Laudo definitivo por 30 millones de pesos

GUADALAJARA, JALISCO.- En 2007 el Ayuntamiento de Zapopan tuvo una oportunidad para convenir con los siete ex trabajadores demandantes y así evitar el laudo por 30 millones de pesos hoy definitivo; una oportunidad rechazada con amenazas, según estos, o infructífera, según la autoridad municipal.

Marco Antonio Hinojosa Espinosa, uno de los ex trabajadores que ganó la demanda por despido injustificado narra: “Venimos a la Sindicatura para decirles que queríamos llegar a un convenio. Sabíamos que había salido la confirmación de la sentencia, pero todavía no éramos notificados. Tratamos de hablar con el síndico (Ricardo Anguiano Apodaca) y nos atendió el licenciado Uribe (Francisco Uribe Tapia, director de Coordinación de Sindicatura) y nos dijo que no nos iba a pagar ni un quinto, que nos iba a meter a la cárcel porque estábamos falseando la información, que nosotros no éramos empleados y que no teníamos derecho a nada”.

Y continúa: “Dijo que iba a comunicarse con la licenciada (Verónica Elizabeth Cuevas García, hoy magistrada del Tribunal de Arbitraje y Escalafón), porque con ella salía más barato arreglarse que con nosotros”, refiriéndose a la posibilidad legal de llegar a un convenio para elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado.

En ese entonces Cuevas García era defensora de los ex trabajadores y directora jurídica de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Jalisco, organización que la designaría como magistrada de ese tribunal el 1 de julio de 2007. El laudo confirmado del que habla fue emitido desde 2004.

Uribe Tapia señala que asistió a la reunión por instrucción del síndico y que se efectuó por “petición amable” del regidor César Gabriel Alfaro Anguiano, en su presencia y en su oficina. “Hice precisamente una propuesta (para convenir)…creo que era válido un 60 ó 50% sobre las cantidades estratosféricas que ahora se dan a conocer. No fue aceptada, les pareció muy bajo, les pareció que el Ayuntamiento debía pagar prácticamente todo. En términos de la falta de flexibilidad quiero decir que fue la primera conversación, que no cerramos la posibilidad de seguir platicando, pero ya no hubo oportunidad, al menos no conmigo”.

Sobre la amenaza dijo: “Rechazo rotundamente la amenaza, me da tristeza que en un acercamiento con la autoridad y además estando presente un testigo de la calidad del regidor Alfaro digan que yo amenacé. El regidor no lo hubiera permitido si fuera yo capaz de hacerlo”.

Y añadió “Dije que si era necesario iniciar otros procedimientos u otros medios de defensa a partir de los antecedentes que encontramos, llegando incluso a una denuncia penal si hubiese falsificación en los datos, el Ayuntamiento tendría que actuar, pero una situación de derecho no es una amenaza, es una situación de obligación de la autoridad”.

Se le cuestionó si considera que la fallida negociación pudiera traerle implicaciones por responsabilidad patrimonial ahora que se deben pagar los 30 millones de pesos: “Yo no seguí adelante con la negociación en primer término porque ellos no se acercaron conmigo; segundo, la responsabilidad patrimonial solo procede en la actuación irregular de la autoridad; tercero, la posibilidad de convenir no es una obligación, es una alternativa y como tal creo haberla agotado”.

200 mil pesos de sueldo

El laudo ordena la creación de plazas para los ex trabajadores y que se les pague el 60% de lo que recaude el Ayuntamiento por concepto de gastos de cobranza en el impuesto predial y repartirlo entre los siete. Hinojosa Espinosa contempla que los salarios de cada uno rondarán los 200 mil pesos mensuales.

Uribe Tapia opinó: “Sería una cuestión de reflexión para la autoridad jurisdiccional que resolvió (Tribunal de Arbitraje y Escalafón), y para el Estado si los municipios vamos a ser presas de una resolución que formalmente está dictada de forma correcta, pero que sustancialmente no estudia lo necesario como haber autorizado o suponer que un ejecutor fiscal ganaba 200 mil pesos mensuales. Creo que hay cosas que el sentido común aconseja no hacer ni siquiera aclaraciones”.