Diputados, sin acuerdos para ''limpia'' en Congreso

GUADALAJARA, JALISCO (09/ENE/2012).- Entre los coordinadores parlamentarios del Poder Legislativo existe coincidencia y “voluntad política” para reducir la nómina antes del 15 de enero en al menos 300 plazas. Pero ahora resulta que no se ponen de acuerdo para cumplir con el compromiso porque cada diputado contrató a su personal de confianza y precisamente estos trabajadores son los abocados a quedar fuera de nómina.

Según reconocieron varios legisladores locales, desde que inició la actual Legislatura (febrero de 2010) se aprobó dar a cada diputado 105 mil pesos para la contratación de su equipo más cercano. Si bien los diputados nunca administraron ese recurso, sí se abrió la posibilidad de que cada uno emitiera una “lista de personal” con salarios de 10 a 15 mil pesos, con contratos que se renovaban cada tres meses bajo el esquema de supernumerarios.

Estas personas, en la mayoría de los casos, trabajan cerca de los legisladores y por eso les resulta complicado presentar una lista final de personal para no renovar, en definitiva, los contratos de al menos 300 supernumerarios.

Las versiones de varios legisladores apuntan al compromiso de no recortar a esta gente “recomendada y contratada con estos 105 mil pesos por diputado”. Pero deben cumplir el acuerdo de reducción de la nómina y quizá no alcancen las cifras para dar de baja a los 300 trabajadores, según el objetivo original, y lograr ahorros por 200 millones de pesos en nómina antes de que acabe enero.

Desde que comenzó esta Legislatura se acordó el mecanismo, afirman, para no heredar personal a los diputados que vengan después, y eso refleja que parte del problema de la actual nómina obesa sí esté relacionado con contrataciones de los actuales diputados y no, como aseguraron siempre, que todo sea culpa de las “plazas heredadas” por los anteriores.

Quien más enérgicamente ha cuestionado la medida que se anunció como oficial, es el coordinador de los diputados del PAN, Gustavo Macías, quien asegura que en el listado de 300 que, en teoría quedarán fuera del Congreso a partir del 15 de enero, figuran muchos de los trabajadores de confianza que “sí trabajan”.