Alcalde de Tlajomulco dice que Procurador debe rendir cuentas

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (12/DIC/2011).- El amparo que se le concedió al ex tesorero de Tlajomulco, Carlos Romero Chavez, para impedir su captura, es prueba fehaciente de que existe una “red de complicidades” en la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial, que demanda explicación pública, según el presidente de Tlajomulco de Zúñiga, Enrique Alfaro Ramírez.

El primer edil de ese municipio invitó al primer fiscal, Tomás Coronado Olmos, y al grupo de jueces que “se prestan a marrullerías” a que den cara a la sociedad y expliquen su actuar.

Molesto, el primer edil refirió lo anterior luego de que se notificara al Ayuntamiento de dicho amparo, concedido el pasado 4 de noviembre por el juez Francisco Martín Hernández Zaragoza. Ante esta determinación judicial, ya el municipio tramitó un recurso de inconformidad, pues se busca que el ex funcionario “quede tras las rejas”.

“Tomás coronado debe una explicación pública de qué es lo que está pasando; creo que dos años después (de presentadas las denuncias penales) ya es momento de preguntarle si van algún día a decir por qué no actúan. Esa es la realidad”.

Instó a ambas partes a hacer su labor de procuración e impartición de justicia, pues la tarea que se ha realizado hasta el momento en el caso Romero Chávez sólo prueba que “el sistema está diseñado para proteger a delincuentes”.

“Las preguntas que nos hacemos son: ¿Cuándo en este Estado un funcionario que se roba el dinero del pueblo va a parar en la cárcel?; ¿Las otras siete denuncias para cuándo se desahogan? Vamos a aguantar, a pesar de que notamos un intento sistemático por mandar este asunto al cajón del olvido, nosotros no lo vamos a olvidar porque aquí hay una afrenta al pueblo de Tlajomulco”.

Lamentó que del 30 de mayo al 4 de noviembre la Policía Investigadora tuviera la oportunidad de llevar a prisión, por primera vez en la historia de Jalisco, a un funcionario que “hurtó” al pueblo, y la oportunidad se perdiera.

Consignó, además, que no se trata de un asunto político solamente entre el Ayuntamiento que encabeza y la administración anterior, sino que hubo resoluciones resueltas por parte del Congreso (cuentas públicas), el Poder Judicial y la propia fiscalía estatal, donde la labor del Ministerio Público permitió girar la orden de aprehensión contra el ex tesorero.

EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA