Un retroceso, reformas en transparencia: Amedi

GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2011).- La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), capítulo Jalisco, condenó el procedimiento bajo el cual el Congreso del Estado de Jalisco abrogó la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y, en su lugar, aprobó la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La Amedi expresa su preocupación por aspectos importantes del nuevo marco normativo del derecho a la información, dado a conocer por el Congreso del Estado el 9 de diciembre pasado.

Luego de leer la nueva Ley de Información, la Amedi hizo observaciones técnicas que hacen referencia a un retroceso en materia de derecho a la información, pues se elimina la palabra “transparencia” y en su lugar se coloca el concepto “información pública”.

“En las 213 páginas del dictamen aprobado por el Congreso no hay un sólo argumento que justifique por qué se abrogó la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y no simplemente reformarla”.

De acuerdo con la asociación, los legisladores eliminaron “la garantía del derecho fundamental de toda persona a conocer el proceso y la toma de decisiones públicas, así como acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información”.

Se elimina la obligatoriedad, destaca la Amedi, de los sujetos obligados de dejar testimonio de las discusiones entre los funcionarios públicos, y se infracciona a particulares por difundir o publicar información considerada como reservada.

La asociación criticó que el artículo 298 dice que se impondrán de “uno a cinco años de prisión” y multas a quien difunda pública y dolosamente información pública clasificada.

La Amedi afirmó que la nueva norma no cumple con el concepto de “progresividad” de los derechos humanos, establecido en el Artículo 1º de la Constitución Política de México.

Por todo lo anterior, la asociación exigió al gobernador del Estado, Emilio González Márquez, que no la publique y que el Congreso del Estado convoque a una discusión pública para construir una Ley de Transparencia democrática y que respete los derechos humanos de los jaliscienses.

EQUÍVOCOS
Observaciones

No existió consulta pública por parte del Congreso del Estado, ni se tomaron en cuenta las opiniones y experiencia de diversos sectores especializados en la materia, tales como académicos y organizaciones civiles expertas en el Derecho a la Información.

Los legisladores no se involucraron con el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei) en el proceso de redacción de la nueva ley.

La celeridad en la aprobación de esta ley, cuya discusión ni siquiera estaba prevista en el orden del día de la sesión del Congreso, viola los procedimientos legislativos.

Se consigna que el gobernador del Estado negoció la aprobación de la ley con los diputados, a cambio de ayudar al Congreso con recursos económicos para aliviar su crisis presupuestal que asciende a 200 millones de pesos.

El virtual desconocimiento de la ley aprobada por los diputados y la presunta negociación con el gobernador del estado, atentan contra la vida democrática del Estado, además de reducir a un simple intercambio de favores la aprobación de un andamiaje que regula y resguarda un derecho fundamental.