Derechos Humanos pide cierre de basurero en Puerto Vallarta

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió ayer dos recomendaciones, dirigidas ambas al Ayuntamiento de Puerto Vallarta. En una de éstas, la undécima del año, se determinó que “por la violación de los derechos humanos a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud y a la vivienda digna, así como de los derechos de los niños”, el presidente municipal vallartense, Javier Bravo Carbajal, debe “clausurar de manera inmediata y ordenar el cierre y abandono del vertedero El Magisterio”.

En la presentación del documento, el ombudsman Felipe Álvarez Cibrián señaló que “el basurero carece de un sistema eficiente de control y manejo de biogás y lixiviados, y no cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003”, por lo que pidió al alcalde que “inicie el rescate, rehabilitación, restauración y preservación del ecosistema, así como la promoción de la salud ambiental que mejore la calidad de vida de la población cercana, controlando y atenuando la contaminación para recuperar la habitabilidad de la zona”.

Desde agosto de 2004 se inició oficiosamente la investigación sobre las condiciones de cómo opera el basurero municipal asentado en la colonia El Magisterio. De las indagatorias de la CEDHJ se desprende que “no había ningún control sobre el jugo de la basura y el gas que se produce por la descomposición de los desechos, lo cual generaba un riesgo para la salud y la seguridad de los vecinos del lugar”. Encima, los escurrimientos de lixiviados contaminaban el área natural protegida y la zona de conservación ecológica conocida como estero El Salado.

La autoridad municipal, por medio de Servicios Públicos Municipales, sostenía que los desechos depositados en el basurero eran “tratados adecuadamente” y que sobre el manejo del lixiviado y el biogás se realizaban “estudios técnicos para determinar la mejor alternativa”, pero no se cumplió con ello.

Por otra parte, en la décima recomendación de 2008, el presidente de la CEDHJ se dirigió también al alcalde vallartense para que “ordene y garantice que ni en la zona conocida como Ribera de El Pitillal ni en lugares cercanos a zonas habitacionales se realicen actos masivos que afecten los derechos humanos de los vecinos”.
Informó que en abril de 2006 la CEDHJ admitió una queja a favor de los habitantes del fraccionamiento en contra del entonces presidente municipal de Puerto Vallarta, por las constantes violaciones de los reglamentos municipales en cuanto a la aplicación de sanciones y suspensión de los bailes que cada 15 días tienen que soportar los vecinos por el alto volumen de la música.

Además, se argumentó que el lugar donde se realizan es un área de donación otorgada por los fraccionadores, pero las autoridades le conceden su explotación a terceros.

“La Comisión constató que desde las 3:00 horas los motores de los tráileres inician con el ruido, luego se instala el escenario y se escucha el golpeteo para el ensamble de las piezas. Aproximadamente a la una de la tarde se escucha música ambiental con el volumen demasiado alto y las vialidades de las colonias se ven seriamente afectadas”.