Tribunal pone en duda referendo en Bolivia

LA PAZ,BOLIVIA.- Una sorpresiva resolución de la única integrante del Tribunal Constitucional de Bolivia que aún queda en funciones puso en duda el martes la celebración de un referendo revocatorio de mandatos, pero el gobierno de Evo Morales aseguró que nada puede frenar la consulta electoral.

Al admitir una demanda de inconstitucionalidad, la magistrada Silvia Salame -sobreviviente de una crisis que dejó al Tribunal Constitucional sin quórum para funcionar- ordenó a la Corte Nacional Electoral que suspenda el proceso revocatorio, reportaron medios locales.

"En consecuencia se comunica a la Corte Electoral que no puede continuar con el referendo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no" de la consulta, dijo la magistrada en la noche del martes, según fue citada por las cadenas radiales Fides y Erbol.

El Gobierno, a través del ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, calificó a la resolución como "un acto fuera de la ley" y señaló que el Tribunal Constitucional necesita tener al menos tres de sus cinco miembros para tomar cualquier decisión, incluso para admitir demandas.

Salame arguyó que sólo había emitido un decreto admitiendo la demanda contra el referendo presentada por el diputado opositor derechista Arturo Murillo, sin pronunciarse sobre el fondo del proceso.

"Lo único que he hecho es emitir un decreto donde se recogió toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en casos similares(...) lo que puedo decir es que no deben seguir los referendos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie", dijo la magistrada.

En inmediata respuesta, el ministro Arce afirmó que una sola magistrada no tiene "potestad jurisdiccional" para tomar resoluciones a nombre del máximo tribunal. "El Tribunal Constitucional, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, funciona con un quórum mínimo de tres miembros", afirmó Arce en conferencia de prensa.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, acotó que la magistrada Salame podría ser procesada por prevaricato, o dictar resoluciones contra las leyes, por algo que calificó como "actitud de servilismo político".

Agregó que el referendo revocatorio "está amparado por una ley dictada por el Congreso y sancionada por el Ejecutivo y, por tanto, plenamente vigente, que sólo puede ser frenada por otra ley".

En el referendo, Morales pondrá en juego su reforma de línea indigenista-socialista a la vez que buscará la caída de algunos de los prefectos regionales opositores que han bloqueado su gestión gubernamental con demandas de autonomías regionales.