la carga de trabajo, se optó por capacitar a personal de juzgados para adolescentes y trasladarlos a la materia familiar; eso permitió la apertura de tres espacios auxiliares que están operando con un juez, un auxiliar y un secretario.“Estos juzgados tienen el doble de trabajo, con la particularidad de que la mayoría de los casos no concluye, siguen los incidentes, el pago de alimentos y otras adecuaciones”, comentó. Dotar al Poder Judicial de recursos para habilitar nuevos juzgados y desfogar la carga de trabajo actual es uno de los puntos que se analizaron en el proyecto presupuestal del próximo año, comentó Enrique Velázquez González, diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso del Estado.Antes de que se presentara el paquete presupuestal, el legislador precisó que es complicado pretender revertir el rezago en un año, pero planteó la posibilidad de proyectar un plan multianual para, en los próximos seis años, incrementar los recursos y hacer más eficiente la atención en los juzgados.Recordó que el tema presupuestal es uno de los puntos que considera la reforma al Poder Judicial que retomará la actual Legislatura.“La reforma no debe ser únicamente en el papel. Si realmente se quiere mayor agilidad en la justicia y profesionalismo debe de haber más juzgados y que la gente del Poder Judicial gane mejor. Esa será una de las apuestas de esta Legislatura”, explicó.Por su parte, Hernán Cortés Berumen, diputado presidente de la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez, dijo que buscará un acercamiento con el Poder Judicial para que sean los jueces quienes den las directrices sobre cuál debe ser el procedimiento para aligerar sus cargas de trabajo.Este año, el Poder Judicial recibió mil 475 millones de pesos. Para el que sigue, pidió dos mil 330 millones de pesos y una bolsa adicional de 206.3 millones. Sin embargo, el sábado los diputados locales etiquetaron mil 708.5 millones de pesos. CLAVES*Cifras de enero a noviembre.Fuente: UTI del Poder Judicial de Jalisco.LA VOZ DEL EXPERTOJosé Luis Tello (Coordinador del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco)Las omisiones y negligencia de algunos funcionarios del Poder Judicial provocan la carga de trabajo que mantiene el rezago de expedientes en juzgados, aseveró el coordinador del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco.Afirmó que en diferentes ocasiones se han denunciado las malas prácticas de jueces o secretarios, quienes de forma dolosa aplican técnicas dilatorias para favorecer sus propios intereses.“Los abogados creemos que se debe combatir la corrupción y malas prácticas como el nepotismo. El rezago es porque hay malos elementos en el Poder Judicial y ellos provocan que no se cumplan los términos que marca la ley, que se dilaten los procedimientos para ellos sacar provecho, pero afectan al justiciable”.Comentó que para revertir esa situación plantearon como una alternativa el que la reforma al Poder Judicial contemple la fusión de los juzgados civiles y familiares, a fin de que puedan compartir materia y reducir la carga de trabajo. Comentó que se requiere acabar con malas prácticas como el nepotismo y el influyentismo, y aplicar exámenes de oposición para nombrar a los funcionarios.Buscan fortalecer a la instituciónEl diputado Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, se pronunció por fortalecer el trabajo del IJA no sólo con más recursos sino también para que tenga procesos más efectivos.“Si lográramos que funcionara el Instituto, te aseguro que desahogaría la carga de trabajo. No sé en qué cantidad de asuntos, pero podríamos evitar que llegaran a juicios los pleitos entre particulares en materia familiar. La justicia alternativa podría ser una muy buena opción”, refirió el legislador.El Instituto de Justicia Alternativa (IJA) ha contribuido en poco para aminorar la carga de trabajo que llega a los juzgados, reconoció Ricardo Suro Estevez, presidente del Poder Judicial del Estado, quien refirió que se tendría que apostar por los medios alternos de resolución de controversias y bajar el número de casos que llegan a los juzgados.“Desahoga poco; es mínimo. En materia familiar se deben hacer las conciliaciones dentro del propio juzgado y en materia penal no se nota nada. Uno de los principios fundamentales de los medios alternos de resolución de controversias es la voluntariedad; entonces, con que una de las partes diga ‘no me quiero someter a un convenio’ se acabó y continuamos con el juicio”.El magistrado advirtió, además, que falta personal en los juzgados para promover los métodos alternos de conciliación o solución de conflictos.En respuesta a una solicitud de información, el IJA informó que para promover los mecanismos de justicia alternativa cuenta con 14 personas distribuidas de la siguiente forma: cuatro en los módulos ubicados en el centro penitenciario de Puente Grande, uno en el Centro de Justicia para la Mujer y el resto de los promotores es enviado a las sedes del interior del Estado.TELÓN DE FONDOEn abril de este año, el Consejo de Abogados de la Entidad afirmó que cuatro de cada 10 empleados del Poder Judicial en el Estado están “corrompidos”.José Luis Tello Ramírez, secretario coordinador ejecutivo de ese Consejo, sostuvo que es necesario rescatar a los buenos elementos del Poder Judicial y evitar que la justicia “se siga vendiendo al mejor postor”.“Basta que el Consejo de la Judicatura esté atado de manos, a encomienda del Poder Legislativo, y esté tolerando malos funcionarios. Hemos hablado con el fiscal anticorrupción para celebrar un convenio y atacar de fondo el tráfico de influencias y la corrupción”, dijo en su momento.Afirmó que, hasta entonces, había 20 denuncias presentadas por el gremio de abogados ante la Fiscalía del Estado por prácticas que van desde abuso de autoridad, simulación de actos jurídicos, demora en los acuerdos, datos falsos en la expedición de títulos de profesionistas y la dilatación de hasta un año en las sentencias.“Hay gente buena, pero también hay otra que mancha la buena imagen de quienes quieren transparentar la justicia. Los perfiles que se buscan son a modo de los consejeros y ellos son sirvientes del Poder Legislativo, pagan aquellos favores que les dieron para ser designados. No podemos permitir que se siga abusando y se ponga en riesgo la justicia y la paz social”.
