El Congreso consiente a partidos

GUADALAJARA, JALISCO (11/FEB/2014).- Jalisco y el Distrito Federal son de las entidades que destinan más recursos para el financiamiento de partidos políticos. En México, las leyes estipulan que estas prerrogativas anuales deben asignarse mediante una fórmula: se multiplica un porcentaje del salario mínimo por el total de personas registradas en los padrones electorales. Así se establecen estos presupuestos, pero en Jalisco y Distrito Federal consienten de más a sus partidos y mantienen desde 2008 los mayores porcentajes.

Ambas entidades multiplican 65% del salario mínimo diario por el padrón electoral, cuando Veracruz sólo considera 20 por ciento. Puebla y Estado de México mantienen menores tasas: 35% y 40% del salario mínimo. Lo anterior tiene una mejor explicación en pesos: en 2013 se realizaron elecciones en Veracruz y asignaron 127.2 millones a sus partidos, mientras en Jalisco se repartieron 208.1 millones de pesos; sin embargo, aquí no hubo comicios. Ambas entidades tienen una población similar y el factor de esa diferencia millonaria es precisamente ese elevado porcentaje de la fórmula.

¿Quiénes son responsables de otorgar tales financiamientos? En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco surge una propuesta técnica, que es avalada por el Gobierno de Jalisco y se aprueba, finalmente, en el Congreso.

En agosto pasado, líderes parlamentarios coincidieron en reducir las prerrogativas, como Miguel Castro ( PRI) y Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano). En esa fecha, el presidente estatal priista, Hugo Contreras, propuso bajarlas a la mitad, pero no dio respuesta a una nueva solicitud de entrevista. La semana pasada, su homólogo de MC, Hugo Luna, reconoció que el gasto es excesivo, mientras el dirigente panista Miguel Ángel Monraz, evitó fijar su posición. Al final, todo quedó en discurso: el financiamiento se incrementó a 215.8 millones de pesos este año.

Joaquín Antonio Portilla, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso, subraya: “El diputado Héctor Pizano y un servidor presentamos (en mayo) una iniciativa, y la propuesta fue que se multiplique por 35% del salario mínimo (no por 65%). Esto representaría 100 millones de pesos menos”. El obstáculo fue que hubo “otras prioridades” y “se frenó por el tema de la reforma política-electoral (federal)...”.

Nuevo León es ejemplo de austeridad y entrega el menor financiamiento: en la fórmula no sólo considera una tasa baja de 20% por el salario mínimo sino que la multiplica por la lista nominal de electorales (que tienen oportunidad real de votar) y no por el padrón (que contiene a todos los inscritos en el registro federal de electores).