Insisten en la obligación de comprar formas valoradas al Congreso

GUADALAJARA, JALISCO (11/AGO/2010).- El Gobierno del Estado no tiene “ninguna justificación” para no comprarle formas valoradas al Congreso del Estado, aseveró el presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas López.

“No existen vacíos legales, hay vacíos legales en su ignorancia y en la limitación que tienen sobre el conocimiento. Si el decreto de 2009 fue vetado, el que está en vigencia es el de 2008, eso lo sabe cualquier pasante de derecho. No veo dónde está el vacío legal”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció que existió una omisión y durante los últimos dos años no se han incluido en la Ley de Ingresos los costos de las formas valoradas —durante 2009, el Gobierno estatal vetó este documento—; sin embargo, aclaró que existen normas legales que refieren que cuando ello ocurre, se debe tomar como parámetro la última Ley de Ingresos publicada, esto es la del año 2008.

El Gobierno lleva dos años sin comprarle al Poder Legislativo su papelería oficial. A decir del diputado local, en caso de haber realizado una licitación para que una empresa externa elabore la papelería, el Ejecutivo estaría incurriendo en un delito.

Para corroborar su dicho, el perredista dio a conocer que existe una jurisprudencia determinada por la Suprema Corte de Justicia que dice:

“Aún cuando las leyes de ingresos, tanto de la Federación como de los estados, deben ser aprobadas anualmente por el Congreso o las legislaturas, esto no significa que las contribuciones establecidas en las leyes fiscales relativas tengan vigencia anual, ya que las leyes de ingresos no constituyen sino un catálogo de gravámenes tributarios”.

También sustenta su dicho en lo que refiere al artículo 51 de la Ley de Fiscalización: “Las entidades fiscalizadas deberán adquirir las formas valoradas y recibos para cobros de ingresos ante el Congreso y previo pago de derechos”.

No se descarta que la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) a petición del Congreso, no le acepte al Ejecutivo la documentación relativa a las cuentas públicas 2009 y 2010, “pues no cuentan con documentos oficiales que sustenten sus ingresos”.