Nadar y no mojarse

Pocas cosas tan complicadas de administrar en una ciudad como los cambios de uso de suelo. La presión sobre el uso del suelo urbano es propio de una ciudad que crece y ques es económicamente activa. Es como llegar a los 60: si un día amaneces y no te duele nada, es que estás muerto. Lo mismo pasa con las ciudades. El día que el uso del suelo deje de ser un problema, es porque ya se murieron. El tema no es pues cómo acabar con esta presión propia del desarrollo urbano, sino cómo administrarla; cómo y con base en qué criterios se deben determinar los usos de suelo. A la velocidad a la que se desarrolla la ciudad, los planes parciales, que determinan qué si y qué no se puede hacer en un predio, siempre llegan con retaso. Nacen obsoletos.

El presidente municipal de Guadalajara está planteando que hará un comité ciudadano para resolver las poco más de ocho mil solicitudes de vocacionamiento que están atoradas en la burocracia tapatía. El alcalde Aristóteles Sandoval sabe bien que no resolverlo es echarse enemigos al seno: quienes solicitan cambios en el uso del suelo son por lo general los inversionistas inmobiliarios y los comerciantes; son los actores del desarrollo económico, los empresarios. Quienes se oponen son, por lo general, las asociaciones de vecinos, los grupos sociales organizados, los líderes de las colonias. De cara a una candidatura a gobernador, el alcalde necesita a ambos. No se puede dar el lujo de pelearse con unos o con otros, ni mucho menos que lo acusen de autorizar, en mecanismos de revisión, permisos que fueron negados en primera instancia. Hace muy pocos meses el PRI era oposición y mantuvo una actitud muy firme en contra de los cambios de uso de suelo y permisos otorgados mediante un mecanismo de revisión.

Esta es una de esas típicas situaciones en las que para donde se haga el alcalde, pierde. No hay manera de quedar bien con Dios y con el diablo (nomás no me pregunten, entre promotores y grupos vecinales, quién es quién). Plantear un comité ciudadano de revisión es una fórmula por demás populista para no tomar decisiones o para tomarlas por interpósita persona. Las autoridades son electas para aplicar la ley y para empujar las acciones que más convengan a una comunidad. La autoridad del presidente no es delegable. Sin duda puede consultar a quien quiera, pero a fin de cuentas es él quien debe tomar las decisiones y las debe tomar con base en la ley vigente. Por supuesto que no es fácil, pero no se puede echar a nadar y no mojarse.