Esclavas sexuales sufren por criminalización

MADRID, ESPAÑA (11/JUL/2010).- Sólo se sabe de ella que estaba embarazada de casi tres meses de un cliente que le prohibió usar preservativo, que nació en Nigeria y que había viajado a España con un sueño: lograr una vida mejor. Tener un trabajo digno que le permitiera salir de la pobreza y poder mandar dinero a su familia.

Le prometieron que lo lograría cuidando niños, ancianos o limpiando casas. Pero desde que llegó a Madrid fue secuestrada, vejada, violada, golpeada y amenazada por una red de trata de personas que la obligó a trabajar de prostituta hasta 21 días al mes (sólo descansaba cuando tenía el periodo), y a atender entre 10 y 15 clientes por noche, muchos de los cuales la maltrataron. Todo ello bajo la amenaza de asesinar a su familia en su país natal.

Un día la Policía hizo una redada en el burdel en el que trabajaba y sus captores fueron detenidos. A ella la llevaron a la comisaría a testificar y luego a un centro de internamiento. Pese a ser víctima de una red de trata de personas, se le consideró culpable. Su delito: estar de manera ilegal en España. A los pocos días fue expulsada sin que a la abogada de la organización no gubernamental que llevaba su caso le diera tiempo de paralizar el proceso.

Esta mujer fue una de las mil 301 esclavas sexuales que la Policía logró poner en libertad en España gracias al Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha hace un año.

Las mil 301 eran extranjeras y de ellas, la mitad se encontraban en situación irregular. Según cifras aportadas por el Ministerio de Igualdad, de 650 sólo tres lograron que se paralizara su expediente de expulsión mediante un periodo de reflexión de un mes, que recoge el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería. Las demás fueron devueltas a sus países.

Es decir, en lugar de ser consideradas víctimas del tráfico de seres humanos se les acusó de ser indocumentadas y se les expulsó a lugares como Colombia, Nigeria, Rumania, Ucrania y Tailandia, donde seguramente cayeron de nuevo en manos de las redes de la trata. Un lucrativo negocio que, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), mueve tres mil millones de dólares anuales.

“El problema —explica en entrevista el fiscal Joaquín Sánchez—, es que pese a que son dos delitos distintos se está confundiendo el delito de tráfico de seres humanos con el de inmigración clandestina. Y a muchas mujeres se les acusa de haber violado el paso de fronteras y se les expulsa, y no se tiene en cuenta si han sido explotadas sexualmente o no”.

El fiscal relata que hasta hace muy poco había un vacío legal, porque en España no estaba contemplado el delito de la trata. Ahora sí, aunque todavía no ha entrado en vigor. Se trata del artículo 177 bis del Código Penal, donde se establecen las penas.

Cuando las mujeres son detenidas, quien tiene que identificar si han sido explotadas sexualmente o no son los Policías que las interrogan, y quienes muchas no están capacitados ni tienen la formación ni la sensibilidad para averiguar si una mujer que ejerce la prostitución lo está haciendo voluntariamente, o porque le han obligado a ello.

A esto se une el hecho de que ellas no son capaces de explicar qué les ha ocurrido. “A veces sufren el síndrome de Estocolmo y ven a sus captores como sus salvadores y a la Policía como sus enemigos”, explica José Nieto, inspector jefe de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificaciones Documentales de la Policía Nacional (UCRIF).

“Creen que los policías españoles son malos y corruptos como ocurre en algunos países, y que lo único que quieren es expulsarlas”, añade. Nieto muestra su preocupación porque las secuestradas cada vez son más jóvenes: “Hemos detectado que cada vez hay más menores”.

Víctimas invisibles

Viviana Waisman, directora ejecutiva de la ONG Women’s Link, una organización integrada en la Red Española contra la Trata de Personas, habla de la invisibilidad de la víctima.

“Existe un plan de lucha contra la trata de seres humanos, pero la realidad es que existe una desprotección hacia las víctimas por la falta de implantación del marco de derechos humanos”. Waisman cuenta que cuando una mujer es interrogada “muchas veces no sabe ni dónde está. Además de no hablar el idioma, hay que tener en cuenta que seguramente ha pasado mucho tiempo siendo obligada a prostituirse, golpeada, violada y viviendo en condiciones infrahumanas”, explica.

“Por eso, cuando un policía la interroga no se atreve a denunciar a sus captores, tiene miedo; ella y su familia han vivido amenazadas mucho tiempo así que no se atreve a testificar en contra de ellos”, añade.

“Hay que saber detectar a la víctima, quitarle el miedo, ayudarla y darle asesoramiento jurídico. Muchas veces no entienden el idioma, no saben dónde están, ni quienes son sus captores ni dónde viven, y ni siquiera las ONG logramos que tengan confianza en nosotras”.

Waisman también explica que en ocasiones el policía que la interroga, y que es el que decide si es una víctima de una red de trata o una prostituta en situación ilegal, no está lo suficientemente preparado para dilucidar.

Tampoco los jueces colaboran lo que deberían. Abogados consultados reconocen que durante los interrogatorios muchas veces se escuchan preguntas a la víctima como ¿la violaban todos los días? ¿Cuántas veces fue violada? ¿Cuándo fue la última vez que la violaron? Y denuncian que aunque las víctimas son testigos protegidos, la información sobre ellas se queda encima de la mesa, a la vista de quien pase delante. Además, en ocasiones se ven obligadas a testificar enfrente del abogado del proxeneta.

En lo que todos coinciden es en que tendría que haber un equipo de rescate que estableciera la separación de la víctima. Olvidarse de que es una testigo y llevar a cabo la investigación al margen de ella. Hay que ser conscientes de que debe ser recuperada psicológicamente hablando, y para ello necesita un periodo de reflexión que evite que sea expulsada.

Pasado un tiempo estará preparada para testificar y su primer testimonio será fundamental porque si es completo es muy posible que se gane el juicio, pero si ni, la defensa del proxeneta dirá que no es válido, que la ha variado y que está mintiendo.

Si se pierde el juicio, la víctima pasará a ser declarada culpable y expulsada a su país, donde podría caer de nuevos en manos de una red de trata de personas, el tercer negocio más lucrativo del mundo después del comercio de armas y del tráfico de drogas.

CLAVES
Plan de liberación

1 Fue aprobado el 12 de diciembre de 2008 por el Grupo Interministerial de Coordinación conformado por 11 ministerios, que colaboraron en el plan.

2 Contempla 62 medidas repartidas en cinco áreas de intervención: medidas de sensibilización, prevención e investigación; medidas de educación y formación, medidas de asistencia y protección a las víctimas, medidas legislativas y medidas de coordinación y cooperación.

3 En 2009 hubo mil 301 víctimas, de ellas 443 fueron víctimas de trata y 858 de explotación sexual.

4 De acuerdo con el primer informe anual, la mayoría de las víctimas son mujeres (95%) y la mitad tienen entre 23 y 32 años, aunque hay 13 menores de edad.

5  En 2009 la Policía y la Guardia Civil detuvieron a 726 personas, 412 por delitos de explotación sexual y 314 por trata.

6 Se creó un fondo de dos millones de euros para la protección y ayuda social a las víctimas.

FUENTE: Ministerio de Igualdad.