Investigación sobre el auditor concluye que no hay anomalías

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2011).- El director jurídico del Congreso, Antonio Rocha Santos, concluyó la investigación referente a los pagos presuntamente irregulares que recibió el auditor superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo, por casi 10 millones de pesos ajenos a su sueldo.

Para el líder de los legisladores panistas, José María Martínez, con o sin investigación, el titular del máximo órgano fiscalizador debe reintegrar dichos recursos: “El PAN tiene clara su posición y nunca hemos esperado las conclusiones del director jurídico. Estamos claros de que lo que ocurrió con el auditor es completamente ilegal, la manera en que obtuvo el recurso adicional a su sueldo, lo mejor es que de una vez lo regrese”.

El coordinador de los diputados del PRD, Raúl Vargas, consideró que la opción de pedirle al auditor que reintegre el dinero no es viable, pues él “no lo solicitó (el dinero) y sostengo que tiene como fundamento un acto jurídico de la Comisión de Administración”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Roberto Marrufo, señaló que en la próxima sesión podría presentarse el documento para el conocimiento de los diputados y para regresar el tema, una vez más, a la Comisión de Vigilancia.

El documento contiene 29 hojas, fue remitido por la Dirección Jurídica a la Junta de Coordinación Política y no advierte irregularidad o ilegalidad en los pagos. Se sustenta en el acuerdo que signó la Comisión de Administración de la 57 Legislatura y que refrendaron los diputados de la 58 Legislatura, en el que se garantizaban los derechos de los trabajadores de entonces, incluidos salarios y prestaciones.

“Se concluye que no es jurídicamente procedente iniciar algún tipo de procedimiento de responsabilidad de servidores públicos en contra del funcionario, ya que en tales acuerdos internos se sustenta la procedencia del pago al servidor público antes mencionado (el auditor)”.

De esta manera, al auditor no se le puede acusar de obtener recursos de manera ilícita. Sin embargo, trascendió que los coordinadores parlamentarios podrían buscar una salida “más política que jurídica”; e incluso, que podrían solicitarle que presente su renuncia en los próximos días.