Especialistas critican relación de transportistas con autoridades

GUADALAJARA, JALISCO.- Los pactos obtenidos de los líderes del transporte con el Gobierno del Estado para beneficiar sus intereses económicos en detrimento de los bolsillos de la población, son para especialistas en movilidad urbana, ejemplo de la falta de transparencia que impera en el sistema de concesiones, y en el peor de los casos “la corrupción con las autoridades”.

Por lo menos así lo señalaron, Alfredo Rico Chávez, coordinador de la carrera de sociología en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y José de Jesús Arreola Chávez, del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD).

De acuerdo con Rico Chávez, los mecanismos de negociación entre los transportistas y autoridades “cada que buscan un incremento a la tarifa, están teñidos de acciones sospechosas que derivan en medidas que más que mejorar el mecanismos de regulación estatal, parecen de índole electoral”.

En este sentido, lamentó que no exista en los portales de la administración pública estatal, un mapeo o sistema de ventanilla que permita a la población, saber quiénes son los propietarios de las concesiones del transporte público, y de qué manera las utilizan.
Para Rico Chávez, en la medida en que esto no sea garantizado por la Secretaría de Vialidad y Transporte (SVyT), la población tiene el derecho de “dudar” cuando se pretende tener un incremento por la fuerza, y negarse a pagar por un servicio, que no ha cumplido con los compromisos pactados por los propios transportistas para ser mejorado.

Por su parte, José de Jesús Arreola Chávez, especialista en urbanismo por el CUAAD, recordó que el rezago que tiene el Gobierno del Estado en materia de transporte público, es de 30 años, y que la apuesta que debió seguir en su momento, fue la de proyectar más líneas de tren ligero, “sistema que no está concesionado, y opera de manera bastante eficiente”.

De a cuerdo con el investigador del CUAAD, en distintos países del mundo, el transporte público es un bien de primera necesidad que el gobierno suministra a la población; y reconoció que si bien en la mayoría de los casos se opera a través de concesiones, señaló que éstas se otorgan con un carácter más estricto, y se busca “ante todo privilegiar la movilidad urbana pensando en primer lugar en la ciudadanía, y no en los empresarios”.