Detenciones en la frontera, las más bajas de la década

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (13/DIC/2011).- El uso de la tecnología de punta tanto en los puertos de entrada en las fronteras como en las zonas más apartadas, así como el incremento en el número de agentes fronterizos ha sido fundamental para que la detención de inmigrantes sea el más bajo de la década, enfatizó Alan D. Bersin, Comisionado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien incluyó la crisis económica entre las causas del descenso.

De acuerdo con cifras de la agencia federal, durante el año fiscal 2011 (finalizó el 30 de septiembre) fueron detenidos 340 mil 252 inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México, 53% menos que en el año fiscal 2008 y una quinta parte de los 1.6 millones de detenidos en el año 2000.

Por estados, en Arizona se detuvo a 129 mil 118 indocumentados, 41% menos que en el año fiscal anterior, en Texas a 118 mil 911, en Nuevo México, a seis mil 910, y en California a 72 mil 638.

El número de detenciones en Arizona, uno de los corredores más importantes en el cruce de drogas y de indocumentados a lo largo de la frontera con México, es el más bajo de los últimos 17 años.

Durante el año fiscal 2011 se decomisaron en Arizona 544.800 kilos de narcóticos y se aseguraron 13.3 millones de dólares en efectivo.

Bersin aseguró que la tecnología de punta ha sido parte importante de esta disminución.

Durante el año fiscal 2011 los aviones no tripulados que vigilan la frontera desde California hasta Texas acumularon más de cuatro mil 400 horas de vuelo, un incremento de 75% respecto al año pasado.

El número de agentes fronterizos se elevó a 21 mil 444, con la incorporación de 886 nuevos en el año fiscal.

Bersin afirmó: “Estamos en una nueva era de cooperación, donde ya no existe el apuntar dedos sobre las drogas cruzando hacia el norte y las armas al sur”.

El comisionado reconoció que un factor que influye en que menos personas traten de cruzar la frontera de manera ilegal es la crisis económica que enfrenta el país, la cual ha disminuido drásticamente la oportunidad de empleo para las personas sin papeles en Estados Unidos.

Estos datos salen a relucir en momentos en que la tensión vuelve a poner los ojos en Arizona, luego de que la Suprema Corte estadounidense anunció que examinará la controvertida Ley SB 1070, que criminalizó por primera vez la inmigración ilegal en un Estado y que ha sido parcialmente suspendida por la justicia.

La Corte emitirá una sentencia durante la actual sesión judicial, que termina en junio de 2012, informó una portavoz.

La gobernadora de Arizona, Janet Brewer, aplaudió la decisión de la Suprema Corte de Justicia ya que había solicitado en agosto pasado su intervención para que eliminara la suspensión impuesta por una juez federal a las más importantes disposiciones de la SB 1070, que ha impedido a Arizona aplicar el estatuto como fue diseñado.

FRENTE A FRENTE
Atribuciones en disputa

"Arizona no puede pretender que quiere ‘cooperar’ con el Gobierno federal y al mismo tiempo continuar con su propia estrategia de rechazo a las políticas y  prioridades federales "
Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Nuestro Estado gasta centenares de millones de dólares al año encarcelando a extranjeros criminales y dando educación y servicios a individuos que residen en este país violando nuestras leyes "
Jan Brewer,
gobernadora de Arizona.

LA CIFRA
Los indocumentados

400 mil extranjeros sin papeles viven en Arizona, de los 11 millones de ilegales que hay en toda la Unión Americana.

TELÓN DE FONDO
Tiempos difíciles para ser ilegal en Estados Unidos

En abril de 2010 fue promulgada la Ley SB 1070 y rápidamente provocó polémica porque exigía, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que la Policía estatal detuviera a las personas sospechosas de no tener los papeles en regla.

El Gobierno del presidente Barack Obama de inmediato apeló ante un tribunal federal la norma, que inspiró leyes semejantes en Carolina del Sur, Utah,  Georgia, Indiana y Alabama. Este último Estado aprobó una ley aún más dura que niega el acceso al agua y electricidad a aquellas personas que no puedan demostrar su residencia legal.

Los asuntos migratorios son prerrogativa federal en Estados Unidos, pero los defensores de esas leyes argumentan que los Estados tienen derecho a detener a los indocumentados en su territorio para luego traspasarlos a las agencias encargadas de su deportación. Las manifestaciones en contra no han dado respiro en dichos estados, buscando la inconstitucionalidad de esas normas estatales.

Presentan acuerdo
Debaten migración en Iowa

DENVER.- Representantes de organizaciones comunitarias, religiosas, de fuerzas del orden y agencias del Gobierno estadounidense anuncian hoy la firma de un documento con cinco principios para guiar el debate sobre inmigración en el Estado de Iowa.

El denominado Acuerdo de Iowa se basa en un documento similar firmado en noviembre de 2010 en Utah, que organizaciones y personas de ese Estado habían desarrollado durante varios meses de conversaciones con la meta de modificar el tono y la retórica empleados en el debate migratorio local.

Según la información provista por la Coalición de Iowa de Educación sobre Inmigración (IIEC, en inglés), más de 20 empresarios, legisladores, policías y líderes religiosos ya han firmado el acuerdo y se espera que otros lo hagan luego del anuncio oficial a realizarse hoy.

El Acuerdo de Iowa, según IIEC, “envía un fuerte mensaje a Washington indicando que sigue creciendo el respaldo a favor de una reforma migratoria y que ahora es el momento de actuar”.

El primero de los cinco elementos del Acuerdo de Iowa es afirmar que la solución al problema migratorio debe provenir del Gobierno federal y no de gobiernos estatales.

En este punto, los documentos de Iowa y de Utah son similares, pero el de Iowa agrega que si los estados o jurisdicciones locales desean adoptar políticas con respecto a inmigración, esas leyes no deben infringir legislaciones federales ni restringir los derechos que la Constitución del país otorga a los ciudadanos de Iowa.

Los acuerdos de Utah y de Iowa también coinciden en que se deben respetar la unidad familiar, las necesidades económicas de los estados y la diversidad social y cultural.