Legislativo impugna ante tribunal deuda millonaria a proveedor

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2010).- El Poder Legislativo interpuso una demanda ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), en la que solicita la nulidad de los actos administrativos generados a partir del 2 de marzo de 2009, cuando la Comisión de Administración del Congreso —presidida por el entonces diputado Jorge Arana Arana— ordenó a la Secretaría General la contratación de los servicios de la empresa Consultores López Castro y Compañía, quien ahora exige el pago de 42 millones 961 mil 521 pesos.

La empresa fue contratada el 27 de marzo de 2009 por el entonces secretario general del Congreso, Alfredo Argüelles Basave (actual diputado local), quien fue instruido por la Comisión de Administración para suscribir el contrato. La compañía debía realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría de Hacienda, para la devolución del Impuesto sobre Producto del Trabajo que el Legislativo hubiera pagado en exceso a la dependencia federal entre 2006 y 2009.

Por ello, la empresa exige 40% de los impuestos que le serían regresados al Congreso, tomando como base el monto total de las devoluciones o compensaciones determinados por la propia Secretaría de Hacienda; es decir, 92 millones 600 mil 263 pesos.

Luis Antonio Rocha Santos, titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso, tramita ante el Tribunal la suspensión de la ejecución del contrato hasta que se resuelva la demanda. Apunta que el acuerdo del 2 de marzo de 2009 “es irregular”, con base en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado, pues la Comisión no estaba facultada para contratar y delegar a otro funcionario a nombre del Congreso.

La demanda hace referencia a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 144. Éste subraya que es el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios quien debió aprobar la contratación correspondiente, previo concurso, pues el monto a pagar sobrepasa los 266 mil 300 pesos (en el contrato existe una cláusula, la cual precisa que el monto mínimo a pagar sería de 28 millones de pesos más IVA). Agrega que los trabajadores del Congreso no se tomaron en cuenta para que una empresa privada tenga acceso a su información personal, como lo son sus percepciones.

Para saber

La presente Legislatura tiene una deuda con 27 proveedores, que asciende a 98 millones de pesos.
De acuerdo con el secretario general del Congreso, Carlos Corona, la deuda con Consultores López Castro y Compañía asciende a 35 millones de pesos; sin embargo, ayer se dio a conocer que la  empresa reclama 42 millones 961 mil 521 pesos.