Bajo presión, Derechos Humanos pide parar obras de Presa El Zapotillo

GUADALAJARA, JALISCO.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) pide al Gobernador Emilio González Márquez que haga lo necesario para suspender las obras de la presa El Zapotillo, que busque un proyecto alternativo, que detenga el hostigamiento a los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para que vendan sus fincas, y que haga una consulta en la que se incluya a todos los actores.

Así lo define el organismo en la recomendación 35 de este año, que se hizo pública ayer a través de un comunicado de prensa, después de que el Comité Salvemos Temacapulín hizo un “enérgico llamado” para que el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, diera a conocer el documento que la Tercera Visitaduría concluyó desde el 31 de diciembre de 2009. Se solicitó que informaran la razón del retraso (a pesar de que iniciaron trabajos en El Zapotillo en diciembre, sin contar con las autorizaciones correspondientes), pero Álvarez Cibrián no dio entrevista ni explicación.

La CEDHJ argumenta que intentó en múltiples ocasiones convencer –“sin éxito” – a las autoridades estatales para que tomaran en cuenta a los afectados por la presa, pues quedarían bajo las aguas sus edificaciones con valor histórico y antropológico, y su memoria, “con lo que se afectarían sus derechos a la democracia, a la identidad como comunidades y los colectivos como poblaciones organizadas. Por si fuera poco, el proyecto se efectúa sin contar con los elementos técnicos, jurídicos y científicos adecuados para medir el impacto antropológico, social y ambiental que se provocaría”.

La investigación de la Tercera Visitaduría evidencia que se comenzó la construcción de El Zapotillo pasando por alto el marco normativo para cualquier obra pública e incumpliendo la obligación de proporcionar información verídica, suficiente y oportuna; y que no existe ningún decreto que determine que la construcción de la presa debe ser en el predio El Zapotillo.

En las inconsistencias legales, citan lo ya evidenciado por organizaciones sociales, como que no hay autorización para la modificación del uso de suelo, dictamen de impacto ambiental, adquisición protocolizada y registrada de los predios que serán afectados, autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y la obra no esté armonizada con los planes de desarrollo urbano y zonificación.

Afectaciones a las poblaciones

Documentaron que por la amenaza de expropiación, disminuyeron los servicios municipales en las poblaciones afectadas, las fincas dejaron de recibir mantenimiento, el empedrado y el panteón están deteriorados, la reposición de las luminarias de alumbrado público es deficiente, hay escasez de medicamentos en el centro de salud e incluso las oficinas de la delegación municipal carecen de lo indispensable. “En síntesis, se vive un ambiente de abandono que agrava la depreciación de sus propiedades”.

Asimismo, hubo daños ambientales en 70 hectáreas, donde se detectó desmonte, compactación y excavación del terreno en donde se pretende construir la presa.
Una de las evidencias más importantes es que han aumentado las enfermedades crónicodegenerativas y respiratorias, los casos de ansiedad, depresión y agresividad vinculados con el estrés.

“Las autoridades no han tenido la capacidad de presentar proyectos alternativos que atiendan el suministro de agua en la región de Los Altos y el Bajío guanajuatense, lo cual causa sufrimiento emocional a los vecinos de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y afecta su salud física y mental al no actuar con respeto a los derechos humanos”.

La CEDHJ recomienda otros puntos al Gobernador Emilio González Márquez, como que cumpla los requerido por la recomendación relativa a la contaminación en el Río Santiago, que en todo proyecto se proporcione información en cuanto a las afectaciones a las comunidades y que acuda a las poblaciones para “determinar medidas que permitan resarcir las afectaciones sufridas”. También hay recomendaciones para los Congresos del Estado y de la Unión, el Senado y más de 30 ayuntamientos.

En particular, a Mexticacán y Cañadas de Obregón piden que no se otorgue autorización, licencia o permiso para efectuar edificaciones que impliquen afectaciones a sus habitantes.

Para saber

·     En agosto de 2007, la CEDHJ inició de oficio un acta de investigación a partir de notas publicadas en diarios locales en relación con la construcción de la Presa El Zapotillo, y en noviembre admitieron más de 300 quejas.

·     El embalse está proyectado en terrenos que pertenecen a las comunidades de Acasico (Mexticacán) y de Temacapulín y Palmarejo (Cañadas de Obregón).

·     Las violaciones de los derechos humanos son: legalidad y seguridad jurídica, propiedad, vivienda digna, trabajo, preservación del ambiente, patrimonio común de la humanidad y al desarrollo, vinculadas a las acciones y omisiones de las autoridades en torno al proyecto de construcción.