Dan sanciones mínimas a funcionarios opacos

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2014).- Aunque la Ley de Transparencia de Jalisco establece penas como la inhabilitación por al menos tres años, multas por mil días de salario mínimo (67 mil pesos) y arresto administrativo de hasta 36 horas para los funcionarios que vulneren el derecho ciudadano de acceder a la información pública, hasta ahora los castigos han sido mucho más blandos.

La legislación permite al Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado (Itei) emitir sanciones en dos casos: como respuesta a la queja de algún ciudadano que no recibió los datos que solicitó o como medida de apremio cuando el funcionario incumple una resolución del organismo.

Pero hasta abril sólo se habían emitido dos sanciones del primer tipo, por tres mil 028 pesos cada una, mientras que del segundo escenario han sido 16 amonestaciones públicas y siete multas por apenas mil 345 pesos.

La tendencia es la misma que el año pasado, cuando por los recursos de los ciudadanos resultaron 23 resoluciones, 20 de las cuales incluyeron sanciones para 32 servidores públicos, con multas desde 605 pesos hasta un máximo —en dos casos— de seis mil 057 pesos. Como medidas de apremio, emitieron 38 amonestaciones y cinco multas por mil 295 pesos.

A esto hay que agregar el caso de la presidenta municipal de San Martín de Hidalgo, Juana Ceballos, quien en abril pasó 12 horas de arresto por esconder información fundamental.

Para José Bautista, coordinador del Programa de Empoderamiento y Conflictividad Social del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO, las sanciones son el eslabón más débil de la Ley de Transparencia: “Te castigan más si andas briago”, comparó: la actual Ley de Movilidad estipula multas de entre nueve mil y 12 mil pesos a quienes manejen un auto con un nivel de alcohol por encima de lo permitido.

Tanto el consejero del Itei Francisco González como la presidenta del instituto, Cynthia Patricia Cantero, señalaron que las sanciones han sido bajas porque la misma ley —que entró en vigor el 8 de agosto de 2013— indica que deben ser graduales y dependen del análisis de si hubo la intención de incumplir, se actuó con dolo o hubo reincidencia.

Lo importante, dijo la presidenta, es que se ha garantizado la entrega de la información. “¿De qué valdría estar sancionando todo el tiempo si al final el ciudadano no obtiene su información?”.

En contraste, el ex presidente del Itei y actual regidor de Zapopan, Augusto Valencia, afirmó que la actual ley implica un retroceso porque judicializa el acceso a la información —al permitir que los funcionarios sancionados se defiendan en el Tribunal de lo Administrativo del Estado— y, de esta manera, inhibe el interés de los ciudadanos.