Mando único policiaco, un modelo con historia

GUADALAJARA, JALISCO (16/FEB/2013).-  El modelo de un cuerpo de policía con mando unificado que el gobernador electo, Aristóteles Sandoval, propone para Jalisco, en concordancia con los planes del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto de crear una Gendarmería Nacional y un mando único a escala federal, ha sido utilizado desde hace tiempo en varios países con diferentes características estructurales, marcos jurídicos y coyunturas de seguridad. Algunos de estos cuerpos responden a un modelo de policía militarizada y están vinculados con las fuerzas armadas.

El Cuerpo de Carabineros de Chile es un ejemplo. Esta institución concentra las funciones destinadas a brindar seguridad a la población (acciones preventivas, acciones educativas, de mantenimiento del orden público, de control de tráfico y de apoyo a servicios de emergencia, entre otras). A diferencia del modelo propuesto para Jalisco, Chile cuenta con un segundo cuerpo de seguridad, la Policía de Investigaciones, con personal mayoritariamente no uniformado que se encarga de la indagación técnica de delitos.

Otro caso latinoamericano, quizá más aplicable como comparación a lo que se pretende en México, sobre todo por la amplitud de sus potestades, es el de la Policía Nacional de Colombia (PNC), que concentra funciones de seguridad ciudadana y rural, de investigación criminal, de inteligencia policial, de fuerza antinarcóticos, antisecuestro y de control de tráfico como un cuerpo único en todo el país. Los oficiales de la PNC no pueden votar ni ser votados en elecciones, y si llegan a cometer delitos son juzgados con base en la justicia militar, ante una corte marcial. Al ser un organismo plenamente federalizado, la PNC tiene presencia en cada uno de los departamentos y municipios del país. Su cadena de mando comienza con el Presidente de la República e involucra al Ministro de Defensa, el director general de la Policía, los directores regionales, así como los gobernadores y alcaldes de toda Colombia.

En Francia, pionera en la integración de los cuerpos de seguridad civiles y ejemplo fundamental para numerosos modelos de mando único a escala internacional, coexisten la Gendarmería Nacional, que se concentra en áreas urbanas de mediana y pequeña población y en áreas rurales, y la Policía Nacional (antiguamente conocida como la “Sûreté Nationale”), que se concentra en la seguridad preventiva, de mantenimiento del orden y de investigación criminal en las principales ciudades del país, y cuenta también con funciones de registro y control vehicular, así como de antiterrorismo, lucha antidroga e inteligencia. También existen en Francia algunas pequeñas policías municipales, pero sus funciones están restringidas al control de tráfico local y la notificación y gestión de asuntos municipales.

En días pasados, la embajadora de Francia en nuestro país, Elisabeth Beton-Delegué, informó que su gobierno brindará asesoría al de México para la instalación de una Gendarmería Nacional y que una primera misión de especialistas será enviada en las próximas semanas para asistir a la instalación del nuevo cuerpo y coordinar algunos de sus trabajos de capacitación y formación de cuadros.

AVALA POLICÍA ÉLITE

El alcalde de Tlajomulco, Ismael del Toro, dijo en entrevista que apoya la creación de una Policía de Élite para la Zona Metropolitana de Guadalajara, tema que incluso ya habían platicado otros alcaldes con el gobernador electo, Aristóteles Sandoval, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Este cuerpo de seguridad, dijo el primer edil, es para combatir los delitos de alto impacto y para su conformación cada municipio cederá a determinado número de policías, aunque de la cantidad de elementos aún no se ha hablado.

Así, las Policías municipales se dedicarían a la atención a los delitos de menor impacto. Ismael del Toro recordó que, luego de que varios elementos fueran dados de baja por reprobar los exámenes de confianza, los municipios se encuentran en periodo de contratación; sin embargo, no cree que deban buscar a más agentes una vez que aporten a los elementos necesarios para la conformación del cuerpo de élite.

Debido a que esta Policía propuesta se encargará de vigilar a todos los municipios de la metrópoli, afirmó que es una situación de “ganar-ganar”.

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Chihuahua es el ejemplo; Coahuila fracasa

Gobiernos estatales como Chihuahua y Durango han decidido fusionar a las policías operativas y ministeriales en fiscalías generales, con el propósito de tener una mayor coordinación. Sin embargo, Coahuila destaca porque en las últimas dos administraciones se han aplicado reformas que ponen en duda la efectividad de estos modelos de seguridad y procuración de justicia.

En 2009, el entonces gobernador Humberto Moreira fusionó a la Secretaría de Seguridad y a la Procuraduría en la Fiscalía General de Coahuila, pero el año pasado Rubén Moreira turnó otra iniciativa al Congreso local para regresar a las anteriores figuras.

Hoy, el mejor referente de lo que pretende el gobernador electo de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es la Fiscalía General de Chihuahua (aunque la Policía Vial no forma parte del modelo de la Entidad norteña).

A pesar del apoyo del Gobierno federal, Chihuahua se ubica entre las principales entidades con los mayores índices de inseguridad y violencia desde 2006. En el arranque de la administración de Felipe Calderón se lanzaron operativos militares y federales para tratar de abatir la inseguridad provocada por la disputa de los cárteles de Juárez (liderado por Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, hermano del difunto Amado Carrillo, “El señor de los cielos”) y Sinaloa (comandado por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”), respaldados por pandillas que operan como brazos armados, principalmente los “Aztecas”, “Mexicles”, “Artistas Asesinos”, “Sureños 13” y “Barrio 18”. Mientras las ejecuciones, secuestros, desapariciones y extorsiones mostraban una tendencia alcista, principalmente en Ciudad Juárez, las policías eran señaladas como aliadas de los grupos delincuenciales.

A la par del apoyo federal, el Gobierno del Estado impulsó en 2010 que el Congreso de Chihuahua fusionara a la Secretaría de Seguridad y a la Procuraduría de Justicia en una Fiscalía General. La nueva dependencia incluye siete fiscalías especializadas: Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, Control Análisis y Evaluación, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Investigación y Persecución del Delito, Seguridad Pública y Prevención del Delito, así como la Policía Estatal Única. En su momento, el fiscal general fue nombrado por el gobernador y sometido a la aprobación del Congreso del Estado.

El resumen es que Chihuahua persiste como una de las entidades más peligrosas del país. Aunque los indicadores de ejecuciones y delitos de alto impacto continúan altos, la autoridad federal y estatal reporta un desaceleramiento desde 2011.

En otros estados se ha propuesto la misma fusión de dependencias, pero la principal crítica al Gobierno correspondiente es la depuración de policías operativos y ministeriales (la certificación con cinco pruebas de control de confianza), que ordena la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde enero pasado.