Piden a ONU y OEA verificar derechos humanos de índigenas en Guatemala

GUATEMALA, GUATEMALA (10/MAY/2012).- Una organización maya solicitó hoy a la ONU y a la OEA verificar la situación de los derechos humanos en el pueblo indígena guatemalteco de Santa Cruz Barillas, bajo estado de sitio desde el pasado 1º de mayo tras registrase violentos incidentes que dejaron un muerto y dos heridos de bala.

En rueda de prensa, dirigentes de la organización Convergencia Nacional Maya Wakib' Kej solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) verificar la situación en el lugar, donde hay presencia militar y policial.

Uno de los dirigentes de la organización indígena, José Sic, denunció que varias familias han huido hacia las montañas por temor a ser capturados y maltratados por las fuerzas de seguridad.

Aseguró que al menos tres líderes comunitarios, que no identificó, huyeron hacia la frontera con México con el fin de evitar ser detenidos.

En un comunicado distribuido a los periodistas, la organización maya exhortó a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) verificar y garantizar el respeto a los derechos humanos y la situación en la que está ahora la población.

Un representante de la OACNUDH en Guatemala, Andrés Sánchez, se encuentra de visita en Santa Cruz Barillas, a 415 kilómetros al noroeste de la capital, para verificar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El gobierno del presidente Otto Pérez Molina implantó el pasado 1º de mayo y durante 30 días el estado de sitio en esa población, debido a violentos disturbios que se registraron en la comunidad en protesta por el asesinato de un líder comunitario y heridas de bala a otros dos.

El crimen fue atribuido a agentes de seguridad privada de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la española Hidralia Energía S.A., que construye una hidroeléctrica en ese lugar y la cual ha rechazado las acusaciones.

Hasta hoy las autoridades aún no dan a conocer resultados de las investigaciones sobre el asesinato de Andrés Francisco Miguel, cuya muerte detonó las protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica.

Las autoridades han detenido a 17 personas acusadas de haber liderado las protestas, que llegaron hasta el cuartel del ejército, ubicado en Santa Cruz Barillas, lo que el presidente consideró como una violación a la propiedad privada y militar.

Durante una visita que hizo a Santa Cruz Barillas el pasado martes, Pérez aseguró que se respetan los derechos humanos y que en la medida que se restablezca la gobernabilidad en el lugar se podría levantar el estado de sitio