Vaivenes políticos, el lastre cíclico de las finanzas públicas

GUADALAJARA, JALISCO (02/JUL/2014).- Para todos los síndicos y abogados de instituciones gubernamentales de la Zona Metropolitana no hay dudas: cuando inicia una administración vienen consigo los juicios laborales. Hace seis años pasó en la Universidad de Guadalajara, con el relevo de Carlos Briseño Torres. Pasó en Tlajomulco con la llegada de Enrique Alfaro y pasa cada trienio en el Congreso del Estado. Hace casi cinco años, en Guadalajara, hubo más de mil burócratas despedidos de la noche a la mañana que amenazaron con demandar.

Uno de ellos es Gildardo que se hizo famoso cuando este medio publicó que el suyo era un trabajo envidiable. Todos los días, durante cuatro años, llegó puntualmente al edificio del Ayuntamiento de Guadalajara. Se instaló en alguna de las bancas del patio central y contempló el pasar del tiempo. Cada quincena cobra siete mil 500 pesos. Hace dos meses el Ayuntamiento de Guadalajara le depositó un millón 200 mil pesos, tras ganar un juicio laboral.

Gildardo ya no está en esa banca pero tampoco puede estar en la Dirección Jurídica del municipio, lugar donde está adscrito. Sus jefes lo movieron pero no ha dejado de cobrar su quincena. Ganó un juicio laboral pero ya no puede ser abogado, como afirmaba en aquella ocasión.

Guadalajara es el municipio que más dinero ha erogado para pagar laudos en el periodo 2008-2014, llegando a superar la cifra de los 228 millones de pesos hasta el pasado mes de junio.

Ramiro Hernández, Alcalde tapatío, asegura que esto afecta las finanzas y obras para la ciudad. Por su parte, el síndico municipal Ernesto Salomón Delgado sostiene que aunque sí impacta al presupuesto del municipio, el problema no pone en riesgo la estabilidad de las finanzas municipales.

Cuando se le cuestiona la naturaleza de la partida presupuestal y los montos, argumenta que ante una resolución judicial hay muy poco que hacer.

“Tenemos mil 756 juicios abiertos de naturaleza laboral. La mayoría de los laudos se resuelven en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Algunos otros se desahogan en el TAE (Tribunal Administrativo del Estado)”.

Es un presupuesto y es una partida de ampliación automática, dice el funcionario, “que reacciona ante una resolución judicial que nos obliga a pagar. Y esa es una partida que el Presidente tiene la facultad para ampliar de manera automática”

— ¿Qué pasa cuando una partida necesita ampliarse? ¿De dónde se obtiene el dinero?

— La Tesorería es la encargada de hacer las operaciones y desconocemos cuáles son los acomodos que hacen al presupuesto. Tenemos que hacer frente a las obligaciones de la institución.

IMPACTO
Resolución de la Suprema Corte

La queja de muchas instancias de Gobierno que deben afrontar los laudos laborales cada que hay cambio de administraciones o partido político en el poder, es que los sueldos con los que demandan los trabajadores no resultan ser verídicos.

Tan es así que el secretario del Trabajo a nivel estatal, Eduardo Almaguer Ramírez, se refugia en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para debatir esta práctica.

Según el secretario, una jurisprudencia del máximo tribunal del país señala que los tribunales deben aplicar el concepto de “salario inverósimil”, cuando las cifras exigidas por los trabajadores no se ajustan a la realidad salarial.

Indemnizaciones millonarias han ocurrido en el Congreso del Estado y en los municipios, tras sentencias del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

Tlaquepaque y UdeG, el ejemplo

La Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Tlaquepaque son las dos entidades públicas que pagan cada vez menos por juicios laborales.

En primera instancia, el abogado general de la casa de estudios, Francisco Javier Peña Razo, recuerda que la última vez que tuvieron problemas laborales masivos se dio luego de la destitución del finado ex rector, Carlos Briseño Torres.

De acuerdo a la estadística institucional, obtenida vía Ley de Transparencia, se han pagado cerca de cuatro millones y medio de pesos en el último sexenio, lo que la cataloga como una de las instituciones más regulares laboralmente ante los tribunales.

Peña Razo explica que esto se debe a que el personal que llega a la máxima casa de estudios “llega a hacer escuela. A tener un trabajo estable, muchos de ellos con la defensa de un sindicato. Cuando las personas están preparadas y dan resultados, no hay necesidad de despedir a nadie”.

Refiere que cuando hay cambios en la administración, lo más que puede pasar con una persona es que cambie su área de trabajo, pero no sus labores. De esta manera se salvaguardan sus derechos y se evitan problemas.

Por su parte, el síndico de San Pedro Tlaquepaque, Ernesto Meza Tejeda, explica que su municipio es de los que menos dinero pagan en juicios laborales porque “la buena defensa en tribunales lo amerita. Yo te puedo decir que de 10 juicios laborales, ganamos nueve. Porque hay que llevar pruebas y hay que estar al pendiente”.

El cambio de administraciones de un color a otro, indica el síndico, puede ocasionar que se sustraigan papeles de las áreas jurídicas o que se pierda el hilo en un juicio en particular, por lo que los tribunales suelen darle la razón al trabajador.

Sin embargo, eso ya lo tienen detectado, “los trabajadores piensan que si llegan tarde o que si no van a trabajar, no les cuenta. O que no hagan bien su trabajo o muchas cosas… la verdad es que todo cuenta en un juicio”.

ALGUNOS LAUDOS INCLUYEN REINSTALACIÓN
Se disparan pagos en el Congreso

Tal como lo dio a conocer esta casa editorial (04/ABR/2014), se comprobó que en los últimos cinco años se han pagado 24 millones 915 mil 733 pesos por juicios laborales perdidos en el Congreso del Estado. En un informe al que este medio tuvo acceso se documenta que, aunque el pago nunca superó los tres millones de pesos anuales en el periodo 2009-2011, y que en 2012 no se pagó ni una sola resolución judicial por despidos injustificados, en 2013 la cifra se disparó hasta los 17 millones de pesos.

Lo que llama la atención es la manera desigual en que se pierden los juicios laborales en el Congreso, y en la que muchos de ellos se resuelve que el Legislativo debe reinstalar a los empleados porque se comprueba mala praxis en el procedimiento de despido.

La diputada Celia Fausto, presidenta de la Comisión de Administración, comentó en su momento que estos juicios son un lastre mayor que las anteriores legislaturas, en las cuales se hicieron procesos de basificación fuera de norma, lo que ha ocasionado que el Congreso tenga un déficit presupuestario de 250 millones de pesos para 2014.

Actualmente laboran en el Poder Legislativo 870 personas, de las cuales 650 están basificadas, según datos de Fausto Lizaola. “Necesitamos de 60 a 80 millones de pesos para poder regularizar el presupuesto que nos da el Gobierno de Jalisco”.

Tlajomulco, otro que se dispara

Otro municipio que también padece los juicios laborales es Tlajomulco. De pagar uno o dos millones anuales, el año pasado pagaron más de 15. El director jurídico, Omar Béjar Orozco, lamenta que personal de confianza haga uso de los tribunales cuando “se sabe que no tienen los mismos derechos. Es un abuso de confianza”.

Zapopan y Tonalá, opacos

Desde hace dos meses EL INFORMADOR solicitó, en tres ocasiones por la vía jurídica y dos más vía oficina de comunicación social, un informe y entrevistas sobre la situación de los juicios laborales perdidos.

En el caso de Ocotlán y Puerto Vallarta, entregaron la información en tiempo y forma, pero la entrevista solicitada a sus oficinas de prensa, para hacer cuatro preguntas, no se logró.

RECONOCE QUE LA LEY MANDATA A RESOLVER LOS LAUDOS EN 52 DÍAS
Son demasiados juicios y nosotros para poca gente: Magistrado presidente

El cuarto y quinto piso del edificio Cuauhtémoc, en la Avenida Américas, es un ir y venir de personas en medio de expedientes sueltos, computadoras viejas y despachos de magistrados sin secretarias. Todos se arremolinan en el área de Oficialía de partes.

Uno puede entrar sin tocar a la oficina del magistrado presidente sin que nadie diga nada. Ahí verá que ni siquiera el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Rubén Darío Larios García, tiene escritorio propio.

En esta dependencia del Gobierno Estatal se resuelven los juicios por despidos injustificados de burócratas. Existen 10 mil 900 expedientes abiertos que son atendidos por 157 personas, 68 de base más 89 que laboran bajo el esquema de servicios profesionales.

Ernesto Acosta Espinoza fue el presidente del Tribunal durante el último año. Y en ese periodo alcanzó a comprobar una cosa: no hay dinero que alcance para que la justicia sea pronta y expedita.

“Los juicios deberían de resolverse, por ley, en un periodo de 52 días. Pero se llevan de un año a dos, por la falta de recursos humanos y presupuestales”. El funcionario dice que no hay institución que reciba recursos públicos que se salve de este tipo de juicios, que en la mayoría de los casos son resueltos a favor del burócrata, “porque las leyes están hechas para defender al trabajador”.

Apenas el lunes pasado, este hombre hizo público su pesar. En el informe de actividades donde tuvo como testigo al gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, el funcionario le pidió más recursos.

“En el mes de Julio que inicie mi periodo como presidente, se realizaron gestiones para que se nos autorizara una ampliación presupuestal, ya que al personal contratados por Servicios profesionales no se les había elaborado contrato desde el mes de mayo, y por lo tanto, a esa fecha se les adeudaba su pago de los meses de Mayo y Junio. Para el año de 2014, estamos gestionando una ampliación presupuestal por 13 millones 745 mil pesos, y a la fecha no se recibe el apoyo”.

Gobernador ofrece alternativa

En el informe de actividades, el primer mandatario estatal elogió el trabajo de los funcionarios del Tribunal, y aplaudió que del 2007 al 2012 tenían más de doce mil 500 juicios.

“Hoy encontramos que son alrededor once mil, es decir, una reducción clara, hay una labor también importante de generar condiciones de consensos, de acuerdos, convenios, para poder llegar así a una solución más pronta”.

Ante las palabras del magistrado presidente, Sandoval Díaz señaló “habré de girar la instrucción al secretario de Planeación y Finanzas para que revise punto por punto y en este mismo año podamos entregar los recursos que sean necesarios para la mejora de su trabajo. En ese mismo sentido, estaremos colaborando, atentos a escuchar las necesidades de este importante tribunal, para efecto de que después de que ustedes tengan a bien elegir a su presidente podamos reunirnos con él, que se integre una mesa de trabajo e irle dando puntual seguimiento a cada uno de estos puntos, a cada uno de estos rubros”.

LOS LAUDOS A DETALLE
De 2009 a la fecha, las indemnizaciones por juicios laborales han afectado particularmente a los municipios y al Congreso

Año Guadalajara Ocotlán Tlajomulco Tlaquepaque Tonalá Puerto Vallarta Zapopan Universidad de Guadalajara Congreso del Estado

2009 $17,646,593.00 $107,895.84 Sin datos $1,272,945.43 Sin datos $1,669,663.59 No entregó $167,242.47 $1,868,821.92

2010 $2,732,376.00 $238,624.17 $1,563,267.96 $2,168,819.32 $127,380.51 $5,141,325.97 No entregó $810,297.41 $1,849,850.82

2011 $17,986,143.00 $196,025.38 $84,317.71 $3,238,623.23 $238,559.76 $3,113,549.40 No entregó $1,027,095.78 $4,017,698.81

2012 $26,164,448.00 $691,090.11 $2,536,486.38 $682,592.25 Sin registro Sin registro No entregó $472,479.03 No existieron

2013 $67,612,561.00 $3,683,901.85 $15,428,843.22 $652,120.72 Sin registro Sin registro No entregó $1,865,549.38 $17,179,362.40

2014 $96,177,331.09 Sin datos $1,780,690.39 Sin datos Sin egistro Sin registro No entregó $312,965.32 Sin registro

Total $228,319,452.09 $4,917,537.35 $21,393,605.66 $8,015,100.95 $365,940.27 $9,924,538.96 $- $4,655,629.39 $24,915,733.95

Total global $302,507,538.62 Fuente: Unidades de transparencia de cada institución

LA VOZ DEL EXPERTO
Sería ingenuo pensar que los ayuntamientos no se dejan perder

Francisco Jiménez Reynoso, (investigador de la Universidad de Guadalajara)

En febrero pasado, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Eduardo Almaguer, dejaba entrever el principio del problema: este año las instancias gubernamentales pagarían cerca de cuatro mil millones de pesos por concepto de laudos.

Ahora el investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, habla del daño que ocasionan estas resoluciones millonarias a favor de burócratas que fueron despedidos injustificadamente.

“El daño que se hace a la sociedad es muy grave y muy grande, porque con este tipo de laudos que se pagan, en no pocas ocasiones reciben cantidades que no son proporcionales o no son justas”.

El catedrático de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, dice que “se entrega mucho dinero, y queda en muy pocas manos. Se entrega el dinero a quien recibe el beneficio y a los abogados que llevan a cabo el proceso jurídico. El boquete financiero que se abre en nuestra sociedad es tremendo”.

“A los que piensen que nada sucede o que nada va a pasar cuando se le saca el dinero al erario, para indemnizaciones, está equivocados. Con ese dinero podría pagarse obras y esto trae desequilibrios financieros en las cuentas públicas. Puede llegar a poner en riesgo el pago de los trabajadores de los gobiernos, porque las resoluciones casi siempre son desproporcionadas”.

Jiménez Reynoso cree que “en no pocos casos los mismos abogados, con dolo, alargan los juicios con la intención de obtener mayores recursos. Cada día que pasa son salarios caídos, corrompiendo a las autoridades. Sin hacer nada, prácticamente, los burócratas logran recabar fuertes cantidades de dinero. Y esto sucede porque impera un aspecto tradicional de la corrupción en las instancias jurisdiccionales”.

Sin embargo, se negó a afirmar que los ayuntamientos se dejan perder, aunque tampoco podemos ser ingenuos. “No lo podemos probar (que los ayuntamientos se dejen perder), pero tampoco lo podemos descartar, porque no somos ingenuos. Hay formas irregulares y oscuras en las que se dan los juicios. Lo que se puede presumir son actos de corrupción de que un juicio tarde tanto. Hay actos y resoluciones que dejan mucho que desear”.

En febrero pasado, el titular de la dependencia estatal del trabajo hizo referencia que tan sólo este año se tendrán que pagar más de cuatro mil millones de pesos en asuntos laborales concluidos.

Explicó que algunas demandas laborales son manipuladas porque se observa que en algunos casos de municipios los demandantes lograron, seguramente en común acuerdo con autoridades anteriores, que les aumentaran el sueldo en forma desproporcional, que no se ve en esos niveles de gobierno, con altas prestaciones, por lo que las sentencias son con liquidaciones altas.

FRASE

"No lo podemos probar (que los ayuntamientos se dejen perder), pero tampoco lo podemos descartar, porque no somos ingenuos. Hay formas irregulares y oscuras en las que se dan los juicios "

Francisco Jiménez Reynoso

LA CIFRA

52 Días son los que tiene el Tribunal de Arbitraje y Escalafón para resolver un juicio laboral

2 Años dura en promedio el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en resolver juicios laborales

10 mil Juicios laborales se encuentran abiertos en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón

68 Funcionarios de base tiene actualmente el Tribunal de Arbitraje y Escalafón

302 Millones de pesos han perdido las instancias públicas más importantes del Estado en juicios laborales

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¿Quién es el culpable del aumento de recursos púbicos destinados a pagar laudos laborales? ¿Los municipios? ¿Los juzgados?

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