Policías reprobados podrían ser inspectores tapatíos

GUADALAJARA, JALISCO (26/NOV/2012).- Los elementos de la Policía de Guadalajara que no han resultado aptos en sus pruebas de confianza, podrían ser reubicados a otras áreas distintas del Gobierno municipal, para desempeñarse en tareas ajenas a la seguridad pública, como la Dirección de Inspección y Vigilancia o en responsabilidades dentro de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Esto se analiza, expuso el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, por su temor a que el cumplimiento cabal de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que ordena el cese de los oficiales reprobados, pudiera devenir en una gran cantidad de juicios en contra del Ayuntamiento.

"Estamos revisando de manera puntual qué elementos pueden pasar a desempeñar otro tipo de funciones que no necesariamente sean de policías, porque la ley establece que no pueden seguir siendo policías; dependiendo de qué tipo de examen no hayan pasado será también el tratamiento que daremos a cada uno de ellos".

El alcalde se refiere a los distintos exámenes que componen a una prueba de confianza: médico, sicológico, toxicológico, poligráfico y de entorno socioeconómico. La atención de los resultados que considera "ineludible", dijo, son los de tipo toxicológico y poligráfico, el primero, porque implica el consumo de sustancias ilegales por parte del oficial; el segundo, porque sirve para saber si tiene vínculos con la delincuencia organizada o común.

De ahí que hable de un tratamiento diferenciado para los reprobados, de acuerdo a los exámenes que no superaron. "Hay muchas (áreas) en el Ayuntamiento, desde Inspección hasta tareas operativas en los diferentes servicios que el municipio presta; concretamente Servicios Municipales requiere mucha gente; hay áreas de seguridad que no requieren elementos armados, la administración tiene opciones. Necesitamos ubicar a cada quien en su trabajo".

Esto se ha llevado a la práctica antes por el Ayuntamiento tapatío. Aún en la anterior gestión, quien fuera el director operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Daniel García, fue reubicado a la Secretaría de Justicia Municipal. La causa habría sido su resultado en la prueba de confianza, aunque nunca se confirmó oficialmente (el entonces alcalde, Francisco Ayón, llegó a decir que se trataba de información confidencial).

Recientemente el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) confirmó que no será posible concluir con la evaluación al 3 de enero de 2013 todo el universo policial en Jalisco, como lo prevé la legislación federal, pero se sabe que el 35% de los elementos examinados están obteniendo resultados negativos (cuatro mil 375 oficiales hasta ahora).

Si esta tendencia se aplica a Guadalajara, con una Policía de tres mil elementos, estaría expulsando a alrededor de mil 050 elementos. Dijo el alcalde:

"El deber ser nos dice que todos los que no pasen las pruebas de confianza hay que darlos de baja, y el ser nos lo marca la Ley del Trabajo y de la Administración Pública, cuando establece también derechos de los trabajadores. Estamos revisando cómo le hacemos para que, cumpliendo con una obligación que, además, es ineludible por parte de quienes tenemos una responsabilidad en el manejo de fuerza pública, tampoco incurramos en una responsabilidad de carácter administrativo dando de baja a elementos que mañana o pasado van a provocar una sanción desde el punto de vista laboral. No quisiera generar más laudos laborales que al final de cuenta le causan un gasto muy alto al erario público".

En Guadalajara apenas se ha evaluado integralmente a 294 elementos (9.8% de avance), de los cuales, 82 resultaron no aptos. "Estamos buscando la manera de conciliar la obligación con la posibilidad legal para que salgamos lo mejor liberados de todo esto. Creo que se tienen que hacer los ajustes legales que eviten que nos la pasemos en los tribunales; me parece que en materia administrativa hay que hacer una revisión a fondo desde el punto de vista de los derechos y obligaciones de los trabajadores para no generar ese gasto tan elevado que se está provocando por los juicios laborales".

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA