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Jalisco | La SEJ deberá garantizar la educación pluricultural a niños con discapacidades

Avalan reforma de ‘educación incluyente’

La SEJ deberá garantizar la educación pluricultural a niños con discapacidades
Otra de las obligaciones es que en todos los actos públicos gubernamentales se cuente con intérpretes de señas. NTX / ARCHIVO

Otra de las obligaciones es que en todos los actos públicos gubernamentales se cuente con intérpretes de señas. NTX / ARCHIVO

GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2017).- Para establecer la obligación que garantizar el derecho de las personas sordas a recibir clases en el lenguaje de señas mexicanas en escuelas públicas, los diputados aprobaron reformas a la Ley estatal para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Se enuncia que la Secretaría de Educación debe garantizar la educación pluricultural que facilite a las personas ciegas, sordos, niños y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial; el desarrollo y uso de la lengua escrita. Además, se pide a la dependencia garantizar la educación bilingüe bicultural, desde la educación inicial, a través de la lengua de señas. También se especifica que se tendrán que desarrollar programas de capacitación para padres, cuidadores y tutores, para que se enseñe y promueva el lenguaje de señas mexicanas.  

Otra de las obligaciones es que en todos los actos públicos gubernamentales se cuente con intérpretes de señas, al igual que en las dependencias que presten servicios públicos. Se tendrán que establecer las bases para certificar a los intérpretes de señas.

El acuerdo aprobado no especifica las previsiones presupuestales o dónde saldrán los recursos necesarios para aplicar las nuevas disposiciones.

Kumamoto reclama registro obligatorio para migrantes

Aunque existe una acción constitucional promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra el registro de migrantes considerado en la Ley estatal de Protección y Atención de Migrantes, el pleno del Congreso del Estado descartó modificar el artículo cuarto de la ley, donde se obliga al registro. El diputado independiente Pedro Kumamoto, que votó en contra del dictamen, tronó en contra de la decisión de la mayoría. Argumentó que considerar la identificación obligatoria criminaliza a los migrante y atenta contra sus derechos. El legislador subrayó que la petición de la CNDH era que se eliminara el registro, calificó como endebles los argumentos incluidos en el acuerdo para mantenerlo.

“La reforma que se vota es completamente indigna e inconstitucional, porque vuelve obligatorio el registro de las personas migrantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha planteado que esto va en contra de la libertad, de la protección de datos personales, a la intimidad, al tránsito, a la seguridad y certidumbre jurídica. Nos quejamos de Trump, pero aquí estamos haciendo lo propio. Este Congreso manda un mensaje nada solidario para las personas migrantes que pasan por nuestro país”, aseveró el diputado independiente.

Kumamoto Aguilar advirtió que una ley así no garantiza el respeto a las personas migrantes, ni sus derechos. El tema se aprobó con los votos de los diputados del PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PRD. Los diputados del PAN se abstuvieron y Kumamoto votó en contra. El tema se avaló con estrechamiento de términos en la sesión del Poder Legislativo de este martes.  

La acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH contra la ley ya fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y está en revisión.
Piden informe sobre software espía

Por unanimidad, el pleno del Congreso aprobó solicitar al Gobierno del Estado un informe sobre la adquisición y operación del software utilizado, presuntamente para labores de espionaje. Servicios contratados con la empresa italiana Hacking Team.

El punto presentado por el diputado de Movimiento Ciudadano Alejandro Hermosillo González, avalado por unanimidad, pide a los titulares de las secretarías y dependencias involucradas en la adquisición y operación de servicios en materia de espionaje y vigilancia, que detallen los criterios y marcos normativos bajo los cuales se han usado. Se especifica que en caso de que el informe no resuelva las dudas de los diputados, se solicitará abrir mesas de trabajo para que los funcionarios involucrados en el tema comparezcan.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS

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