Viernes, 29 de Mayo 2020
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Jalisco

“Mafia” del Judicial abusa con medidas cautelares

Exhiben las complicidades de abogados y jueces, en donde las Oficialías de Partes de los Juzgados y TAE son clave

El Informador

Desde 2016, las hermanas Sandra y María de Gracia Hernández Fonseca denuncian que quedaron fuera de su empresa tequilera Centinela y Cabrito, a pesar de tener una participación mayoritaria de 66%. Afirman que son “víctimas de la corrupción de jueces y abogados”, tras el juicio que interpuso su hermano José de Jesús en su contra: “El Juzgado Sexto Mercantil emitió cuatro medidas cautelares provisionales, que nos dejaron sin las empresas. Mi hermano contrató a un abogado tramposo y las cuatro medidas cautelares fueron emitidas por el mismo juez… algo increíble. Nos fuimos al amparo, pero el caso se dejó en el cajón”, relata Sandra, quien pide el apoyo de las autoridades estatales y federales, “hemos sido ignoradas por todos, pero hay muchas familias que se han visto igual de afectadas”.

El caso de las hermanas Hernández Fonseca no es un juicio aislado, subraya Marco del Toro, abogado penalista. Dice que en Jalisco existe una “mafia” que se ha permeado en el Poder Judicial, por conducto de estas medidas cautelares, “que no están previstas en la Ley Civil, Penal ni Administrativa, que tienden a ser un mecanismo de extorsión”.

Mientras las cúpulas empresariales del Estado exigen que se combata la corrupción en este Poder (representadas por Mauro Garza, de Coparmex; Xavier Orendáin, presidente de la Canaco, y Rubén Masayi González Uyeda, del Consejo de Cámaras Industriales), Marco del Toro remarca que en estos casos siempre intervienen los mismos abogados y jueces. “Esta red se construyó por jueces y magistrados corruptos que se valen de abogados sin escrúpulos para que les sirvan de peones”.

En las irregularidades, explica, la Oficialía de Partes también es clave, principalmente en los Juzgados Civiles, Mercantiles y Penales, así como en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE). “Están controladas y amañadas”, con la intención de que los casos sean dirigidos.

“En el caso del Tequila Centinela -indica Del Toro-, vemos que 66% de la sociedad se ve maniatado por el 33%. Le entregan todo al 33%. Hasta con el uso de la fuerza pública sacaron a las hermanas que tenían la mayoría. Esas medidas cautelares son ilegales”.

Acentúa que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las medidas cautelares; por ejemplo, la prisión preventiva, no salir de una demarcación territorial y el uso de brazalete, entre otras. “No existen las medidas cautelares como las que se otorgan en Jalisco”.

El Juzgado Sexto Mercantil emitió cuatro medidas cautelares provisionales con las que el control de Tequila Centinela y Cabrito pasó a un accionista minoritario. EL INFORMADOR/Archivo

Oficialía de Partes, origen de anomalías en Poder Judicial

Las hermanas Sandra y María de Gracia Hernández Fonseca piden el apoyo de las autoridades estatales y federales. Son víctimas de las “redes de corrupción” en el Poder Judicial de Jalisco.

Forman parte de la familia propietaria de las marcas tequileras Centinela y Cabrito. “En 2008 murió mi papá -explica Sandra-, quien nos heredó en partes iguales a sus tres hijos (Sandra, María de Gracia y José de Jesús). Sin embargo, en 2015 empezaron los problemas, cuando descubrimos que mi hermano nos robaba el agave”.

La sorpresa fue mayor, recuerda, cuando en 2016 se les revirtió todo: “El Juzgado Sexto Mercantil emitió cuatro medidas cautelares provisionales, que nos dejaron sin las empresas. Mi hermana y yo somos dueñas de 66% del Tequila Centinela y Cabrito (entre otras empresas), pero mi hermano contrató a un abogado tramposo y las cuatro medidas cautelares fueron emitidas por el mismo juez. Desde entonces nos sacaron de las empresas. Lo increíble es que los cuatro casos cayeron con el mismo juez... mi abogado me dice que eso es imposible. Nos fuimos al amparo, pero el caso se dejó en el cajón”.

Remarca que en la pasada administración acudieron al Palacio de Gobierno de Jalisco para solicitar apoyo, pero fueron ignoradas. También acudieron a instancias federales y se repitió el trato, incluso con institutos defensores de los derechos de las mujeres. “Mi caso no se mueve, pero nadie nos ayuda. ¿Cómo es posible que mi hermano, con una tercera parte, nos dejara sin nada? Hemos pedido que cambien de juez, pero tienen ‘secuestrado’ el caso. Muchas familias se han visto igual de afectadas por los mismos abogados y jueces”.

Estima que la empresa tequilera está conformada por más de mil trabajadores directos y dos mil indirectos. “Ese personal es solamente de la empresa del tequila, pero han corrido gente, han deteriorado a la empresa con estas prácticas dilatorias para resolver el juicio. Si el juez hiciera lo correcto, ya nos hubieran regresado las empresas y levantado las medidas cautelares. Estamos siendo víctimas de la corrupción de jueces y abogados”.

Afectan a constructores

Otro ejemplo de anomalías es un centro comercial que se estaba construyendo y lo paralizaron a través de medidas cautelares. Marco del Toro detalla el caso: “Aquí rentaron una casa adjunta y, con una medida cautelar, extorsionaron al empresario del centro comercial. Lo que hacen es que el centro va a la mitad de la construcción, se renta una casa cercana, denuncian daños en la vivienda, sacan una medida cautelar que impide la construcción del centro comercial y extorsionan al empresario obligándolo a pagar fuertes cantidades de indemnización por supuestos daños en la vivienda o temas de medio ambiente. Y siempre son un tal Soto y un tal Cárdenas, que son los abogados que generan estas extorsiones”.

Ante las irregularidades, Del Toro subraya que la Fiscalía de Jalisco debe procesar penalmente a los jueces y abogados que intervienen en esta cadena. Por su parte, el Consejo de la Judicatura debe destituir a los juzgadores involucrados. “Y el Gobierno del Estado debe, desde sus atribuciones, evitar que estos aspectos sucedan. Donde existen estos patrones es con el juez Sexto de lo Mercantil, con el juez Octavo Penal, con el juez Onceavo Penal. Y lo más grave, hay quienes manejan las Oficialías de Partes”.

Práctica común

La situación que padecen las hermanas Hernández Fonseca no es un caso aislado, sostiene Marco del Toro, abogado penalista, quien acentúa que en el Estado de Jalisco se ha generado una “mafia” que se ha permeado en el Poder Judicial.  “Han logrado dictar medidas cautelares que no están previstas en la Ley Civil, Penal ni Administrativa, que tienden a ser un mecanismo de extorsión”.

Tras su experiencia, detalla tres patrones que evidencian las irregularidades.

Primero: “En estos casos siempre intervienen los mismos abogados y los mismos jueces y magistrados (relacionados). Esta red se construyó por jueces y magistrados corruptos que se valen de abogados sin escrúpulos para que les sirvan de peones”.

Segundo: “El otro patrón es la Oficialía de Partes. Sin ésta no podrían garantizar que los juicios lleguen a los mismos jueces y magistrados. Esto implica que hay Oficialías de Partes en los Juzgados Civiles, Mercantiles y Penales, así como en el Tribunal de lo Administrativo (TAE), que están controladas y amañadas”.

Tercero: “Siempre presentan las solicitudes de medidas cautelares, violando jurisprudencia y leyes”.

Todo este fenómeno, recuerda, comenzó en el TAE para las cuestiones de obras o edificios, “con la intención de frenar las obras o extorsionar a los empresarios. Luego se pasaron a los Juzgados Mercantiles y Penales, así empezaron a otorgarse medidas para efectos como el caso del Tequila Centinela, en donde 66% de la sociedad se ve maniatado por el 33%. Le entregan todo al 33%”.

Afirma que esas medidas cautelares “son  ilegales”. “Una medida cautelar real es para resguardar un derecho. Pero en este caso, otorgan estas medidas no para resguardar un derecho… lo hacen construyendo derechos, como el caso Centinela, donde le dan al 33% la administración de la sociedad cuando no la tenía, de tal suerte que lo perpetúan en el tiempo, que riñe con el carácter provisional de una medida cautelar. ¿A quién impactan? A desarrolladores y particulares, hay una red que genera millones y millones de pesos a través de extorsiones, se dan pagos seguramente en efectivo, por lo que se da el lavado de dinero y delincuencia organizada”.

Remarca que el caso del Guadalajara World Trade Center es otro juicio similar. “No es un problema aislado, es general. Los jueces relacionados la libran porque el sistema se pervierte. Primero sacan la medida cautelar, luego presentan los amparos blindaje, que son una barbaridad porque se trata de demandas de amparo con hechos falsos, en donde van y dicen que quieren  promover amparos en contra del mismo juez que da la medida cautelar ‘porque lo presionaron y lo van a retirar’. Pero esto es, obviamente, con el acuerdo del mismo juez (que emitió las medidas). Mienten en la demanda de amparo para obtener una suspensión, de tal suerte que cuando la víctima real promueve su propio amparo se da cuenta que ellos tienen una suspensión que blinda su medida, y siempre parte de los mismos hechos falsos. En los expedientes siempre plantean este tipo de amparos con hechos falsos. Es el siguiente eslabón en la cadena”.

JUICIO POLÉMICO

Millones de dólares en juego

En Jalisco existe el precedente de que la Fiscalía Anticorrupción ya sentó al primer juez en el banquillo de los acusados por presuntas anomalías.

El caso se desprende de que la empresa Vimifos ganó en el año 2010 a Acuícola México un juicio civil. Sin embargo, éste se suspendió porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio preferencia sobre las propiedades a los trabajadores. El argumento: Acuícola debía a los empleados salarios caídos. En el juicio se estiman 15 millones de dólares en juego.

Tras el fallo, Vimifos denunció a Acuícola y a los trabajadores por la vía penal por “fraude genérico” en la Fiscalía de Sonora, donde se consumó el hecho. Pero el segundo revés para Vimifos fue que el Ministerio Público de Hermosillo determinó que no había elementos para consignarlos.

Allí es donde Vimifos interpone otra denuncia penal; sin embargo, fue en la Fiscalía de Jalisco.

Tras admitir el caso, el juez Noveno y un agente del Ministerio Público de Jalisco presuntamente actuaron en contubernio para aprehender a personas relacionadas con la empresa Acuícola México, que continúan en prisión.

Gerardo de la Cruz, fiscal Anticorrupción de Jalisco, explica el caso sin dar nombres: “El año pasado le formulamos una imputación contra el juez, un secretario y un agente del Ministerio Público. Solicitamos que se les vinculara a proceso, aunque no puedo dar nombres. En el concepto de su servidor, el juez cometió hechos que se pueden considerar delito. Es un ejercicio indebido de funciones. Hay ocasiones en que, al amparo de una interpretación a la ley o una figura que está de moda, que es la tutela de derechos, terminan haciendo cosas que la ley no les permite. Es donde automáticamente consideramos que se puede dar un delito. Sin embargo, no logramos vincularlos a proceso, pero presentamos un recurso de apelación y está en una sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado”.

En el caso del agente, la Fiscalía General lo sancionó con una suspensión por 30 días sin goce de sueldo.

Gerardo de la Cruz insiste sobre este caso: “Debemos trabajar todos para que funcione el Sistema Estatal Anticorrupción. Yo le di vista al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General”.

Expertos coinciden en que las anomalías inician desde las Oficialías de Partes, que turnan los juicios a los Juzgados y TAE. EL INFORMADOR/Archivo

REACCIONES

“Hay abusos en los temas urbanísticos”

José Pablo Ramos, litigante en materia administrativa

Tenemos detectados abusos en temas urbanísticos. Lo delicado es que, en el Tribunal de lo Administrativo del Estado, si alguien concede una suspensión es definitiva y los recursos pueden llegar a durar años en resolverse. Si paralizas una obra, el constructor está en una indefensión compleja para levantar la medida cautelar.

Entre las violaciones graves, el Tribunal admite estas demandas cuando es contrario a la ley. Y conceden medidas cautelares para paralizar obras, cuando el sistema jurídico no lo permite.

Hay dos soluciones para evitar lo anterior. Hay una legislación mal diseñada, entonces urge una reforma que permita mecanismos efectivos para controvertir medidas cautelares, que sean revisadas por la Sala Superior para atacar estas anomalías. Y en el punto de vista práctico, faltan estrategias de sanción. En general, hace falta voluntad política contra estas anomalías.

A lo que mi práctica me dice, sí hay corrupción en el Poder Judicial, se están permitiendo medidas cautelares que no deberían existir.

“Falta una reforma”

Guillermo Gatt, presidente electo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco

En Jalisco se requiere una reforma de fondo al Poder Judicial. Hay gente valiosa, pero hay un grupo de complicidades y corrupción que se pueden intuir con enorme facilidad. Es sospechoso que ciertos asuntos caigan siempre a los mismos juzgados, con los mismos abogados.

El problema tiene que ver con la estructura del Poder Judicial. Tenemos supuestamente una Oficialía de Partes que turna de manera aleatoria los asuntos, pero es una práctica conocida que algunos litigantes pueden dirigir sus asuntos a juzgados específicos.

Es clave disminuir la impunidad. Debemos apoyar a los funcionarios que están combatiendo la corrupción, hay que dar todo el apoyo, como al actual fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz. Existe el Sistema Estatal Anticorrupción, hay casos en los que se está cuestionando el trabajo de los jueces. Eso es importante.

Si logramos que se sancionen estas medidas e impulsamos a los mejores en el Poder Judicial, es el buen camino. La exigencia a todas las autoridades es que tenemos que generar certidumbre, tener un estado de Derecho.

En el Poder Judicial, los cargos han sido por dedazo, no por meritocracia. Tenemos que reconocer que, afortunadamente, Ricardo Suro (presidente) y algunos consejeros tienen esa preocupación de combatir la corrupción e impulsar la carrera judicial para que lleguen los mejores.

“Hay problemas graves en Jalisco”

Pablo Medina, de la asociación Abogando por Jalisco.

Como miembro de Abogando por Jalisco hemos conocido problemas graves, sobre todo en la Oficialía de Partes, que ha dado pauta a este sistema de medidas cautelares. Estamos en una situación atípica. Debería ser un sistema aleatorio… yo mejor acudo a las instancias federales para evitar la corrupción en el Poder Judicial de Jalisco.

Es importante que sigamos con el tema de sacar todos los “trapitos al Sol”, denunciar, presentar quejas ante la Judicatura. Debemos presionar para que sancionen a los malos jueces. Es una cloaca el Poder Judicial.

Nosotros presentamos un juicio político contra Luis Carlos Vega Pámanes (ex titular del Poder Judicial), pero la corrupción no es nueva. Antes se conocía que se vendían los cargos, desde allí empezaba la corrupción.

Lo lamentable es que la corrupción está hasta la cúpula… eso es preocupante. Deben blindar al Poder Judicial, aunque es importante la unión de la sociedad en apoyo a los funcionarios que hacen bien su trabajo, con la intención de que se sientan apoyados. Tenemos que limpiar al Poder Judicial.

Exigen combatir la corrupción

Líderes empresariales consideran prioritario el combate a la corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, ya que un sistema de Derecho confiable atrae inversiones al Estado.

Coinciden en que el caso del juez Octavo de Control en Materia Penal, Sergio Peña Sánchez, que enfrenta un proceso por presuntos delitos de abuso de autoridad, podría ser el inicio de acciones al respecto (aunque el pasado viernes no fue vinculado a proceso).

“Si existen casos se debe actuar conforme a Derecho e ir a las últimas instancias para lograr erradicar este problema en el Estado. En la medida que se pueda dar certeza jurídica seguirá llegando la inversión”, remarca el presidente de la Coparmex en Jalisco, Mauro Garza.

Detalla que, sin entrar en asuntos personales, lo que un empresario busca es la tranquilidad de que personas, instituciones y entidades estarán sujetas a cumplir la ley. “Tenemos los casos de Corea del Sur y Singapur: 30 años atrás tenían un ingreso per cápita muy por debajo de México, pero brindaron ese estado de Derecho para seguir avanzando”.

Recuerda que la Coparmex ha exigido en muchas ocasiones que se reduzca la impunidad, para que de esta forma la gente pueda denunciar. “No puede existir nadie por encima de la ley. Hoy más que nunca hay que recuperar la confianza del Poder Judicial y actuar conforme a Derecho, es lo que nosotros esperamos que se dé en nuestro Estado”.

Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), comenta que las malas prácticas destruyen la confianza en las dependencias públicas. “Si algún juez, funcionario público o algún pseudo empresario están incurriendo en actos de corrupción, que se persiga hasta las últimas consecuencias. El Sistema Anticorrupción que cumpla su función. Debe existir una limpia en muchos sectores”.

Por su parte, el nuevo coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Uyeda, opina que apenas es el inicio de las irregularidades que podrían existir dentro del Poder Judicial. “Vamos a ver el resultado, creo que no estamos ni empezando. Es un tema más grande que una persona, la corrupción del estado de Derecho tiene una base muy grande, muy sólida, que tendrá que ser manejada por los Gobiernos”.

Agrega que el sector industrial apoyará todas las acciones para erradicar las malas prácticas, que afectan a una gran parte de la población. “Que vayan por un juez no es la solución, pero puede ser el principio. La gran noticia será cuando Jalisco sea ejemplo en estado de Derecho, cuando la corrupción esté prácticamente desaparecida”.

GUÍA

Hay cientos de denuncias en la Judicatura, pero  pocas sanciones

Mientras en otras Entidades federativas hay suspensiones y procesos penales contra magistrados y jueces, en Jalisco no existen sanciones ejemplares.

Por ejemplo, en los procesos administrativos a cargo del Consejo de la Judicatura del Estado, la mayoría de las mil 265 denuncias ciudadanas interpuestas entre los años 2015 y 2017 finalizó en “no aplica” por improcedente, infundada o desistimiento, así como “no determinada”, de acuerdo con una solicitud de Transparencia (folio 00319519).

En 2017, de los 440 expedientes investigados solamente en 19 casos se declararon “extrañamientos” y “amonestaciones públicas”. Y sólo dos denuncias terminaron con dos suspensiones “sin goce de sueldos por 15 días”. Sin embargo, no involucran a jueces.

En la solicitud de información no se presentaron datos 2018 y 2019; sin embargo, el consejero de la Judicatura, Jorge García González, añadió que entre 2018 y 2019 suman 732 expedientes; es decir, se documentó un incremento en la presentación de denuncias contra jueces y trabajadores.

En términos generales, el área de estadística corrigió que, en el periodo 2015-2019, se han registrado 122 diferentes sanciones, de las cuales sólo 47 fueron contra jueces.

Las denuncias fueron por los siguientes motivos contra los Juzgados del Estado: presumibles actos de corrupción, actuar de forma parcial y corrupta en perjuicio del quejoso, no remitir un expediente para apelación, retardo en emitir sentencias y acuerdos, una notoria ineptitud, descuido y conducirse con parcialidad, entre otros.

 

Siete de cada 10 percibe a jueces como corruptos

El 70.1% de los jaliscienses percibe a los jueces como corruptos, según el indicador de MIDE Jalisco, actualizado el 31 de diciembre del año pasado, que toma como referencia la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018.

Además, el Estado se encuentra en la posición 23 a nivel nacional en el subíndice del Sistema de Derecho Confiable del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que consta de nueve variables: incidencia delictiva, tasa de homicidios, percepción de inseguridad, imparcialidad de jueces, calidad institucional de la justicia, duración de procedimientos mercantiles, eficiencia en la ejecución de sentencias y ejecución de contratos.

Este medio publicó el pasado 24 de abril de 2018, que el Consejo de Abogados de Jalisco indicó que cuatro de cada 10 empleados del Poder Judicial en el Estado estaban corrompidos.

A nivel nacional, México se ubica como uno de los países peor calificados en estado de Derecho. De acuerdo con el informe “Rule of law index 2017-2018”, el país ocupa la posición 92 de 113 naciones evaluadas, que mide ocho índices, tales como restricción al poder del Gobierno, ausencia de corrupción, Gobierno abierto, derechos fundamentales, seguridad, cumplimiento normativo y justicia civil y criminal.

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